El pasivo de un Gobierno pasota

Se sabe que alrededor de 900.000 ciudadanos padecen hepatitis C en España, que existe un fármaco de última generación que cura o mejora esa enfermedad  en el 95% de los casos, y, además, que muchos enfermos contrajeron ese padecimiento en transfusiones realizadas en el Sistema Público de Sanidad. Como se sabe, hasta 1992 no había obligación legal de analizar las bolsas de sangre destinadas a transfusiones. El actual  Gobierno, que preside Mariano Rajoy, juzga inasumible el pago de dicho fármaco y no lo financia en la mayoría de los casos. El medicamento se llama Sovaldi y fue sintetizado por el laboratorio estadounidense Gilead. Ese laboratorio, que en su día pagó por la patente a otro laboratorio 11.000 millones de dólares,  la vende en EEUU a 1.000 dólares la pastilla. En España el precio está en unos 50.000 euros para el tratamiento de 12 semanas. Pero la mayor efectividad del fármaco se obtiene con una administración de 24 semanas: doble tiempo, doble precio. Lo realmente cierto es que la producción de este fármaco tiene un coste de 150 dólares por tratamiento, pero la industria lo comercializa a 80.000 euros por fármaco con el argumento de que se ha de rentabilizar la inversión de la investigación. Pero el Gobierno, que sí tuvo dinero para el rescate de bancos y cajas con cargo al FROB, dice que está negociando el precio. Y la realidad es que mientras la negociación no avanza, los enfermos fallecen. A mi entender, al dinero necesario hay que sacarlo de donde sea de forma prioritaria. No valen medias tintas ni paños calientes. En España existe una clara denegación de auxilio para esos enfermos. Sabido es que la Constitución Española de 1978 diseñó una organización territorial del Estado que posibilita la asunción por las Comunidades Autónomas de competencias en materia de sanidad, y así se establece en su artículo 43 y se regula por la Ley 14/1986 General de Santidad.  Los enfermos españoles, en consecuencia, ante la evidente falta de atención necesaria, cueste lo que cueste, estarían a mi entender en su derecho de acudir a la Corte Penal Internacional de la Haya para pedir protección y para que se juzgase, si hubiere lugar, a los responsables políticos por presuntas agresiones de lesa humanidad, contempladas en el artículo 5 del Estatuto de Roma, donde se contemplan el genocidio (art. 6); los crímenes de lesa humanidad (art. 7); los crímenes de guerra (art. 8) y el Crimen de agresión (art. 8 bis, según Resolución 6 del 11/06/2010 de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma). Eso sería lo correcto. No estamos ni para brindis al sol ni para ver un día sí y otro también cómo los corruptos se lo llevan crudo ante el pasmo de los ciudadanos y cómo el Estado tiene una deuda que escala los máximos históricos y que se ha triplicado desde de comenzó la crisis.