La ley debe aplicarse sin fisuras

Leo en el diario Público que “Plataforma contra la impunidad del Franquismo exige la eliminación de todo residuo de la dictadura en los espacios públicos de Madrid”. Nada que objetar. Así se contempla en la Ley de la Memoria Histórica. Lo que sucede es que tales símbolos, casi todos ellos de una cutrería infame por su olor a rancio, están relacionados con las placas de aquellos grupos de viviendas protegidas que se levantaron en tiempos de Girón en lugares periféricos y que conformaron algo muy parecido a guetos, para acoger, se diga lo que se diga, a aquellos jornaleros del sector primario que llegaban a la gran ciudad con la esperanza de alcanzar la tierra mítica de El Dorado. Aquel falso El Dorado no era otra cosa que un puesto de trabajo mal pagado en una pequeña empresa de un polígono industrial. Fue la consecuencia lógica del Plan de Estabilización. Y aquellas chabolas en vertical, o aquellos pabellones con mucho ladrillo, sin calefacción ni ascensor y con estrechas ventanas, se concedieron por sorteo. Eran viviendas de precio limitado y parcialmente subvencionadas por la administración pública. Solían incluir iglesia, centro parroquial y escuelas para los hijos de lo que en la jerga franquista se denominó como “productores”. Sabido es que después de la guerra se hizo de la vivienda un argumento político como consecuencia del apoyo ideológico a la familia. Para ello, en 1939 se creó el Instituto Nacional de la Vivienda que, en principio, tuvo personalidad jurídica propia y autónoma para administrar su patrimonio. Más tarde pasó a depender de los sindicatos verticales; posteriormente del Ministerio de Trabajo; y, finalmente, del Ministerio de la Vivienda, que se creó en 1957. Las condiciones para ser beneficiario de las viviendas protegidas eran: ser español, mayor de edad, dedicarse a un oficio, empleo o profesión liberal, o ser pensionista del Estado. Esto planteó problemas de acceso a la población recientemente inmigrada que antes que trabajo buscaba una vivienda. Se programó el primer plan de viviendas para el decenio 1944-1954. Así, en 1944 se promulgó la disposición relativa a viviendas bonificables. Dicha Ley tenía por objeto la construcción de viviendas para la clase media, e impulsar la construcción entre la iniciativa privada para intentar paliar el problema del paro que entonces empezaba a tener caracteres graves por la fuerte inmigración de mano de obra no cualificada, antes señalada, procedente del campo. Para la adquisición de lo que se dio en llamar “Viviendas de Renta Limitada” se fijaron los máximos de renta mensual en 500 pesetas para las superficies comprendidas entre 110 a 150 m2 y 200 pesetas para las menores de 60 m2. No se exigía ningún requisito esencial para ser beneficiario. Pues bien, en la fachada de aquellas viviendas siempre se colocaba una placa metálica con el emblema de una casa bajo el yugo y las flechas, donde se recordaba que aquella finca estaba “acogida a los beneficios de la Ley…”, etcétera. De la misma manera, las calles de aquellos grupos de viviendas solían estar dedicadas a militares, políticos o religiosos relacionados con el “espíritu del 18 de julio”. En ese sentido, el diario Público señala ahora que la Plataforma contra la impunidad del Franquismo manifiesta que “la presencia de nombres relacionados con personalidades de la Dictadura Franquista, además de ilegales, son inmorales y faltan al respeto de las víctimas”. Tales símbolos fascistas deben desaparecer de inmediato, tanto en Madrid como en el resto de España. En eso creo que estamos todos los demócratas de acuerdo.