Vivir en el lío

Le ha dicho Rajoy a Mas: “Vivo en el lío”, y éste le ha contestado: “Yo también, yo también”. Dicho así, uno tiene la sensación de que ambos políticos se han puesto a desmontar un olvidado reloj de Zapatero en el Palacio de la Moncloa y, al pretender montarlo de nuevo, les hubiesen sobrado piezas; o que se hubieran puesto a jugar una partida de ajedrez con fichas de parchís. Queda claro que ambos “salvadores de la Cosa Pública” están revolcados en una empalagosa crema catalana que les impide ver clara la salida del túnel. Rajoy pretende sacar adelante sus reformas prometidas y necesita de alguien, en este caso de CiU, para que colabore estrechamente y apruebe sus medidas en el Congreso, eso sí, tragando sapos y culebras y pasando por alto que tal coalición política votó en contra de su investidura. Agua pasada no mueve molino. Ya se ha confeccionado la ley de Estabilidad para meter en cintura el desmadrado gasto de las Autonomías. Ahora falta acometer otras dos reformas: la financiera, donde se primarán las fusiones bancarias y se atenderá sin rechistar a lo que señale Botín, y la laboral (“queda lo más duro y va a costarme una huelga general”), que según ya ha comentado posteriormente la ministra de Empleo, Fátima Báñez, “va a contar con el respaldo de todos los ciudadanos”. Esas cosas suceden cuando no se explican convenientemente en la campaña electoral y, una vez ganadas las elecciones, se tienen que hacer “por goteo” y con serena posología, o sea, una dosis cada viernes en desayuno, comida y cena, como si tratara el Presidente de hacernos tragar, por un lado, la milagrosa gragea de “laxen Busto”, para exonerar el vientre con ligereza y poder apretar más cada cinturón de los ciudadanos; por otro, la administración de unas gotitas en cada ojo de cloranfenicol oftálmico, para que podamos ver “lo más duro por hacer” de manera diferente a cómo la percibimos desde el fondo del pozo; quiero decir, con el optimismo de la señora Báñez. Entre el coste de una posible huelga general que vaticina un pusilánime Rajoy, que vive en el lío, y el respaldo a las nuevas medidas por parte de los ciudadanos, que predice Báñez, queda ese agujero negro del punto medio, donde habita la virtud. Yo no sé si uno y otra son conscientes de que, desde 2002 se han realizado siete millones de despidos y que el 60% de ellos han sido mediante despido exprés, como nos recordaban (“El País”, “Los equívocos del contrato único”, pág. 29) Valeriano Gómez y Luis Martínez Noval, economistas y exministros de Trabajo y Seguridad Social, el pasado martes 24 de enero. Si no lo han hecho todavía, deberían leerlo.

