El chantaje de la Iglesia

Celebro que el Tribunal Constitucional haya fallado a favor de la profesora de Religión Resurrección Galera Navarro. Lo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras es que el Arzobispado de Almería prohíba a esta señora dar clases de Religión por el hecho de que se haya casado con un señor divorciado. Para el Obispado, según se desprende de este litigio ahora fallado a favor de la profesora, no era “coherente” su matrimonio con la doctrina católica y, en consecuencia, le comunicó en mayo de 2001 que no podría impartir clases al año siguiente. La igualdad y la intimidad personal y familiar se la habían pasado, tanto el Obispado como el Ministerio de Educación, que inexplicablemente había hecho caso al Obispado en lo referente al curso siguiente, por el forro de los cataplines. Ante la demanda de la señora Galera, también inexplicablemente, tanto el Juzgado de lo Social número 3 de Almería como la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (en recurso de súplica) determinaron que no hubo despido, sino simple conclusión del contrato anual por vencimiento del tiempo convenido. En ese sentido, el TC señala que “la motivación religiosa de la decisión del Obispado de no proponer como profesora para el siguiente curso no justifica por sí sola la inidoneidad sobrevenida de la demandante para impartir la enseñanza de religión y moral católicas”. El TC argumenta, zanjando así el asunto, que su matrimonio por lo civil con un divorciado "no guarda relación con la actividad docente desempeñada por la demandante, pues no afecta a sus conocimientos dogmáticos o a sus actitudes pedagógicas". En un reciente artículo, “Lo que se avecina”, Ian Gibson decía entre otras cosas: “¿Cuándo habrá por fin una Iglesia española sosegada, culta, dialogante, humilde, tolerante, más parecida a la francesa? ¿Cuándo una separación real entre ella y el Estado? ¿Por qué tenemos que apoyarla económicamente los que no estamos conformes con sus dogmas y sus comportamientos, y que recordamos su promesa de ir resueltamente hacia la autofinanciación? ¿Por qué no la sostienen sus propios fieles?”. Es curioso: en España los obispos eligen a los profesores de Religión y el Estado corre con los gastos. Y todo ello por esa rémora de unos acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede firmados el 3 de enero de 1979, recién aprobada una Constitución donde se señalaba que España es un Estado aconfesional. Parece increíble que ningún gobierno democrático se haya atrevido hasta el momento a denunciar ese nefasto Concordato firmado en su día por Marcelino Oreja y que, más que un acuerdo para regular los intereses en sus relaciones, es lo más parecido a un chantaje del tamaño de King Kong.