... o de una canonización pendiente

 

 

Aunque ya casi nadie lo recuerde de él, Joaquín Gutiérrez Cano fue nombrado en 1974 ministro de Planificación del Desarrollo con el gobierno de Arias Navarro tras el asesinato de Carrero Blanco y dejó su puesto al poco de la muerte del dictador ferrolano. También fue, entre otras muchas cosas, socio fundador de la ‘Fundación Nacional Francisco Franco’, procurador en Cortes, secretario del grupo español de la Unión Interparlamentaria, consejero permanente y presidente de la Sección del Consejo de Economía Nacional, consejero del Instituto de Estudios Fiscales, consejero del Banco de España y del Banco de Crédito Industrial. Estuvo casado con María Isabel Vallejo Zaldo, fue padre de cuatro hijas y abuelo de tres nietos. ¿Y por qué cuento ahora todo eso?, se preguntará el lector. Pues verá, le respondo. Acabo de descubrir la web ‘francosanto.es’ en la que hay una página redactada por un grupo nostálgico y ultra católico a cuyo frente se halla Pilar Gutiérrez Vallejo (una de las hijas de aquel ministro franquista) que impulsa una causa dirigida a la canonización de Franco. Entre las pruebas en las que apoyan el expediente de canonización atribuyen  dos “milagros” del Caudillo de España por la gracia de Dios: la curación de un gato al que se le rompió el rabo;  y el hecho de que le tocase 100 euros en la lotería nacional a una mujer desempleada. Hombre, lo de la lotería no pasó de una simple ‘pedrea’ que siempre se agradece, y lo de la curación del gato tiene su miga, siendo conscientes de que dispone de siete vidas y, en consecuencia, tampoco parece del todo insólito. Normalmente se parte de la ‘fama del martirio’ para que el Dicasterio de la Causa de los Santos se ponga manos a la obra e inicie el procedimiento de canonización con los informes pertinentes. Para bien, convendría hacer unas estampitas con la figura del militar cristiano ataviado con capote y chapiri legionario que camina brazo en alto por la senda de la santidad; y en un espacio taladrado de la cartulina, en la parte inferior izquierda, dejar ver un trocito de alguna reliquia; verbigracia,  como se hacía con las estampas del beato Valentín de Berrio-Ochoa, O.P. y mártir en Vietnam, que predicó descalzo, en barrizales y, muchas veces en la oscuridad de la noche, negra como la boca de un lobo. Han pasado cincuenta años desde su muerte y desde que se disipó su negra y afilada sombra. Unos españoles lloraron su ausencia; y otros, brindaron con cava. Yo no hice una cosa ni la otra. Solo me sentí más aliviado. Le deseé entonces que tanta paz se llevase a la tumba como descanso dejase a los que tanto sufrieron.Todavía quedan en España 6.000 fosas llenas de esqueletos. La Historia, cuando pasen los años, pondrá cada cosa en su sitio.

 

Franco, a punto de la excomunión...,

 

 