Llorar por la leche derramada

Las “rendijas legales” por las que la presidenta de la Diputación General de Aragón, Luisa F.Rudi, intenta recuperar los bienes religiosos de Sigena, a mi entender, carecen de rigor. Los servicios jurídicos de la DGA podrán demandar a Cataluña, se podrán organizar rosarios en el Pilar para que se obre el “milagro” necesario, los ciudadanos aragoneses estarán en su derecho a manifestarse –que no creo- por calles y vericuetos, se podrá “exigir” el derecho de retracto, y lo que ustedes quieran, pero el hecho cierto es que las monjas de Jerusalén de Sigena vendieron en 1983 nada menos que 44 piezas por 66 millones de pesetas; y, en 1992, otras 52 piezas por 39 millones, tras trasladarse la comunidad en 1970 a Valldoreix. Y para tal avenencia comercial contaron dichas monjas en su día con el beneplácito de la curia vaticana. Por tanto, “Roma locuta est, causa finita est”. Señalar ahora, como se afirma por parte de los políticos aragoneses, que no se tuvo en cuenta que el monasterio era monumento nacional es como decir “era de tarde y, sin embargo, llovía”. Por estos pagos donde casi nunca lleve a pesar de las rogativas procesionales no cabe duda de que se confunde el culo con las témporas, el continente con el contenido y el chusco de pan cuartelero con el sabroso bocadillo de rabas. Una cosa es la fábrica, o sea, las paredes y techumbres que conforman la edificación del convento de las monjas, en este caso de las monjas de Jerusalén de Sigena, y otra cosa distinta son los enseres que había dentro. Como ejemplo, sirva la Red de Paradores del Estado, que se remontan a 1910, cuando el gobierno encargó al marqués de la Vega Inclán el proyecto de crear una red hotelera. Me viene a la cabeza a botepronto la conversión del Convento de San Francisco de Granada, situado en el corazón del recinto de La Alhambra, y que es uno de los paradores de Turismo más atractivos desde 1945. La mayoría de esos recintos, sería largo enumerarlos, explotan su actividad hotelera en el interior de unos espacios monumentales que, de no haberse restaurado y concebido una utilidad práctica, sufrirían posiblemente hoy el mayor de los abandonos. Lo que debería hacer la Diputación General de Aragón es procurar proteger y dar utilidad a los continentes que, casi de chiripa, siguen erguidos en Aragón, más bien olvidados hasta de la piqueta, antes de que se deterioren del todo. Llorar por la leche derramada no trae cuenta. En Zaragoza, sin ir más lejos, se permitió desde el Ayuntamiento derruir en beneficio de los “amiguetes” especuladores los hotelitos modernistas del Paseo de Sagasta; y por supina ignorancia municipal, la espléndida Torre Nueva. Ahora, la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, intenta marear la perdiz y darmos lecciones argumentando (y recordando la doctrina de la UNESCO) que “los bienes muebles forman parte inseparable del conjunto del edifico, del monumento, y si se hubiera tenido en cuenta esta inseparabilidad no se hubiera podido vender”. ¿Se acuerdan del sillón de José Marco? Pues nada, que la iluminada consejera del PP, haga un intento por ganarse el sueldo que le pagamos todos, se deje de milongas trasnochadas, saque oposiciones a profesores de Secundaria, que hacen falta, y desarrolle iniciativas de I+D+i, la implantación de nuevas tecnologías y la potenciación de la calidad en los productos aragoneses. Todos saldremos ganando.

Rendijas jurídicas

Luisa Fernanda Rudi, que es censor jurado de cuentas, conoce de sobras las martingalas necesarias para que un empresario pueda evadir impuestos amparándose en determinados resquicios legales. Tal es así que ya ha encargado a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón que busquen "rendijas jurídicas" a fin de poder recuperar los bienes religiosos de Sigena y, de ese modo, pretender recurrir lo irrecurrible, es decir, la sentencia inapelable del Tribunal Constitucional en lo que respecta a 96 piezas compradas y pagadas a unas monjas entre 1983 y 1992 por la Generalitat de Cataluña y depositadas en el Museo Diocesano de Lérida y en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. El proceso arrancó en 1998, cuando la Generalitat interpuso ante el Constitucional un conflicto de competencias contra la orden de la Diputación General de Aragón que exigía poder ejercer el derecho de retracto sobre los bienes que las monjas de la orden de Jerusalén de Sigena vendieron en 1983 (44 piezas por 66 millones de pesetas) y 1992 (52 piezas por 39 millones), tras trasladarse la comunidad en 1970 a Valldoreix, en Barcelona. En su defensa las monjas alegaron que disponían de un permiso del Vaticano para enajenar los bienes, aunque sus opositores adujeron que, siendo una orden femenina, deberían haber tenido también el permiso del obispo de Barbastro-Monzón. Y así están las cosas, o sea, no hay nada que rascar. Espero que sirva de lección y, al menos, la DGA preserve su entorno, las 36 celdas de los cartujos y los frescos de Goya existentes en la capilla de la Cartuja de Aula Dei, fundada en 1563 por Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza y nieto de los Reyes Católicos, una vez que se marchen definitivamente los monjes de la orden de san Bruno a Ezcabarte, como tienen planeado. Esa capilla acoge siete enormes escenas religiosas pintadas al óleo en sus paredes por Goya entre 1772 y 1774. La obra inicial incluía once, pero cuatro de ellas se perdieron durante los 66 años que el monasterio permaneció cerrado en el siglo XIX como consecuencia de la Desamortización. La Cartuja es monumento histórico nacional desde 1985. Sin embargo, deberíamos tocar madera para que no termine siendo fagocitada por la red de Paradores, que todo lo devora, como vergonzosamente se pretende hacer con el Monasterio de Veruela.

