
Ahora nos viene Ramón Pérez-Maura a contar desde su hueco en El Debate que “Sánchez no
puede usar el casoplón de La Mareta",
en el municipio de Teguise (Lanzarote), regalo de Hussein de Jordania a Juan
Carlos I y cedida por éste a Patrimonio
Nacional para no pagar impuestos. Por lo tanto, forma parte del Patrimonio del Estado y puede utilizarse con fines públicos y con lo que al Ejecutivo le venga en gana. Recuerda ese periodista que ahí fue donde la Familia Real pasó las navidades de 1999 y donde murió repentinamente su madre del entonces
rey, María de las Mercedes, el 2 de
enero de 2000. Nos aclara Pérez-Maura a los lectores que en esa casa (cuyo
nombre se debe a que en el mismo lugar existía una mareta, es
decir, un aljibe que servía para recoger el agua de lluvia y como bebedero de
animales) los reyes y su familia “pasaron el final de siglo y recibieron el
nuevo año” porque, según parece, para ese plumilla el siglo consta de 99 años; es
decir, que a su criterio el año 2000 ya formaba parte del siglo XXI. Tampoco ha
recordado al lector que Felipe González
pasaba sus vacaciones en Doñana y hasta hizo uso del “Azor” sin pedir permiso a
nadie, y que por La Mareta pasaron,
además de Sánchez, Aznar y Rodríguez Zapatero. Y también muchos invitados.
Que yo recuerde, el canciller alemán Helmut
Kohl, durante la Cumbre Hispano-Alemana celebrada en Lanzarote en el año
1991; el expresidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov y su esposa Raísa durante tres
semanas, en agosto de 1882; Gerhard
Schröder; el presidente checo Václav Havel; el delincuente Rodrigo Rato; y el presidente de Kazajistán,
Nursultan Nazarbayev. Pese a ello,
Pérez-Maura está empecinado en que “los bienes del Patrimonio Nacional están afectos
al uso exclusivo de la Familia Real. La ley no deja lugar a dudas al respecto”, sin entender que La Mareta forma parte del Patrimonio del Estado.
Ello equivale a decir que el Museo del
Parado o el Palacio de Aranjuez, o la Biblioteca Nacional solo
pueden visitarlos en exclusividad el rey y su familia. A mayor abundamiento
hace suyas las palabras de Isabel de los
Mozos y Touya, profesora titular de Derecho Administrativo de la
Universidad de Valladolid, quien dijo que “el mero hecho de usar un bien del
Patrimonio Nacional como finca particular de descanso personal por parte del
presidente del Gobierno constituye un delito de usurpación de ese bien público
que, aunque sea un delito menor -si
atendemos a la gravedad de la pena y a que esta no supone privación de
libertad- va acompañado necesariamente de otros dos delitos, por lo menos, la
malversación de caudales públicos y la correspondiente prevaricación del
responsable del Organismo Público de Administración del Patrimonio Nacional”. Roma locuta est, causa finita. Creo
que este hombre, Pérez-Maura, necesita unas vacaciones para poner en orden sus
ideas. Cualquier persona con un mínimo de cultura general es conocedor de que los
bienes del Patrimonio Nacional
pertenecen al Estado, pero están afectados al uso y servicio del rey y la
Familia Real para la alta representación institucional, algo muy propio de la Edad Media. Pero eso es sobre el papel. En la praxis las cosas cambian. Y que los bienes del Patrimonio del Estado pertenecen al
conjunto de la Administración Pública (Ministerios, organismos autónomos) y se
usan para el funcionamiento de los servicios públicos, el uso general o su
explotación económica. La Mareta, a mi entender, corresponde a Patrimonio del Estado desde el mismo momento en el que el rey anterior se desentendió de esa propiedad, como sucedió con el Palacio de la Magdalena, cuando Juan de Borbón, creyéndose heredero del bien donado a alguien que abandonó la Corona en 1931 y se marchó de España cobardemente, se lo vendió al Ayuntamiento de Santander por 150 millones de pesetas en 1977, sin tener en cuenta que su padre, Alfonso XIII, lo había tomado como regalo y recibió las llaves de forma oficial el 7 de septiembre de 1912. ¡Vaya papo! A mi entender, el presidente del Gobierno tiene derecho
a utilizar los bienes de Patrimonio del
Estado sin tener que dar cuentas al rey, esa figura institucional que reina pero no gobierna. Es el rey, en una Monarquía
Parlamentaria, el que tiene que dar cuenta al Ejecutivo de todos sus pasos y no a la inversa. En este caso no se aplica la propiedad
conmutativa de la suma y la multiplicación en matemáticas; y, en consecuencia, 'el orden de los factores sí altera el
producto'. Ya lo creo que sí lo altera... ¡y de qué manera, oiga!


