En su artículo de hoy en El Correo de Andalucía, Manuel
Bohórquez se pregunta: “¿Para qué leches querría Cifuentes un máster en un país donde le dan el Premio Nacional de Flamencología a un
indocumentado, a mí, con menos
papeles que una liebre y sin saber cantar, bailar o tocar la guitarra?”. Un día
de estos, seguro, pedirán ser titulado en algo, no sabemos en qué, para poder
pedir limosna en la puerta de las iglesias, o para ser mozo de almacén en la tétrica
nave de un polígono industrial. Aquí pronto sucederá como en el bar El Brillante, que vende bocadillos de
calamares en Madrid, frente a la Estación de Atocha: si se le añade mayonesa,
suplemento; si se le añade salsa picante, suplemento… O sea, si usted es mozo
de almacén pero tiene título de carretillero, un plus en la nómina; si es simpático
con los mandos intermedios, otro plus; si sabe esperanto, también. Es decir,
que si cumple alguno de esos requisitos, en vez de ganar 735'9 euros mensuales brutos,
puede llegar a ganar 740'8, con lo que puede terminar el mes con más desahogo. Yo
no sé para qué quería Cristina Cifuentes poseer un máster de 600 horas lectivas y
presenciales (jueves y viernes por la tarde y sábados por la mañana) mientras
era delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. En aquel curso se habían
inscrito 21 alumnos. Al parecer, según cuenta hoy Eldiario.es, ninguno de ellos la vio asomar por las aulas. No
entraré en lo de los “dos notables en diferido” o si existió el delito de
falsedad de documentos públicos, que esa es harina de otro costal. Pero lo
cierto es que Cifuentes terminó el máster con cinco sobresalientes en la
Universidad Juan Carlos I en el curso académico 2011/12. Según informa ese diario digital, las tres
doctoras que evaluaron a Cifuentes forman parte del claustro de la URJC cuando
el reglamento de este centro exige que un miembro del tribunal sea profesor de
otra universidad o un experto para garantizar la imparcialidad”. De ser cierto
lo que apunta ese diario, Cifuentes debería dimitir de su cargo de presidenta
de la Comunidad de Madrid de forma inmediata. Cosa distinta son las posibles
responsabilidades a que hubiera lugar. De momento, trece asociaciones de
estudiantes han denunciado ante la Fiscalía Superior de Madrid la presunta
manipulación de su expediente académico. ¡Qué vergüenza!
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