¡Hace falta tener desvergüenza!

Juan Rosell, presidente de la Patronal, en unas declaraciones a “Expansión” ha señalado que “los parados encuentran trabajo “milagrosamente” un mes antes de agotar la prestación por desempleo”. Y se ha quedado tan ancho. Ojalá fuese tan sencillo. Además, en el hipotético caso de que así fuera, no acabo de entender en qué le va o en qué le viene tal circunstancia. Juan Rosell no sé qué estadísticas maneja, pero se equivoca cuando afirma que tal situación está generando al año un “gasto” de unos 30.000 millones de euros. Juan Rosell debería conocer que el desempleo no es una cantidad que alegremente concede el Estado, sino que se detrae de las nóminas de todos los trabajadores en activo desde el mismo momento de entrar a formar parte de la plantilla en una empresa. Ignoro si el señor Rosell (que fue presidente de Fomento del Trabajo Nacional entre 1995 y 2005, además de presidente en empresas como Congost, Enher, Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sistemas de Higiene Urbana y consejero de Fihoca, Inmobiliaria Colonial, Siemens España, Endesa Italia, Endesa, Applus Servicios tecnológicos, Aguas de Barcelona y Port Aventura) habrá visto una nómina en su vida. Pues bien, debería saber este señor que de acuerdo con el “grupo” por el que cotiza cada trabajador y en función de su base tarifada (remuneración total más la prorrata de las pagas extraordinarias) se le detrae el importe correspondiente de la casilla de “desempleo y F.P.” Otra cosa bien distinta es que ese “gasto” (los 30.000 millones) podría ser ahorrado por el Estado de existir pleno empleo. Pero Juan Borrel, si manejase cifras con rigor debería señalar, de la misma manera, lo que trincan CC.OO., UGT y la CEOE; que en su conjunto suman 3.284 franquicias (2.910 agrupaciones empresariales y 374 federaciones sindicales) y que cada una de las cuales recibe subvenciones del sector público nacional, autonómico, provincial y local. La clave está en que tanto la CEOE, como UGT y CCOO, son entes constituidos como "confederaciones", de forma que sus afiliados no son personas físicas o jurídicas individuales sino "federaciones" de entidades asociadas repartidas por todo el país con criterios sectoriales y territoriales. Todas ellas cuentan con su correspondiente cédula de identificación fiscal independiente, lo que les permite gestionar dinero público y operar mercantilmente al margen de los órganos centrales de su corporación. Y ese dinero sí que sale del bolsillo de todos los españoles. En esas declaraciones hechas por Rosell a “Expansión” llama la atención su deseo de que, “para obtener los recursos necesarios de financiación en las empresas, se estudie (por el Gobierno) la aplicación de amnistías fiscales para recuperar el dinero negro en circulación”. ¡Hace falta tener desvergüenza!