El sustituto del juez Peinado, Antonio Viejo, que no dejó ir a Begoña Gómez a Ankara por riesgo de fuga, pero sí a Bristol para la graduación de una de sus hijas, y que nada más llegar a España le obligó a dejar el pasaporte en los juzgados de la plaza de Castilla; el juez sustituto, como digo, ha requerido a la mujer del presidente del Gobierno para que“demuestre” que su viaje a Bristol solo fue por esa causa familiar y no por otra. Yo siempre pensé que en un Estado de derecho era el juez o el fiscal el que tenía que probar las ‘dudas existentes’, si es que las hay, sobre las actuaciones de los investigados. Pero no parece que sea así. Si Begoña Gómez no prueba que su viaje a Bristol solo fue por el motivo de la graduación de su hija, el juez ya le ha advertido de que podría considerar que la encausada incumplió las medidas cautelares impuestas. Como se sabe, Begoña Gómez tiene prohibido abandonar el territorio nacional y la obligación de acudir a firmar en sede judicial cada quince días, como si se tratase de un robagallinas. En este país, aunque no es así, da la sensación de que debe ser el acusado en un proceso penal el que tenga que justificar su inocencia o probarla, pese a estar amparado por el derecho a la presunción de inocencia. Es decir, que la carga de la prueba recae siempre en el acusador. Por lo tanto, es el Ministerio Fiscal, o la acusación particular, es quien tiene que de demostrar los cargos contra el acusado. En cualquier cabeza cabe, por lo tanto, que el acusado tiene derecho a no declarar en su contra. Por fortuna ya no estamos en el franquismo, donde el sistema judicial carecía de presunción de inocencia. La carga de la prueba recaía sobre el acusado, quien estaba obligado a demostrarla. Los tribunales militares aplicaban la "adhesión a la rebelión", iban más lejos todavía, invirtiendo la lógica jurídica y obligando a los procesados a probar su lealtad al régimen autoritario que había entonces. Y en los procedimientos sumarísimos, además de la inversión de la carga, los jueces pedían informes de conducta al párroco, al alcalde, a la Guardia Civil y a Falange. Ahí es nada. Si el acusado no lograba conseguir testimonios favorables de estas autoridades, se le consideraba culpable. Los párrocos y la Falange eran como el ajo, que estaban en todas las salsas. Pero ahora, inexplicablemente, existen algunos jueces, pocos por suerte, que desearían retrotraernos a los oscuros años cuarenta. Pero no se dan cuenta de que los relojes no giran sus agujas al revés. El franquismo no murió con la Transición como algunos piensan. Sigue vivo aunque de otra manera. Vox, en su conjunto, y muchos militantes del PP escorados a la ultraderecha (a esos a los que “les gusta la fruta”) se pasan el día insultando a todo lo que se mueve. El Congreso de los Diputados y el Senado (donde tienen mayoría) se ha convertido en el cervantino patio de Monipodio, donde se mezcla de forma grotesca la piedad religiosa con ‘el llevárselo crudo’ y el desprecio al contrario. Y todos los de la derecha se agrupan en torno a Monipodio para poder salir en la foto, donde se mezcla de forma grotesca la piedad religiosa y la extorsión para burlar la ley y vivir del cuento. De ahí la frase de Aznar: “Cada uno que haga lo que pueda”. Hubo excepciones, como la de Pi y Margall, cuando presidiendo el Ministerio de Gobernación durante la Primera República Española, en el año 1873, asumió esa cartera bajo la presidencia de Estanislao Figueras (antes de convertirse él mismo en presidente de la República) y salió de allí sin tocar los ‘fondos reservados’ y aun poniendo dinero de su bolsillo.

