No todo vale

En España, desde que gobierna el Partido Popular, todos son recortes para los ciudadanos. Se recortaron salarios y pensiones y ahora se pretenden recortar las libertades de expresión y de manifestación. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que el Ministerio del Interior elevará al Consejo de Ministros, me recuerda mucho al oscuro periodo de la Dictadura de Primo de Rivera, que allanó el camino hacia la Segunda República. La historia siempre se repite. Las “revoluciones hechas desde arriba” sin contar con la ciudadanía sólo pueden conducir a situaciones no deseables. ¿Acaso Fernández Díaz  no ha leído nada  sobre Antonio Maura? Porque una “revolución hecha desde arriba”, como pretendió Maura, condujo a la Semana Trágica de Barcelona en 1909. Pero Antonio Maura, todo sea dicho, poco antes de aquel 13 de septiembre de 1923 desaconsejó a Alfonso XIII el establecimiento de cualquier régimen autoritario. El rey no le hizo ni caso y así le fue en 1931. A mi entender,  a España no se la puede “poner en orden” mediante una pretendida Ley de Seguridad Ciudadana que no tiene como fin amparar a los ciudadanos sino evitar que se produzcan escraches a cargos públicos para sortearles la vergüenza que tales actos les producen, si es que la tienen. La Ley de Seguridad Ciudadana será una farsa si lo que trata de evitar es que se escalen edificios públicos o iglesias, porque si el escalador se cae al suelo y se hace puré no hay ley humana que se anteponga a la Ley de la Gravedad. Si la Ley de Seguridad Ciudadana trata de evitar, como parece, ofensas a las comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones ya vamos mal. ¿Qué otras instituciones? Si las Autonomías derrochan el dinero público en actividades millonarias extravagantes que no benefician en nada a los ciudadanos (y por asociación de ideas estoy pensando en la Comunidad Valenciana), se puede protestar y, también, llamar chorizos a sus responsables. Y si llamar chorizos a unos impresentables es una ofensa, que venga Dios y lo vea. Si los sindicatos (y estoy pensando en UGT), se gastan el dinero de los ERE en mariscadas mientras los responsables de la Junta de Andalucía se pone de perfil, los ciudadanos andaluces tienen todo el derecho del mundo a llamarles sinvergüenzas, etc. Una cosa es gobernar y otra muy distinta llegar a presidir el Gobierno de España, como hace Rajoy,  incumpliendo todas las promesas electorales. Una cosa es, también, mantener el orden público y otra muy distinta recortar la libertad de expresión y de manifestación de los españoles. Ni somos ovejas ni necesitamos perro pastor en el rebaño. Porque se empieza haciendo un baremo de faltas leves, graves y muy graves al  subjetivo criterio del ministro del Interior de turno, en este caso de Fernández Díaz, y se termina proponiendo la patada en la puerta, como pretendió el ministro socialista Corcuera. Procurar, como pretende Fernández Díaz, que los ciudadanos seamos sumisos a los dislates de este Gobierno; y que, ante algunas injusticias frías y calculadas que se proyectan en el BOE, nos quedemos en casa mirando por la ventana, es síntoma claro de pecar de ignorancia. La paciencia tiene un límite. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen el deber de proteger a los ciudadanos. No están para trasladar “papelitos” con los DNI de los ciudadanos “traviesos” a las Delegaciones del Gobierno, para que los responsables de esas Delegaciones impongan severas multas, como hacían los “lameculos” en los colegios de frailes. La seguridad de un país debe comenzar porque el Estado asegure el bienestar de los ciudadanos, cosa que aquí no acontece. Seis millones de desempleados y casi tres millones de pobres de solemnidad son datos que el ministro del Interior, en rigor, no me puede cuestionar. Recordando a Francisco de Quevedo, desde aquí le apunto al ministro  Jorge Fernández Díaz: “No he de callar por mas que con el dedo, / ya tocando la boca o ya la frente, / silencio avises o amenaces miedo”.