Ha costado, pero el Gobierno se dispone a revocar cientos de distinciones honoríficas todavía franquistas vigentes. La última, a título póstumo, la “Medalla de Oro Laureada al Mérito y al Sacrificio en el Trabajo” concedida al dictador. Hoy me entero por El Correo de Andalucía que “desde 2018 está abierta, aunque estancada, una causa para beatificar al “siervo de Dios” Francisco Franco Bahamonde. La puso en marcha una pequeña entidad, Movimiento por España, con dos mujeres al frente ligadas a plataformas de oposición de Franco en Cuelgamuros bajo el genérico eslogan ‘El Valle no se Toca’. La última actuación pública de esta iniciativa religiosa fue repartir 90 ejemplares del libro ‘Francisco Franco, cristiano ejemplar’ a los prelados de la Conferencia Episcopal, algunos de los cuales rechazaron el regalo”. Ya va siendo hora de que impere la cordura. Será necesario recordar que el ‘siervo de Dios’ que sigue teniendo estancada la causa de beatificación estuvo  en 1974 a punto de ser excomulgado. En los últimos días de febrero de aquel año, el cardenal Tarancón, tuvo en su poder una carta de excomunión firmada contra todos los ministros de la dictadura; el presidente del Gobierno, Arias Navarro; y el jefe del Estado. La carta debía ser entregada en la misma mano de Franco para que surtiera efecto. Sólo unas tensas reuniones de última hora lo evitaron. La causa fue el intento de expulsión de España del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, por una homilía en la que se ponía de manifiesto la necesidad de que se respetasen los derechos culturales de los vascos. El documento de aquella homilía, «El cristianismo, mensaje de salvación para los pueblos», fue enviado a todas las parroquias de Vizcaya. Por aquellos días varios curas vascos fueron internados en la cárcel concordataria de Zamora. Pero antes de todo ello, durante los años 1968 y 1969  hubo encierros de clérigos en el Obispado de Bilbao y en el Seminario de Derio. El 18 de noviembre de 1968 falleció Pablo Gúrpide. Había sido nombrado obispo de Bilbao el 22 de febrero de 1956.  Al día siguiente de su fallecimiento, José María Cirarda fue nombrado administrador apostólico, a la vez que seguía siendo obispo de Santander. En Vizcaya encontró un clero dividido y una diócesis tensionada. Padeció muchas dificultades por parte del poder político, con el que mantuvo enfrentamientos por defender la autonomía de la Iglesia. También sufrió la incomprensión de distintos sectores del clero. Su sucesor fue Antonio Añoveros, hasta entonces obispo de Cádiz, nombrado el 3 de diciembre de 1971 por un procedimiento excepcional como único candidato para la sede de Bilbao, cuando la vía concordataria exigía tres candidatos, para que Franco eligiera uno. El caso es que el documento de aquella homilía no gustó al Régimen y Añoveros quedó desde el miércoles 27 de febrero bajo arresto domiciliario, también el vicario de Pastoral, José Ángel Ubieta que, por cierto, ya había estado arrestado tres días en 1969 (junto a otros curas) tras el asesinato del taxista Fermín Monasterio, primera víctima mortal de ETA en Vizcaya. Se le acusó sin pruebas de haber facilitado la huida de los terroristas. El obispo Antonio Añoveros, en contra de los deseos de Arias, manifestó que no abandonaría la diócesis de forma voluntaria, y que solo lo haría, si el Gobierno utilizaba la fuerza, o si Pablo VI le pedía que dejara el obispado. Tarancón convocó entonces el Comité Ejecutivo del episcopado, y redactó una nota donde se recordaba la pena de excomunión para aquellos que ‘directa o indirectamente impidiesen la jurisdicción eclesiástica de un obispo’. El Ministerio de Asuntos Exteriores llegó a preparar una nota de ruptura de les relaciones con el Vaticano. Finalmente, todo se solucionó por una intervención de Franco, que no quiso enfrentarse a la Iglesia. 

 

La Constitución del miedo

 

