¿De quién es el dinero público?

Marcelino Iglesias hace mutis por el foro ante los recortes que el Ministerio de Fomento piensa llevar a cabo en Aragón. Sabe que no va a continuar presidiendo la Diputación General, pertenece a la Ejecutiva Federal del PSOE y su desdén es hasta cierto punto “comprensible”. No sé si se habrán fijado, por otro lado, la aparente insensibilidad que están demostrando los empresarios que tenían contratos de obra civil firmados, ante los recortes que se les vienen encima, con obras paralizadas y abundante número de personas a punto de ser despedidos. A mí me parecía chocante que no hicieran públicos alardes de indignación. Hasta que he dado con el quiz. Esos empresarios con contratos firmados no sufren lo más mínimo. La obra se paraliza, los trabajadores se marchan a las filas del INEM; y los empresarios, más galanes que Mingo, saben que aunque no se ejecuten las obras, recibirán el veinte por ciento de las cantidades presupuestadas. Un maná que les caerá del cielo y a vivir, que son dos días. Ese veinte por ciento de cada una de las obras paralizadas en Castilla y León, Aragón, Cantabria y Cataluña (se rescinden 32 contratos, 18 de ellos definitivamente, y se aplazan otros 199), significa una suma tremenda de dinero que ha de salir de las arcas del Estado. En este sentido, Marcelino Iglesias ha comentado a los medios que Aragón está pasando un momento “delicado”. Otro aragonés, el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán, han explicado que se trata de “un paréntesis” y que Fomento ha aplicado “criterios objetivables”. Y ha abrochado su intervención aclarando que “hay obras que casi no están comenzadas”. Lo que no ha dicho Morlán es que habrá que pagar a los empresarios el porcentaje señalado sin arriesgar nada. O sea, los “criterios objetivables” deben de ser los mismos que los criterios utilizados por la ministra de Cultura, Carmen Calvo Poyato, cuando le espetó al senador Juan Van-Halen que “el dinero público no es de nadie”.