domingo, 26 de septiembre de 2010

Onus probandi

Un viejo aforismo de Derecho expresa que "lo normal se presume, lo anormal se prueba". Y el “onus probandi” se manifiesta en el Derecho civil, en el tributario, en el penal, en el laboral y en el procesal. Ignacio Gil Lázaro, diputado del Partido Popular y contertuliano habitual de “El gato al agua” ha hecho unas declaraciones a un medio afín a su manera de pensar indignas de un representante político de los ciudadanos. El señor Gil señala que “el Gobierno tiene que acreditar que no negocia con los terroristas”. ¿Está seguro? Este diputado, licenciado en Derecho, todavía está en la creencia de que el acusado es el que debe probar su inocencia. Es, más o menos, como si yo denuncio en comisaría a un peatón que pasa por la calle por considerar que, por tener cara de “malo”, ha podido asaltar un banco. Que yo sepa, la carga de la prueba está en el denunciante, nunca en el denunciado. Su obsesión sobre el “caso Faisán”, (como sucede con la ofuscación machacante de Mayor Oreja con respecto a las negociaciones del Gobierno con ETA) le hace ver gigantes donde sólo existen molinos de viento: “Yo he dicho en el pleno, ante el señor ministro del Interior y el presidente del Gobierno, y reitero hoy que desde un punto de vista político, ellos dos son las X del Faisán”. El señor Gil manifiesta a renglón seguido que” en todo caso, el Faisán es probablemente la mayor traición cometida contra el Estado de derecho, el imperio de la ley, contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contra las víctimas y contra toda la sociedad española”. Por muy aforado que sea la condición del señor Gil, no tiene ningún derecho a acusar sin pruebas a los miembros del Gobierno. El Fiscal General del Estado, a mi entender, debería actuar de oficio ante las recientes declaraciones de este diputado valenciano al medio propiedad de Julio Ariza Irigoyen. Por cierto, el 27 de febrero de este mismo año, en el programa en “La Mañana del fin de semana”, de la COPE, el señor Gil aseguraba tajante que los responsables políticos del chivatazo de ETA eran el presidente del Gobierno y el ministro del Interior. Meses más tarde, o sea, ahora, la mancha de la “sospecha” ya cubre a todo el Gobierno. Vamos, como sucede con las manchas de aceite, con los incendios forestales, o con el avance imparable del mejillón cebra.

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