Siembra de humo

En diciembre de 2007, dijo Marcelino Iglesias, entonces presidente de la Diputación General de Aragón: “Gran Scala va a ser el escaparate de Aragón ante el mundo, el relevo de la Expo”. Corría el cava como si les hubiera tocado la lotería. Natalia Junquera, en “El País”, escribía aquel 13 de diciembre: “De la arena surgirán 32 casinos, 70 hoteles, 232 restaurantes, 500 comercios, un campo de golf, un hipódromo, una plaza de toros, un cámping, réplicas de las pirámides egipcias, de los templos romanos y hasta una del Pentágono que servirá de hotel para Spyland, un parque temático sobre el espionaje. Se llamará Gran Scala y necesita una inversión de 17.000 millones de euros para convertir el desierto en una tierra de espías y tragaperras. Es más del doble de lo que se invirtió en Barcelona para los Juegos Olímpicos de 1992 y casi cinco veces el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente en 2007. Será el segundo complejo de casinos más grande del mundo tras Las Vegas”. José Ángel Biel, vicepresidente del Gobierno de Aragón, estaba como chico con zapatos nuevos. Un grupo de 12 inversores extranjeros promotores del proyecto, bajo las siglas de ILD, sabían que no iban a encontrar obstáculos para que el Gobierno de Aragón modificase la ley del juego, recalificara 2.025 hectáreas de terreno, llevara agua, tendido eléctrico y redes de saneamiento hasta Los Monegros El Gobierno aragonés y los promotores confíaban en llenarlo con 25 millones de visitantes por año a partir de 2015, es decir, más de la mitad del total de turistas que recibió España en 2006. El problema era dónde adquirir las 2.000 hectáreas de terreno necesarias. Contaba “El País” que “el Gobierno aragonés había encargado un estudio a sus técnicos. Del estudio salieron cinco localizaciones cuyos nombres eran secretos: Villanueva de Sigena, La Almolda, Sena, Valfarta y Ontiñena. La última palabra era de los promotores, que descartaron dos: Sena (no les gustaba su ubicación) y Valfarta (por las granjas de ganado porcino en sus alrededores). ILD encargó al despacho de abogados de Garrigues las gestiones. Los primeros pasos se dieron en Villanueva de Sirena. Fracaso: tres propietarios acumulaban buena parte del suelo y quisieron dar el pelotazo. La segunda estación fue La Almolda. Nuevo fracaso: oposición de ayuntamiento y vecinos. Quedaba así Ontiñena, la quinta opción. En febrero comenzaron las gestiones. El alcalde Ángel Torres (PP) respaldó la operación con 1.300 hectáreas de suelo municipal. Más de 50 vecinos han firmado ya a 9.000 euros la hectárea. ILD utiliza una curiosa fórmula de opciones de compra: paga el 4% de lo acordado por una opción que se renueva cada 8 meses. Así hasta tres renovaciones. ILD apenas se ha gastado 120.000 euros”. Como escribía Luis Gómez (“El País” el 5 de julio de 2009), “a esa euforia inicial siguieron viajes oficiales a Las Vegas, Orlando y París. Actos promocionales donde se habló del proyecto sin concreción. Los canapés y los viajes los pagaba el Gobierno de Aragón. Daba la impresión de que mientras unos gastaban saliva, otros pagaban las facturas”. En ese sentido, “noticias divulgadas acerca de la solvencia de ILD no eran muy halagüeñas-sigue contando Luis Gómez-.Tampoco las referentes a socios radicados en paraísos fiscales u ocultos tras el anonimato de fondos de inversión. Fue muy criticada la negativa de ILD a abrir oficina en Zaragoza”. Finalmente fracasó ese “milagro” aragonés. Fernando López Román, presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo sugiere que, en el caso de haber salido adelante el proyecto Gran Scala, “habría llegado a ser a ser una especie de ciudad privada, sin alcalde ni concejales, con sus propias normas urbanísticas y un ordenamiento jurídico especial. La decisión sobre cualquier licencia la tendría el consorcio”. Todo lo anteriormente expuesto viene a cuento con el proyecto conjunto de Botella y Aguirre para el entorno de Madrid. Para los casinos y todo ese pringue que le acompaña, se buscan terrenos entre la ciudad deportiva del Real Madrid y el aeropuerto de Barajas. Y todo ello impulsado por el Estado, la Comunidad de Madrid y el grupo de Sheldon. Como cuenta hoy Ignacio Escolar en “Público” respecto a ese proyecto madrileño, “si mi negocio va bien, los beneficios son míos; si quiebra, los contribuyentes tendrían que pagar. A cambio de que me reescriban las leyes, me regalen el suelo, me avalen los préstamos, me permitan explotar a mis empleados y me perdonen los impuestos, yo prometo dar trabajo a los nativos. Ya saben, empleo de calidad: camareros mal pagados, crupieres, estafadores, matones, sirvientas para hacer las camas y prostitutas para deshacerlas”. Vamos, algo parecido a lo que los políticos del PSOE y del PAR quisieron para Aragón. Menos mal que no cuajó el proyecto.

