Siembra de humo

En diciembre de 2007, dijo Marcelino Iglesias, entonces presidente de la Diputación General de Aragón: “Gran Scala va a ser el escaparate de Aragón ante el mundo, el relevo de la Expo”. Corría el cava como si les hubiera tocado la lotería. Natalia Junquera, en “El País”, escribía aquel 13 de diciembre: “De la arena surgirán 32 casinos, 70 hoteles, 232 restaurantes, 500 comercios, un campo de golf, un hipódromo, una plaza de toros, un cámping, réplicas de las pirámides egipcias, de los templos romanos y hasta una del Pentágono que servirá de hotel para Spyland, un parque temático sobre el espionaje. Se llamará Gran Scala y necesita una inversión de 17.000 millones de euros para convertir el desierto en una tierra de espías y tragaperras. Es más del doble de lo que se invirtió en Barcelona para los Juegos Olímpicos de 1992 y casi cinco veces el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente en 2007. Será el segundo complejo de casinos más grande del mundo tras Las Vegas”. José Ángel Biel, vicepresidente del Gobierno de Aragón, estaba como chico con zapatos nuevos. Un grupo de 12 inversores extranjeros promotores del proyecto, bajo las siglas de ILD, sabían que no iban a encontrar obstáculos para que el Gobierno de Aragón modificase la ley del juego, recalificara 2.025 hectáreas de terreno, llevara agua, tendido eléctrico y redes de saneamiento hasta Los Monegros El Gobierno aragonés y los promotores confíaban en llenarlo con 25 millones de visitantes por año a partir de 2015, es decir, más de la mitad del total de turistas que recibió España en 2006. El problema era dónde adquirir las 2.000 hectáreas de terreno necesarias. Contaba “El País” que “el Gobierno aragonés había encargado un estudio a sus técnicos. Del estudio salieron cinco localizaciones cuyos nombres eran secretos: Villanueva de Sigena, La Almolda, Sena, Valfarta y Ontiñena. La última palabra era de los promotores, que descartaron dos: Sena (no les gustaba su ubicación) y Valfarta (por las granjas de ganado porcino en sus alrededores). ILD encargó al despacho de abogados de Garrigues las gestiones. Los primeros pasos se dieron en Villanueva de Sirena. Fracaso: tres propietarios acumulaban buena parte del suelo y quisieron dar el pelotazo. La segunda estación fue La Almolda. Nuevo fracaso: oposición de ayuntamiento y vecinos. Quedaba así Ontiñena, la quinta opción. En febrero comenzaron las gestiones. El alcalde Ángel Torres (PP) respaldó la operación con 1.300 hectáreas de suelo municipal. Más de 50 vecinos han firmado ya a 9.000 euros la hectárea. ILD utiliza una curiosa fórmula de opciones de compra: paga el 4% de lo acordado por una opción que se renueva cada 8 meses. Así hasta tres renovaciones. ILD apenas se ha gastado 120.000 euros”. Como escribía Luis Gómez (“El País” el 5 de julio de 2009), “a esa euforia inicial siguieron viajes oficiales a Las Vegas, Orlando y París. Actos promocionales donde se habló del proyecto sin concreción. Los canapés y los viajes los pagaba el Gobierno de Aragón. Daba la impresión de que mientras unos gastaban saliva, otros pagaban las facturas”. En ese sentido, “noticias divulgadas acerca de la solvencia de ILD no eran muy halagüeñas-sigue contando Luis Gómez-.Tampoco las referentes a socios radicados en paraísos fiscales u ocultos tras el anonimato de fondos de inversión. Fue muy criticada la negativa de ILD a abrir oficina en Zaragoza”. Finalmente fracasó ese “milagro” aragonés. Fernando López Román, presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo sugiere que, en el caso de haber salido adelante el proyecto Gran Scala, “habría llegado a ser a ser una especie de ciudad privada, sin alcalde ni concejales, con sus propias normas urbanísticas y un ordenamiento jurídico especial. La decisión sobre cualquier licencia la tendría el consorcio”. Todo lo anteriormente expuesto viene a cuento con el proyecto conjunto de Botella y Aguirre para el entorno de Madrid. Para los casinos y todo ese pringue que le acompaña, se buscan terrenos entre la ciudad deportiva del Real Madrid y el aeropuerto de Barajas. Y todo ello impulsado por el Estado, la Comunidad de Madrid y el grupo de Sheldon. Como cuenta hoy Ignacio Escolar en “Público” respecto a ese proyecto madrileño, “si mi negocio va bien, los beneficios son míos; si quiebra, los contribuyentes tendrían que pagar. A cambio de que me reescriban las leyes, me regalen el suelo, me avalen los préstamos, me permitan explotar a mis empleados y me perdonen los impuestos, yo prometo dar trabajo a los nativos. Ya saben, empleo de calidad: camareros mal pagados, crupieres, estafadores, matones, sirvientas para hacer las camas y prostitutas para deshacerlas”. Vamos, algo parecido a lo que los políticos del PSOE y del PAR quisieron para Aragón. Menos mal que no cuajó el proyecto.