Adiós a los jueces de paz

Un anteproyecto de la Ley del Poder Judicial pretende suprimir la figura de juez de paz, cuya Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, regulaba sus funciones. Los jueces de paz en los pueblos pequeños solían resolver conflictos de poco calado entre vecinos. De tan poco calado que, como decía La Codorniz en  su sección “La cárcel de papel”, “al ser considerados delitos de menor cuantía, no es necesario que pasen a la jurisdicción de más altos y severos organismos”. En fin, los jueces de paz se habían convertido en “corresponsales” de los juzgados en aldeas y pueblos. Y a éste juez de paz le derivaban desde los juzgados existentes en las cabezas de Partido papeles de la más diversa índole para que los firmase aquel vecino cuya presencia se requería en los juzgados de instrucción, con señalamiento de día y hora, en calidad de testigo, demandado, etcétera. Si el asunto era más serio no aparecía por su casa el juez de paz sino la pareja de la Guardia Civil con el acharolado barbuquejo caído sobre la barbilla, que se encargaba de conducirle hasta el juez instructor debidamente esposado. Yo he visto a un juez de paz, en su exceso de celo, transportar el cadáver de un fallecido en carretera hasta la losa de las autopsias del cementerio en un carretillo de albañilería una vez que se había autorizado su levantamiento. Hombre, para esas cosas no está un juez de paz, de la misma manera que un presidente de comunidad de vecinos no están en el cargo para reponer las bombillas fundidas de los rellanos. Pues bien, esas corresponsalías, como era la que ostentaba el juez de paz, también las tenían las diversas entidades bancarias establecidas en las cabeceras de comarca. En todos los pueblos, por pequeños que fuesen, había un señor de bigote y con aspecto de haber hecho cursillos de Cristiandad que, además de llevar las cuentas del Sindicato de Riegos, de la Hermandad de Labradores y de ejercer de barbero y sangrador cuando su tiempo libre se lo permitía, llamaba a las aldabas de las puertas de los vecinos para cobrarles la letra del Banesto o del Hispamer, por la compra de un tractor en la FIMA, o de un televisor de 19 pulgadas que habían adquirido en cómodos plazos para ver Bonanza, los partidos de fútbol y los telediarios. Pero, todo sea dicho, el juez de paz era un hombre de honestidad demostrada; que, junto al alcalde y el sargento de la Guardia Civil presidía las procesiones y los actos oficiales en las fiestas patronales, adonde acudía provisto de bastón de mando como símbolo de poder. El bastón de mando no es un adorno. Es una insignia que nadie, ni alcalde ni juez de paz, deben entregar al primer personaje relevante que llega a su pueblo en visita oficial. En suma, Ruiz-Gallardón desea terminar con la figura del juez de paz no sé si por ahorrar gastos judiciales o por haber quedado obsoleta. Es lo justo.

El tocho infumable de la nueva monja de las llagas laica

Jesús Cacho, en Vozpópuli, al hacer referencia a los más de 10.000 aforados existentes en España (“una más de las cosas que chirrían en esta democracia de baja calidad”), comenta la proposición de aforamiento que hace el Gobierno para la Reina y los Príncipes de Asturias. Y por aquello de ir por atún y ver al duque, Cacho entiende que  el aforamiento a la Reina será por “pura cortesía” y que “el aforamiento de los Príncipes es apenas un entremés sin mayor importancia comparado con la operación que tras las bambalinas se está pergeñando en torno a la figura del Rey Juan Carlos I”. (…) “Esta inviolabilidad –dice Cacho- ha sido argumentada como el más serio obstáculo, y no precisamente baladí, que se yergue frente a una eventual abdicación del rey en la persona de su hijo”. (…) “¿Cómo evitar que, en caso de abdicación, cualquier ciudadano acuda un día al juzgado de guardia para interponer denuncia contra el ahora Rey por el cobro de tal o cual comisión en tal o cual país u operación?”. La solución parece estar en una Ley de Abdicación que todavía no existe y que blindaría de por vida los actos del Rey cuando dejase de ser Jefe del Estado, de acuerdo con el Título II, Artículo 56, punto 3 de la Constitución. Pero ahora, cuando la salud del monarca parece que está estabilizada a excepción de su problema de cojera, aparece el libro de Pilar Urbano (“esta especie de nueva monja de las llagas laica”, como la define Cacho) señalando entre otras cosas que “para Suárez está clarísimo ya en ese momento que la Operación Armada nace en Zarzuela y que el alma es el Rey: que don Juan Carlos es el muñidor para que Armada sea el presidente de un gobierno de concentración. Incluso que el mismo Rey conocía el Gobierno que el golpista tenía preparado. La Operación Armada nació en La Zarzuela y que el Elefante Blanco era el Rey”. Pero, claro, Suárez ya no puede afirmar lo que cuenta Urbano ni decir lo contrario. Andrés Casinello debería explicar lo que sabe, que algo sabrá, si consideramos que era por aquellos días responsable del CESID, de la misma manera que algo debía saber por aquellos días la Embajada de los Estados Unidos en España, desde el momento que los hijos de los militares americanos residentes en Torrejón de Ardoz recibieron instrucciones para que no acudiesen aquella jornada al colegio.