Blázquez, otro que tal baila

Cualquiera que me lea pensará que soy un “comecuras” y que sólo pienso en quemar iglesias y en orinar sobre las pilas bautismales. Nada de eso. Soy respetuoso con los creyentes de cualquier religión y no cuestiono sus liturgias. Pero confieso que he dejado de ser considerado con determinados “funcionarios del Cielo” que, además de haber hecho de su vocación su modo de vida, pretenden ser guías de las “buenas costumbres” a su modo de ver y entender, en demasiadas ocasiones con enfoques distorsionados y más ajustados de un rancio nacional-catolicismo tutelado del que todos deberíamos procurar huir en estampida, que de un moderno Estado de Derecho en el que los ciudadanos somos dueños de nuestros destinos. Tales “funcionarios del Cielo” purpurados, que no desean perder sus privilegios ni el control sobre los cuerpos y las almas amparados en un Concordato en vigor que insulta a la inteligencia, se han ganado a pulso mi antipatía. El pasado día 12 de enero escribí en mi blog que el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, tenía un problema serio, que vivía obsesionado con la fornicación. No acabo de entender cómo un obispo, en este caso el obispo de Córdoba, pese a ser célibe, puede llegar a ser un gran experto en temas de sexualidad “organizada y bien conducida”. Ayer, 23 de enero, el foco de mi crítica fue otro pastor de la Iglesia Católica, Jaime Pujol, arzobispo de Tarragona y miembro del Opus Dei, al afirmar en una entrevista en TV-3, refiriéndose a los homosexuales, que “su comportamiento no es adecuado ni para ellos ni para la sociedad”. Tras esa rotunda afirmación por parte de un prelado en ejercicio, a uno se le antoja pensar que la pederastia tampoco es “adecuada” para la sociedad y que, sin embargo, algunos “funcionarios del Cielo” la ejercen mientras otros “funcionarios del Cielo” tapan el delito. Hoy me entero de que un tal Blázquez, como dijera Arzallus, o sea, Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, cuestiona que Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, pueda leer el pregón de la Semana Santa en la ciudad del Pisuerga. Y la razón que expone Blázquez no es otra que su situación matrimonial. Resulta que Sáenz de Santamaría está felizmente casada por lo civil. Blázquez, intentando justificar lo injustificable, ha precisado: “mi apreciación no va más allá de lo que va el Código de Derecho Canónico”. Pero el arzobispo Blázquez, tratando de echar una de cal y otra de arena, ya ha dejado claro que asistirá al pregón de Soraya Sáenz de Santamaría porque su lectura sólo se trata “de un género literario, más que una homilía o un sermón”. Pues nada, señor Blázquez, cuando asista al pregón pucelano, hágase cuenta de que está escuchando un párrafo de “Madrinita buena”, de Rafael Pérez y Pérez.