Cuando solo faltan cuatro días para el cincuentenario de la muerte de Franco y lo que ello supuso, en la prensa de la derecha, que es casi toda en este país, se pasan la pelota de unos otros en un vano intento hacer comulgar a los ciudadanos con ruedas de molino, pretendiendo hacer creer al lector que la democracia se la debemos a Juan Carlos de Borbón, que heredó todos los poderes del dictador y renunció a ellos para desmantelar la dictadura. No fue tan sencillo, la Transición no fue coser y cantar, ETA mataba a destajo y lo sucedido el 23de febrero de 1981no fue solo un sainete burdo, sino la demostración palpable de que el horno no estaba para bollos. Pues bien, la disposición transitoria primera, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967 señalaba: "Las atribuciones concedidas al Jefe del Estado por las Leyes de 30 de enero de 1938 y de 8 de agosto de 1939, así como las prerrogativas que le otorgan los artículos sexto y trece de la Ley de Sucesión, subsistirán y mantendrán su vigencia hasta que se produzca el supuesto a que se refiere el párrafo anterior". El supuesto a que se refería ese "párrafo anterior" no era otro que la muerte del sátrapa. Marhuenda, en La Razón,  en su artículo “Uno de los grandes reyes de nuestra Historia”, solo dice una cosa cierta entre un cúmulo de desatinos: “Es cierto -así lo expresa- que desde el final de la dominación romana hasta nuestros días, España ha sido un reino, unas veces unido y otras dividido como sucedió hasta que se culminó la Reconquista, y las dos Repúblicas, absurdamente sobrevaloradas, fueron un periodo muy breve de nuestra Historia. Es cierto, aunque parezca un esperpento, que seguimos siendo un reino durante la dictadura franquista”. En efecto, desde 1947 hasta 1975, por la pintoresca Ley de Sucesión, nuestro país se convirtió en un reino sin rey. Como bien señaló en su artículo “España reducida a un reino” Ramón Suárez Picallo (La Hora, Santiago de Chile, 31/07/1947): “Roma dividió a España en varias provincias según sus orígenes. Y la Edad Media las convirtió a su vez en Estados, según sus características. He aquí de acuerdo con la antigua clasificación los principales reinos españoles anteriores a la Monarquía de los Reyes Católicos, los cuales participaron en la epopeya de la Reconquista con personalidad y ejércitos propios: reino catalán-aragonés, reino vasco-navarro; reino de Castilla, con Toledo, Murcia, Valencia y Extremadura; cuatro reinos de Andalucía y el reino de Galicia con Asturias y León. Necesidades políticas y razones de universalidad religiosa, hicieron de Isabel I de Castilla y de Fernando V de Aragón, los precursores de una unidad estatal, no conocida aún en la Europa de su época. Su nieto Carlos I de España y V de Alemania, dio forma concreta al más grande Imperio cristiano de todos los tiempos conocidos. Era aquel un Imperio, cuyos jefes respetaban las leyes, fueros y costumbres de los reinos que lo integraban. Y fue así como el Reino de Galicia mantuvo su personalidad representativa en su Junta soberana, hasta las Cortés de Cádiz; Cataluña hasta 1714; el País Vasco hasta 1839, mientras que Navarra, en uso de sus derechos de soberanía, acuñaba moneda por su cuenta aún en los tiempos de Fernando VII”. Para quien no lo sepa, Ramón Suárez Picallo fue republicano e impulsor del Proyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936 y que tuvo que exiliarse a Argentina en 1939. Por cierto, el Estatuto de Galicia de 1936, redactado durante la Segunda República y plebiscitado el 28 de junio de 1936, no llegó a ser aplicado debido al estallido de la Guerra Civil. El mismo día de la votación, El Pueblo Gallego publicaba numerosos artículos animando al voto favorable. Los articulistas eran personas de honda significación pública, como Portela Valladares, Valentín Paz Andrade, Ramiro Isla Couto o Castelao. El propio alcalde de Vigo, Emilio Martínez Garrido, publicaba un bando en el que anima a sus conciudadanos a votar favorablemente. El resultado en Galicia fue abrumador. De un censo de 1.343.135 ciudadanos, acudieron a las urnas 1.000.963, aportando su ‘sí’ al Estatuto 993.351 personas. Pero no era mi deseo referirme hoy a Galicia, sino intentar dejar claro que la democracia llegó (oficialmente) de la mano de todos los españoles un frío 6 de diciembre, al aprobar  por mayoría las nuevas “reglas de juego” contempladas en la Constitución Española de 1978, que sigue vigente, y donde se incluía a Juan Carlos de Borbón -puesto a dedo por Franco- como rey de España. Lo normal hubiese sido haber hecho antes un plebiscito para que los españoles optasen por la forma de Estado que deseaban. No se hizo la consulta popular sobre  la forma de Estado por miedo al posible resultado, como declaró Suárez en una entrevista con Victoria Prego en 1995. Por eso se prefirió incluirlo en el paquete de la “Constitución del miedo”, que a estas alturas ya debería haberse reformado y adaptado a los nuevos tiempos.

 

¿Mutilación profana, dice usted?