El celibato, a veces...

Solía contar Amando de Miguel que el secreto de que la Iglesia Católica permanezca después de dos milenios se debía al celibato, que impide ceder el cargo de padres a hijos. Por otro lado, como recordaba Josep-Vicent Marqués en un artículo publicado en El País en los años 80, “si todos los sacerdotes son célibes por obligación, todos son presuntamente heretosexuales” y nunca, por tanto, se cuestionaba su hombría, de la misma manera que a todos los reclutas y soldados de mi época “el valor se les suponía”, como constaba en la “verde”.  Pero la presunción, que yo sepa, no es cosa distinta al hecho de presumir. Se da presunción de inocencia por parte de la Ley cuando no existe prueba en contrario. En España, mientras no esté probado otra cosa en los Tribunales de Justicia, todos los ciudadanos somos presuntos inocentes, por mucho que las presunciones de culpabilidad, sobre todo en la clase política, hayan adquirido rango de notoriedad. “El dinero público no es de nadie”, se atrevió a decir a los medios una ministra sin que fuese cesada de inmediato por el presidente del Gobierno. Son tan habituales ya las presunciones de culpabilidad a la hora de las corruptelas y de  meter mano en el cajón del dinero público que no nos causa abatimiento. Y alguno de esos defraudadores, y estoy pensando en uno de Valencia amante de los crucifijos, que todavía pretende ser indultado por el Consejo de Ministros. ¡Qué sinvergüenza! Pero el celibato, y a eso iba, es algo que no sucede con los reinos, donde al monarca, tras su muerte o abdicación, es sucedido en esa alta función de Estado uno de sus hijos de forma automática; y si éste fuese menor de edad, el país quedaría en manos de la regencia, representada en la persona de su madre. Un ejemplo práctico: si Felipe de Borbón ya reinase con el nombre de Felipe VI y, Dios no lo quiera, falleciese en accidente aéreo, al ser menor de edad su hija Leonor, Letizia Ortiz Rocasolano se convertiría en regente de España hasta esa mayoría de edad. Y a mí, señores, dicho sea con los mayores respetos, esa idea no me gusta nada. La obligación principal de la consorte del rey, o del consorte de la reina, es tener hijos para que la dinastía continúe. Justo lo contrario sucede con la jerarquía católica. El caso de Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena puede servir de ejemplo de lo que nunca debió ser. Y menos aún la restauración borbónica en el caso de su padre. Juan Prim murió convencido de que la Casa de Borbón nunca más volvería reinar en España tras la expulsión de Isabel II en 1868. Pero se equivocó con la “importación” de un italiano, hijo segundo de Víctor Manuel II, al que por horas no llegó a ver reinar, ya que desembarcó en el puerto de Cartagena el mismo día de su muerte (30 de diciembre de 1870), y que duró en el Trono poco más de dos años, es decir, más o menos el tiempo que reinó su nieto Aimón, en Croacia (1941-43) con el nombre de Tomislav II. Ahora una periodista afecta al Opus Dei –no daré su nombre aunque me aspen- saca a la luz un libro editado por Planeta donde intenta relacionar a Juan Carlos I con Alfonso  Armada en los días previos al 23 de febrero de 1981. Y, ¡qué casualidad!, el libro aparece una vez fallecido Adolfo Suárez. Ningún ciudadano serio dará crédito a esas gratuitas “afirmaciones”, pero el libro se venderá como rosquillas. No cabe duda de que se haría la luz sobre muchas dudas si los documentos sobre el intento de golpe de Estado se desclasificaran ya, sin tener que esperar 50 años, aunque sólo fuese por conocer la trama civil que cooperó con aquel acto insensato. Tampoco parece que guste a buena parte de la ciudadanía la decisión del Gobierno de aforar a la Reina y a los Príncipes de Asturias, por constituir una regresión democrática. Poner la venda antes de que se produzca la herida no trae cuenta. Y eso, tanto Mariano Rajoy como el ministro Ruiz-Gallardón debería saberlo, salvo que estemos gobernados por unos pardillos que sólo saben dar palos de ciego.

