miércoles, 4 de enero de 2012

Orzuelos o defectos del paisaje


A propósito de la partida que el Estado reserva anualmente al sostenimiento de la Casa Real, Antonio Orejudo comenta en “Público” lo siguiente: “Me da igual el presupuesto de otras casas reales europeas. Para juzgar si el sueldo de nuestro primer funcionario es justo no hay que compararlo con el que tiene la reina de Inglaterra (cuya familia por cierto está más fiscalizada que la Borbón), sino con nuestro salario mínimo o con el sueldo de nuestros funcionarios del grupo A. La diferencia entre uno y otro es la que va de un país demócrata a otro que todavía conserva en el tuétano de sus huesos legislativos la esencia no sé si del franquismo o de la economía feudal”. A propósito del “caso Urdangarín”, que tiene más bemoles que las teclas de un piano, la prensa de la derecha carga sus tintas sobre tan vergonzosa situación dejando al margen de esos presuntos “feos asuntos” a su mujer, la infanta Cristina; quien, por lo visto, firmaba documentos sin saber lo que firmaba. Raro. Y uno se pregunta sin encontrar respuesta sobre la razón por la que no se impute, como el juez ha hecho con Iñaki Urdangarín, a su mujer. Si no me equivoco, la hija del rey declaraba en su renta el 50% de una de las empresas de la trama. Esa empresa, según la investigación judicial, fue una de las que más se benefició del presunto desvío fondos públicos entre el 2005 y 2006 bajo la presidencia del duque de Palma. Pero, inexplicablemente para el común de los ciudadanos, el juez no ha visto indicios de que la infanta Cristina esté implicada por la presunta trama de corrupción empresarial. Como ciudadano de a pie de un Estado de Derecho no acierto a entender la miopía demostrada por ese funcionario público, por muy togado que sea, cuya obligación no es otra distinta que la de administrar justicia. Resulta curioso, por otro lado, que ni el juez ni la Fiscalía deseen imputar a la hija del rey, manteniendo que no pertenece al “círculo cerrado de toma de decisiones” del Instituto Nóos. Esa inexplicable decisión judicial, a mi entender, atenta contra la inteligencia. Una cosa son los errores en el enfoque visual, que para su corrección ya existen lentes apropiadas, y otra cosa es que los orzuelos se confundan con los defectos del paisaje. Aquí, cuando la crisis económica se está llevando por delante hasta la dignidad de familias enteras, se impone la cordura. No se pueden ni se deben eludir responsabilidades ni es el momento oportuno para sentarse en butaca de patio para ver sobre el escenario “La dama boba”, de Lope de Vega. El ciudadano sufriente demanda sensatez, además de un Derecho equitativo, universal, consuetudinario y progresivo.

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