La ruina de Gallardón

Me sorprende que  Alberto Ruiz-Gallardón cuente que no llega a fin de mes. Su puesto vitalicio como miembro del Consejo Consultivo de Madrid, al que accedió nada más dejar su escaño como diputado y su ejercicio como ministro de Justicia (dicho sea de paso, el peor ministro de Justicia de la democracia), le supone ingresar en torno a 8.500 euros brutos mensuales, equivalentes a 5.500 euros netos,  por asistir únicamente a una reunión semanal.  En su declaración en la Cámara Baja al ser elegido diputado consta que disponía, dinero aparte, de un piso y dos garajes en Madrid, una vivienda unifamiliar en Nerja, dos coches y dos motos. Gallardón, que llegó a alcalde en 2003 y ganó tres veces la Alcaldía por mayoría absoluta (la última sólo estuvo unos meses), se hizo cargo de la deuda del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano, de 1.455 millones de euros. “Gallardón utilizó desde el mismo momento de su llegada al Ayuntamiento de Madrid --según cuenta Ana Tudela Flores en su blog latle.com-- la misma fórmula que había usado siendo presidente de la Comunidad de Madrid, es decir, crear empresas propiedad del ayuntamiento en las que iría alojando la deuda sin sumarla a la de la administración pública que recibiese. Por ejemplo creó Mintra, la empresa para ampliar el metro. Para el soterramiento de la M-30 se pidió un préstamo récord de 2.500 millones de euros. Dicho préstamo lo entregaron sin pestañear Societe Generale, Dexia y Caja Madrid, se hizo creando una empresa mixta, Madrid Calle 30, en la que participaría la iniciativa privada. ¿Cómo? Con un 20% del capital de Madrid Calle 30 aportado por un préstamo y encargándose del mantenimiento de la vía de circunvalación de Madrid durante 35 años.  Las adjudicatarias, Ferrovial y ACS, blindaban un ingreso por 35 años por un servicio a una administración pública. ¿Para qué la empresa pública-privada? Básicamente para gestionar el pago de la deuda asumida y pagar un canon anual a las socias privadas que, cuando finalice el acuerdo, habrá superado los 7.000 millones de euros”. Cuando Gallardón se marchó de la Alcaldía para ser ministro (se podía haber hecho monje budista, que a Madrid le hubiera ido mejor) a finales de 2011, la deuda recogida por el B.de E. era de 6.348 millones, o sea,  336’% más. Sólo el soterramiento de la M-30 costó 3.000 millones; la sede de la nueva Alcaldía en el Palacio de Cibeles superó los 525 millones (400 el coste del edificio y 125 las obras de remodelación); y el incremento de los gastos de funcionarios en el periodo 2004-2010 supuso un 47 % de aumento. A todo ello habría que añadirle el coste total  de los “cargos de confianza”, que eran legión. Hubo otros gastos excéntricos, verbigracia: los 500.000 euros (entre guías, folletos, pitos y flautas) destinados a promocionar la zona comercial tras la remodelación de calle de Serrano, etc. En pocas palabras: Madrid no volverá hasta 2023 a los niveles de deuda que tenía antes de la llegada de Gallardón y de Ana Botella. Hay que devolver 4.363 millones y pagar otros 1.600 millones de intereses. Y eso es lo único que entienden los madrileños.