Tontos del haba

Pascual Miguel ha recopilado un extenso rol de agravios que se decían en Aragón. Uno de ellos es el de “tontolaba”. Señala Miguel, en una entrevista que le hace Joaquín Carbonell en El Periódico de Aragón, que tontolaba “viene de la famosa costumbre de los roscones, que contenían un haba. Al que le tocaba el haba, tenía que pagar el roscón”. Si aplicamos ese antiguo arte del escarnio al resto de los españoles, no sé de qué manera nos llamarán los políticos que conforman el gobierno Rajoy, si tenemos en cuenta que a todos nosotros nos tocará pagar el “roscón” de ese dinero prestado a los bancos y cajas de ahorro por el FROB y que ya sabemos que nunca devolverán. No es lo mismo pagar un roscón que hacernos cargo de una deuda de 36.000 millones de dinero público, o sea, el grueso del dinero entregado en el rescate. Aquí el haba del roscón tiene su importancia. Las cajas de ahorro quebradas recibieron 61.366 millones, cantidad de la que los contribuyentes hemos puesto 53.482 millones (incluidos los de la troika). Los otros 7.884 millones los aportaron las entidades financieras a través de los Fondos de Garantía de Depósitos. Ojalá sólo fuésemos unos “tontos del haba”. Algunos intelectuales de secano entienden que los tontos del haba fueron los hermanos de las Cofradías de las Ánimas de la Puebla de don Fadrique, en la provincia de Granada, que tomaron para sí una broma que traían las quintas de los Tercios de Flandes. Por Navidad se confeccionaba un roscón con un haba dentro. Y al que le salía era nombrado tonto del haba durante unas horas, tiempo durante el que podía mandar a su antojo. Pero ese no es nuestro caso.

Sopa de ganso

La prepotencia demostrada por determinados militantes, muchos de ellos con cargos de importancia, del Partido Popular es manifiesta. Esperanza Aguirre, presidenta del PP madrileño ha cometido esta tarde una presunta falta grave de desprecio a la Autoridad. Al estar mal aparcada en la madrileña Plaza de Callao, una pareja de la policía local le ha solicitado la documentación y el permiso de conducción para proceder a multarla. Pero ella quería marcharse de rositas y, al no conseguirlo, a mitad del trámite arrancó su vehículo y derribó la moto de uno de los agentes. Varios coches de la Policía Local la siguieron hasta su domicilio y Aguirre hizo caso omiso a los agentes que le ordenaban que parase de inmediato, hasta llegar al garaje de su domicilio y encerrar el coche. Al poco, aparecieron dos guardias civiles, que custodiaban su vivienda y pretendieron que los agentes de la Policía Local que la perseguían hiciesen un “parte amistoso de accidente”, pero ellos, con dignidad demostrada, se negaron, pero no consiguieron que la Dama de Bombay saliera de su domicilio ante los requerimientos de los agentes. Según cuenta El País, los agentes “se fueron a la mutua laboral para ser atendidos por una crisis de ansiedad. A continuación, se han dirigido a la comisaría a denunciar los hechos”. A mi entender, los miembros de la Guardia Civil que custodian su vivienda deberían haberse puesto al lado de la Ley, en este caso de los agentes de la Policía Local, ayudándoles en el ejercicio de su trabajo. No fue así y, en consecuencia, pediría para ellos que fuesen expulsados del Cuerpo por ese, a mi entender, acto de negligencia. Y ahora viene la pregunta: ¿De haber sucedido esos hechos con un ciudadano del común, no hubiese sido detenido de inmediato? ¿No se le hubiese hecho la prueba de alcoholemia? La Justicia debe ser igual para todos. Aquí no caben fisuras. De ser cierto lo ocurrido con Esperanza Aguirre, como primera medida, esa señora, por llamarle de alguna manera, debería dimitir de su cargo político de inmediato. Además de ello, debería ser procesada por una falta grave de resistencia a la Autoridad. Esperanza Aguirre está acostumbrada a las huídas de estampida, como ya se pudo comprobar en Bombay en 2008, cuando salió corriendo del hotel en el que se alojaba ataviada con unos ridículos calcetines, amilanada por un ataque terrorista y dejando atrás parte de la comitiva de eurodiputados que la acompañaba, entre ellos el director de la delegación, Ignasi Guardans. Además, esa señora es gafe. Y ya sabemos lo que sucede con los gafes, que las malaventuras sólo se producen en aquellos que les acompañan. Ellos, los gafes, siempre salen indemnes ante cualquier situación desafortunada. Pues bien, si ridícula fue la espantada en Bombay de esa discípula aventajada del Capitán Araña, más chocarrero fue el accidente de helicóptero en el ruedo de la plaza de toros de Móstoles el 1 de diciembre de 2005, al intentar tomar altura con 159 kilos de sobrepeso. En aquella ocasión, con aquel vuelo frustrado, más propio de unas viñetas de Roenueces y del mago Don Pirulo que de un acto político serio, a punto estuvo la Dama de Bombay de “estontonar” (como dicen los de Zamora) a Mariano Rajoy; al que, desde entonces, se le ha quedado cara de julepe.

