Me parece un delito el envío de
paquetes-bomba dentro de consoladores tanto al arzobispo de Pamplona-Tudela
como al director de un colegio de los “Legionarios de Cristo” en Madrid. Se
puede estar en desacuerdo con el proceder de determinados obispos y así lo he
manifestado en mis dos últimos trabajos de opinión. Así, ayer, cuestionaba lo que el obispo de Alcalá de
Henares entiende como “contubernio” entre determinados organismos (ONU, UNESCO,
Banco Mundial, etcétera) para reducir la población mundial con el extendido uso
del aborto y su legalización por ley en determinados casos. Y hoy me he visto
en la obligación de volver a la carga al sentirme indignado con Jesús Murgui,
obispo de Orihuela-Alicante, por “justificar” desde el Obispado que el
cura-párroco de Monforte del Cid (Alicante) no permita asistir a la catequesis ni desee
administrarle su primera comunión a una niña
de esa localidad por el hecho de sufrir el síndrome de Lennox-Gastaut,
al no comprender la niña, según entiende el Obispado, el sentido de recibir ese
sacramento. Ambas posturas, la de Reig Pla y la de Murgui, se me antojan fuera
de lugar en un Estado de Derecho: la del obispo de Alcalá de Henares por ver
gigantes donde sólo hay molinos de viento; y la del Obispado de
Orihuela-Alicante por discriminatoria y absurda. Pues bien, ello no quiere
decir que no deba respetar al arzobispo de Pamplona-Tudela, Francisco Pérez
González. Me parece una indignidad que un grupúsculo de descerebrados
anarquistas cometan tales vilezas. Por cierto, el paquete que iba dirigido al
docente le explosionó a una empleada de Correos y le causó heridas. Ni estamos
en los tiempos de Mateo Morral ni deseo mal alguno como consecuencia de
actuaciones incontroladas de grupos agitadores. El Estado merece respeto. La Iglesia, también. Y al
Gobierno lo pueden cambiar los ciudadanos, cuando así lo deseen, por medio
de las urnas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario