Un gallego de Betanzos puede que no sepa dónde se encuentra Solanillos del Extremo si no ha recorrido La Alcarria, de la misma manera que a un bilbilitano se le puede perdonar que desconozca en qué lugar del mapa puede situar Fresno de Caracena si no ha ido a pescar truchas al río Adante (hoy Caracena) o cangrejos al río Grande (hoy Tiermes) que allí confluyen, en la ruta que unía San Esteban de Gormaz con las tierras de Atienza, en la Serranía de Guadalajara, y que pertenece al Obispado de Osma. A veces los ríos cambian de nombre para darse más importancia, como sucedió con esa señora aldeana que tras casarse con un ingeniero naval se hizo llamar señora de Aguirregomezkorta (que en Euskera Batúa se debe pronunciar ah-gee-rreh-goh-mehz-kohr-tah), de soltera Piluca García. A nadie se pide en esta vida que lo sepa todo salvo a doña María Moliner, que llevaba el Diccionario en la cabeza. Pero no parece de recibo que alguien que aspire a presidir el Gobierno de España entienda que Badajoz se encuentra en Andalucía y Huelva, en el Mediterráneo, como le sucede al orensano Alberto Núñez Feijóo, que durante el gobierno de Aznar fue director de Insalud y de presidente de Correos. La última perla cultivada de ese aspirante al Gobierno ha sido sostener que “los derechos humanos están por encima del derecho internacional”, cuando por todos es sabido que los derechos humanos se encuentran protegidos bajo el derecho internacional. O dicho de otra manera, no se puede vulnerar una norma del derecho internacional (la no agresión) para hacer cumplir otra (la protección de los derechos humanos). Eso es lo que están haciendo Trump y Netanyahu en Irán y que la prensa de la derechona, inexplicablemente, justifica.
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