Derroche autonómico

Esas cosas pasan cuando un  partido político, el PP, para poder gobernar una Comunidad necesita la ayuda de otro partido, en este caso el PAR que es una charnela que chirría en todas las puertas. En este caso es Luisa Fernanda Rudi la que está en manos de José Ángel Biel. Y éste, Biel, que ya exigió en su día presidir las Cortes de Aragón, reclama a la presidencia de la DGA 46 millones de euros (el 1% de los Presupuestos) para las comarcas, otro invento de este hombre, que pretendió y hasta consiguió hacer un Plan de Comarcalización para Aragón como si esta región necesitase una división territorial a pequeña escala como la que se hizo en España en 1833 por parte de Javier de Burgos a instancias de Francisco Cea Bermúdez, líder de un gobierno que sólo duró tres meses. Entonces, Javier de Burgos  no tuvo que exprimirse mucho la sesera. Dejó todo como ya estaba antes, o sea, en 1822, aunque suprimiendo las provincias de Calatayud, Bierzo (que entonces se escribía con uve), Cartagena y Játiva. En Aragón, por el Decreto Legislativo 1/2006 de 27 de diciembre, se aprobó un texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. El resultado fue que cada comarca tenía un municipio en el que se establecía su capitalidad. Y en esas capitalidades fue donde comenzó el “mangoneo” de traspasos económicos, los medios materiales y los escudos y banderas, por  el Decreto 355/2002 de 19 de noviembre. Ya teníamos el Aragón vertebrado, pero con un monstruoso esqueleto hecho conforme a  los deseos de Biel y del Partido Aragonés, y mediante unas leyes que habían comenzado con la Ley 9/2000 de 27 de diciembre, por la que se creaba la Comarca del Aranda, y se terminaba con la Ley 13/2003 de 24 de marzo con la creación de la Comarca del Jiloca. Total, 32 leyes para 32 comarcas, con sus correspondientes edificios, sueldos y coches en cada una de sus cabeceras destinados a determinados ciudadanos de “la cuerda” colocados a dedo, o al estilo con el que se llevaron a cabo las direcciones de las empresas públicas, muchas de ellas sin actividad. Y ahora, cuando no hay dinero para Sanidad, Educación y Servicios Sociales, el Gobierno de Aragón, en boca del consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, reconoce que “es complicado ajustar los 46 millones de euros que reclama el PAR para “política municipal y otras materias”, sin aclarar muy bien para qué se quiere disponer de ese dinero. Ni Biel lo explica ni los ciudadanos lo entendemos. Aragón es una Comunidad Autónoma en la que los parlamentarios, cada vez que deben ir al Palacio de la Aljafería cobran abultadas dietas aunque tengan su residencia fijada en Zaragoza. ¿Alguien conoce mayor desfachatez?