lunes, 31 de marzo de 2014

También la Justicia merece dignidad





Me parece  una medida importante que Luis Oliver, máximo accionista del Real Betis Balompié desde que éste le comprase en 2010 las acciones a Ruiz de Lopera, haya sido condenado por la Audiencia de Sevilla a pagar una multa de 4.500 euros por llamar “nazi” y “loca” a la juez  Mercedes Alaya, encargada de la investigación de un  presunto delito societario en ese club deportivo relacionado con aquella compra accionarial en la que existió una también presunta falsedad documental. Y ello ocurrió el 26 de octubre de 2010 en Utrera y ante las cámaras de televisión. Si bien el pasado viernes escribía que la Policía merece dignidad y que no se debe tolerar de ninguna de las maneras que unos  incontrolados, que no tienen nada que perder, estén dispuestos a tumbar policías a pedradas, como se vio recientemente en Madrid, pido ahora la misma dignidad y respeto para jueces, fiscales y secretarios judiciales. La libertad de expresión, contemplada en el artículo 20 de la Constitución, tiene sus límites en el apartado 4 de ese artículo. Luis Oliver tomó el relevo a Pedro Pacheco en el Jerez C.D. en 1997. Pedro Pacheco, por si alguien no lo recuerda, fue el que dijo en 1985 que “el clamor hoy en Jerez es que la Justicia es un cachondeo”. Y todo por un enfrentamiento entre la Gerencia de Urbanismo y Bertín Osborne por un chalé de su propiedad y la, para Pacheco, supuesta “connivencia y complacencia” entre los abogados del cantante y los jueces sevillanos en la evitación de su derribo; y que en 2013 fue condenado por la Audiencia de Cádiz a 4 años y medio de prisión como autor de un delito continuado de prevaricación “en concurso medial, con un delito continuado de malversación de caudales públicos” y a la inhabilitación de 8 años para empleo o cargo público y suspensión del derecho de sufragio durante el tiempo de condena. Intentar tumbar a las Fuerzas del Orden a pedradas o atentar contra la dignidad de los jueces, todo ello en pleno ejercicio de sus funciones, merecen el reproche ciudadano en un Estado de Derecho.

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