Leo en el diario Público un
artículo de Marià de Delàs, “La desconfianza en el poder judicial está
más que justificada” (publicado el 6 de julio pasado) donde deja claro lo
que la mayoría de los ciudadanos pensamos y no nos atrevemos a contarlo o no
somos capaces de decirlo como ella lo cuenta, sin pelos ni señales. Desprende
ese artículo un hedor insoportable, no por lo escritora sino por el fuerte olor
a cadaverina que se desprende de una a tumba abierta donde reinan los gusanos.
Comienza su exposición recordando “un hecho grave que tuvo lugar en la sierra
de l’Albera de l’Empordà a principios de diciembre de 2023 cuando dos guardias
civiles de paisano decidieron abalanzarse con su coche contra un grupo de
manifestantes que cortaban de manera intermitente una carretera, mientras
exhibían pancartas y repartían hojas explicativas cerca de Sant Climent
Sescebes. Se trataba de una protesta ecologista, previamente comunicada y
vigilada por Mossos d’Esquadra en defensa del espacio natural y en contra de
la instalación en aquella zona de aerogeneradores de grandes dimensiones. Una
mujer fue atropellada y resultó herida como consecuencia de la violencia
irresponsable de los guardias civiles, que también lesionaron con su coche a un
agente de Mossos d’Esquadra cuando
intentaba pararlos. Los mossos
corrieron detrás del vehículo, no identificado, que finalmente se detuvo cuando
ya se encontraba a cierta distancia de los manifestantes. El conductor y su
acompañante exhibieron placas pero se negaron a dejar ver claramente sus
acreditaciones como miembros de un cuerpo de seguridad”. El caso fue denunciado
y la causa contra aquellos energúmenos quedó archivada. El juez instructor y la
Audiencia Provincial correspondiente decidieron negar la evidencia y dieron por
buena la versión del abogado de los guardias civiles, que resultó ser un
individuo conocido por su larga trayectoria ultraderechista: José María
Fuster-Fabra. Señala Delás en su exposición que “este caso no es anecdótico,
es relevante y significativo. Es del todo coherente con el comportamiento que
mantienen magistrados de diferentes tribunales, entre ellos unos cuantos del
Supremo y de la Audiencia Nacional. Y también lo es con las actuaciones
sesgadas de la Guardia Civil. Ilustra la percepción que tiene, según las
encuestas, la mayor parte de la ciudadanía sobre el mundo de la justicia. No
todo el mundo es igual ante la ley”. Bueno, eso ya lo sabíamos. A nadie se le
escapa, como bien señala la autora del artículo, que “una parte de la
magistratura se encuentra colonizada, a diferentes niveles, por personajes de
talante indudablemente antidemocrático, que actúan en connivencia con abogados
y entidades de ultraderecha y con fuerzas de seguridad trufadas de agentes que
no respetan los derechos elementales de las personas. En contrapartida, por fortuna,
hay muchos jueces que ejercen sus funciones con honestidad y rigor, e infinidad
de agentes policiales que cotidianamente procuran prestar asistencia a gente
que lo necesita, que trabajan para facilitar la convivencia y servir a la
ciudadanía de la mejor manera posible, como es su obligación, pero hay sectores
de los aparatos judicial y policial que están enfermos de autoritarismo,
sinrazón, arbitrariedad, xenofobia y aporofobia. Y también, porque no decirlo,
porque se nota, enfermos de deseos de castigar a personas física y moralmente,
para demostrar quién manda, con chulería, por el placer de actuar de esa manera”.
El caso del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz,
fue de libro. Procesado y condenado sin
ninguna prueba como responsable de una filtración en la que no intervino. Pero
había que buscar un chivo expiatorio. Fue condenado para proteger los intereses
de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, enriquecido gracias a la facturación por valor de millones
de euros al Grupo Qurón, pendiente de
juicio oral por fraude fiscal. La autora del artículo pone otros ejemplos
sangrantes. También señala que “hace ya un cierto tiempo que cobra
progresivamente más y más verosimilitud la hipótesis de una acción coordinada
para consolidar el poder de la derecha extrema en todas las Instituciones del
Estado”. La autora termina su exposición señalando que “los crímenes de la
dictadura quedaron en la impunidad, la Monarquía borbónica se perpetuó [por el dedo tembloroso de Franco como una calamidad bíblica, que no desaparece ni con el uso de 'Zotal', y eso lo añado yo, ciudadano al que no se le consultó la forma de Estado ni la bandera ni el escudo que deseaba para este país] y buena parte del
aparato de Estado, particularmente el poder judicial y las fuerzas policiales
se mantuvieron sin depurar. La ruptura parecía posible, porque el grado de
movilización social era enorme, pero no se produjo, porque se ninguneó la
fuerza de la sociedad movilizada, por miedo a lo que pudieran hacer desde lo
que se conocía como“bunker”,
fuertemente implantado en el Ejército y en el aparato de Estado franquista”.
Uno de mi pueblo dice que hay un espíritu peor que el Diablo, es Malamén, al que
cuando se le nombra conviene tocar madera. Ante mi ignorancia supina sobre el
tema de ángeles y demonios, Demetrio
Gazapo, que así se llamaba el vecino del pueblo que murió de infarto cuando pretendió ganarle
una carrera al tren-correo ómnibus Arcos
entre la Estación de f.c. y un puente de hierro sobre el río Jalón, me aclaró
que se le nombra en el ‘padrenuestro’,
al final, cuando se dice aquello de “líbranos
del Malamén”, que en francés sería:” Et
ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du Malamen" ; que para el caso, de
Tauste. Demetrio Gazapo era hombre de saberes profundos. Había comido pan de
muchos hornos y eso se le notaba cada atardecida cuando tomaba la fresca con la
señá Remedios y el tío Perroche, alguacil municipal, que
siempre ponía oreja en un vano intento de quedarse con la copla en las
conversaciones.