 

Leo que “la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) registró el pasado lunes 27 de octubre un escrito dirigido a la Secretaría de Estado de Memoria reclamando que se retiren todos los elementos que hacen referencia a la figura de Juan Carlos de Borbón, ya que fue jefe del Estado (en funciones) durante la dictadura franquista en dos ocasiones: entre el 19 de julio y el 2 de septiembre de 1974 y entre el 30 de octubre y el 20 de noviembre de 1975” (durante la tromboflebitis y la posterior larga agonía del dictador) y que “para cumplir con el Artículo 35 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática deben eliminarse las referencias sobre el anterior jefe del Estado en denominaciones de calles, edificios y cualesquiera otros elementos”.  Y hoy leo en La Razón que Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) “considera que el proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros por parte del Gobierno es una ‘mutilación profana’ y asegura que hará todo lo que sea necesario dentro de la legalidad para impedir su ejecución". Se refiere a lo que él entiende como ‘mutilación profana’ a la eliminación de la escalinata de acceso a la basílica y a la creación de un centro de interpretación que tiene proyectado el Gobierno. Entiende Emilio Silva, activista por la recuperación de la Memoria histórica, que “sería mejor que el Gobierno gastara ese dineral en buscar a las familias de los miles de cuerpos que ha exhumado y que por una metodología equivocada no ha identificado”. ¿Qué otra metodología más eficaz conoce el señor Silva? Lo cierto es que en Cuelgamuros hay enterrados 33.846 cuerpos, unos en columbarios individuales y otros mezclados en  grandes cajones. Hasta el momento ha sido identificados 21423 víctimas de ambos bandos. El resto, 12.410, figuran en los archivos de Patrimonio Nacional como “desconocidos”, con lo que resulta muy complicado encontrar familiares vivos de no se sabe quiénes que puedan aportar su ADN a fin de poder hacer un cotejo con esqueletos revueltos, algunos en muy mal estado de conservación. A mi entender, invertir 30 millones de euros durante cuatro años en Cuelgamuros para convertirlo en un centro de interpretación lleno de actividad y vida va a resultar arduo dificultoso, al tratarse de un siniestro lugar donde habita la mayor fosa común de este país, excavado y construido por prisioneros de guerra. Siempre planeará sobre el Risco de la Nava el fantasma del sátrapa gallego que ahora duerme el sueño eterno en Mingorrubio. Lo cierto es que aquellas obras aportaron pingües beneficios a determinadas empresas adjudicatarias: San Román (filial de Agromán) perforó la roca. Estudios y Construcciones Molán construyó la nave, José y Juan Banús hicieron la carretera que discurre desde la entrada al Risco de la Nava. En 1952 se unió a las anteriores la empresa Huarte y Cía. Esas empresas tenían a su disposición a los presos, que trabajaban para ellas por medio de una especie de subcontrata con el Estado. Banús fue el constructor de barrios populosos como el de El Pilar, el de La Concepción y la colonia Mirasierra, todos ellos en Madrid. Su hermano Juan construyó Puerto Banús, en la Costa del Sol. José María Aguirre Gonzalo, (fundador de Agromán), presidió años más tarde Banesto y el Banco Guipuzcoano. Huarte se integró en OHL (Obrascon, Huarte, Laín), presidida por Juan Miguel Villar Mir, conocido empresario que se hizo popular al presentarse a las elecciones para la presidencia del Real Madrid y que fue Director General de Empleo en 1964 y del Fondo Nacional de Protección del Trabajo en 1967. De los esclavizados prisioneros de guerra (que levantaron aquel triste armatoste de hormigón en el término de San Lorenzo del Escorial para que Franco no fuese menos que Felipe II) nunca más se supo. Esa es la verdadera historia.

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P.D.- Una bisnieta de Mussolini, Orsola, encabezará en Madrid los actos de exaltación fascista de Falange Española por el 20N. Ya deben quedar pocos 'camisas azules'. Será lo más parecido a un grupo del IMSERSO llegados en autobús a Orihuela del Tremedal en visita turística para disfrutar del agreste paisaje natural de la Sierra de Albarracín. Vale.