Jaume Pujol, otro iluminado

El pasado día doce de enero escribía en mi blog que el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, tenía un problema: que vivía obsesionado con la fornicación. También añadía en mi blog de aquel día unas perlas cultivadas de ese pastor de la Iglesia: “La sexualidad desorganizada es como una bomba en la mano”. Y personalmente entendí, y así lo conté, que Demetrio Fernández debía ser un gran experto en temas de sexualidad organizada y bien conducida. Y añadía, sin cortarme un pelo, que “lo que ya no sabemos es si conoce algo sobre la pederastia en el seno de la Iglesia Católica, ese drama silenciado y encubierto por los obispos y las vergonzosas maniobras que éstos realizan para proteger al clero pederasta”. Pues bien, ahora, el arzobispo de Tarragona y miembro del Opus Dei, Jaume Pujol Balcells, en una entrevista en TV-3 ha hecho referencia a los homosexuales. Y ha dicho que “su comportamiento no es adecuado ni para ellos ni para la sociedad”. Y sobre el matrimonio, Pujol ha señalado que “a las mujeres de mi iglesia siempre les digo lo mismo: ‘A quien tienes que cuidar más es a tu marido, él es el hijo más pequeño de la casa’. Ya sabéis por qué lo digo. Lo tienen que cuidar, no se pueden descuidar”. En fin, si el arzobispo de Terragona cree que las mujeres saben por qué lo dice, aquí el corto de entendederas soy yo, que no me entero. Creía saber algo sobre el complejo de Edipo positivo, no mucho, pero Freud definió tal enredada cuestión como el deseo inconsciente de mantener una relación sexual (incestuosa) con el progenitor del sexo opuesto y de eliminar al padre del mismo sexo (parricidio). Más o menos, que tampoco estoy revolcado en el merengue del psicoanálisis. Pero afirmar, como afirma Jaume Pujol Balcells, que “las mujeres deben cuidar más a sus maridos por ser los hijos más pequeños de la casa”, se me antoja como un triple salto mortal al vacío de un arzobispo que consulta en sus ratos de asueto, que deben ser muchos, el oráculo de Delfos. Lo del comportamiento de los homosexuales “inadecuado para ellos y para la sociedad” podría tener indicios de certeza siempre y cuándo el arzobispo de Tarragona explicase el por qué. Mientras no lo explique y lo aclare, sus declaraciones carecen de rigor. Este arzobispo, que desde 1992 compaginó determinadas tareas universitarias con el asesoramiento a la Conferencia Episcopal Española, no sé todavía si sigue a rajatabla las directrices del “establishment opusino” o los criterios de Aquilino Polaino, también miembro numerario del Opus y médico psiquiatra. En cierta ocasión, Polaino fue invitado por el PP al Senado como experto en homoparentalidad; y allí contó a los senadores presentes que “los gays son hijos de padres hostiles y alcohólicos”. Dios nos libre de estos iluminados.

Perder los papeles

Izquierda Unida pretende que se despenalicen las injurias contra la Corona, tipificadas en el artículo 490.3 del Código Penal. A mi entender, en el hecho improbable de que se despenalizasen tales injurias a la Corona, quedaría en vigor la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, en sus artículos 205 a 207 sobre la calumnia; los artículos 208 a 210 sobre la injuria; y los artículos 211 a 216 sobre disposiciones generales sobre ambas, cuando se reputen con publicidad en los medios de comunicación hablados o escritos. A mi entender, la pretensión que pudiera abrigar cualquier ciudadano de poder injuriar a la Corona de forma impune me parece propio de alguien que hubiese perdido los papeles o mereciera recibir un correcto tratamiento psiquiátrico. Pero si tal pretensión partiese, como parece ser el caso, de un partido político con representación parlamentaria el asunto se entiende como más grave. Nadie en su sano juicio y en el ámbito de un Estado de Derecho acierta a comprender las razones de IU para pretender despenalizar tales injurias. Sostiene IU –según leo en “El Periódico”- que “la sanción penal de las injurias contra la Corona no sólo es desproporcionada, sino que afecta a los fundamentos básicos del sistema democrático, por cuanto supone una agresión a la libertad de expresión”. Hombre, mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Nadie puede ir por la calle lanzando injurias al primer peatón con el que se cruza en su camino. Porque, de hacerlo, pueden ocurrir dos cosas: que denuncie esa afrenta en la comisaría de policía más próxima, o que reciba un par de bofetadas in situ. Dependerá de cómo le pille el cuerpo al agraviado. Todo ciudadano merece respeto y consideración. La Corona, también.