Dietas subvencionadas

Don Mariano Ossorio, marqués de la Valdavia, decía (y de eso ya dejé constancia en “La gran familia”, el 1 de febrero de este año) que había dos cosas que encantaban a los españoles: “Los toreros valientes y las mujeres gordas”. Pues bien, ahora resulta que el zaragozano Hospital Miguel Servet busca 75 mujeres voluntarias que estén de acuerdo en seguir un régimen dietético de adelgazamiento. La Seguridad Social, que se inventó el repago y que pretende cobrar por acudir a urgencias, ensaya ahora que nuestras rollizas mujeres prueben tres tipos de dieta distintas. El estudio, respaldado por el Comité Ético de investigación Clínica de Aragón, está financiado por la Unión Europea. Ya ven. Hasta ahora, la UE daba dinero a España para trazar autovías y para que los agricultores no sembraran. Con que diesen una reja de arado a su campo en erial, o plantasen girasoles que nunca recolectaban era motivo suficiente para pasar por taquilla. Pero ahora la UE pretende que las mujeres gordas sólo sean esas alemanas que forman parte de su patrimonio, que se ven en la Munich-Oktoberfest  y que se ríen no sabemos de qué al ritmo cateto del “Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier, drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib ich hier”, mientras los alemanes se meten entre pecho y espada enormes jarras de cerveza (las allí llamadas maßkrüge) y comen rosquillas y salchichas de cerdo hasta el hartazgo. Una canción, esa, que deberían ir conociendo los muchachos españoles, todos muy bien preparados, dicho sea de paso, para cuando les toque ir a Alemania por poder comer caliente. Según los dietistas, una alimentación normal suele estar compuesta por un porcentaje del 15% de proteínas, que ayudan a perder peso. Pero los españoles parece que no entienden de porcentajes a la hora de comer. La crisis económica es culpable de que muchas familias, donde incluyo abuelos, padres e hijos en la misma mesa, se alimenten con un plato único de macarrones un día sí y otro también. Es decir, que la crisis, por si lo desconoce la Europa de la Merkel que paga el estudio, es responsable de que en la mesa del pobre haya pocas proteínas y muchos hidratos de carbono. Otros españoles, cada día más, toman las proteínas que sacan cada anochecida de los cubos de basura de los supermercados. Esos puede que estén más desecados, que tampoco lo sé. A algunos de ellos ya se les clarea la raspa.

Mal uso, ¿de qué?

El presidente de la Organización Médica Colegial, un tal Juan José Rodríguez Sendín, aspira a que se cobre a los ciudadanos que hagan mal uso “consciente y voluntario” de los servicios médicos en urgencias. Vamos a ver: cuando un ciudadano se encuentra mal, lo primero que hace es acudir a un centro médico para que le atiendan. El ciudadano acude voluntariamente y es consciente de que algo no va bien en su organismo, pero ignora si su problema de salud es grave, menos grave o leve. Ello deberá evaluarlo el médico que le asista. Y el tal Juan José Rodríguez Sendín pone algunos ejemplos de lo que él entiende como “mal uso”: una herida en una rodilla, una picadura de mosquito, un grano en la nariz o un niño con mocos. Pues hombre, no sé. Depende como sean la herida, la picadura, el grano o los mocos. La herida puede producir tétanos, la picadura de un mosquito puede contagiar el paludismo, un grano en la nariz dependerá de cómo sea y en qué parte esté situado, y abundancia de mucosa nasal puede ser síntoma de un proceso catarral importante. Pero, aparte de todo ello, Rodríguez Sendín debería saber que el ciudadano tiene derecho a la Seguridad Social, que para eso le descuentan en la nómina todos los meses una cantidad importante y, además de ello, hace un “repago” importante en las oficinas de Farmacia cada vez que acude para que le expendan el fármaco recetado. Rodríguez Sendín, además de ser de Vitigudino y médico de familia, es defensor de la deontología médica y de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. La deontología médica es el conjunto de principios y reglas éticas que han de guiar la conducta profesional del médico y el incumplimiento de esos principios constituye una falta disciplinaria. Y entre esos principios están la beneficencia, la autonomía, la justicia y la no maledicencia. Entonces, ¿en qué quedamos? El Sistema Nacional de Salud no se hunde porque el ciudadano acuda a urgencias, sino por otras causas de mayor calado y largas de explicar. Para aquel que esté interesado, le remito al Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de ese Sistema y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (BOE, número 98, de 24/04/2012, pp, 31278 a 31312).