Ayer, 20 de octubre

Ayer, 20 de octubre, a un mes justo de los comicios en España, tres noticias ocuparon los medios: el anuncio del cese de la actividad armada de ETA; el asesinato de Gadafi por las fuerzas rebeldes de Libia; y la destitución de Luis del Rivero como presidente de Sacyr Vallehermoso. De todas ellas, la primera noticia es la que más nos afecta. Ahora sólo falta conocer qué pretende la izquierda abertzale cuando manifiesta que España y Francia deben llegar “a un acuerdo democrático” una vez conocida la decisión de la banda terrorista. ¿Un acuerdo democrático? ¿Acaso ya nadie se acuerda de la ruptura de la tregua en noviembre de 1999? ¿Acaso hemos olvidado otra ruptura, la explosión de la T-4 en el Aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006? ¿Podemos fiarnos de una pandilla de gángsteres? Tanto el sentido común como la amarga experiencia marcan el camino de que no se debe jamás negociar en un Estado de Derecho con unos asesinos responsables directos de la muerte de 829 ciudadanos y de incontables mutilados. El hecho de que la banda asesina manifieste a través de unos encapuchados que cesa en la actividad armada no debe servir de consuelo al pueblo soberano si antes de mover ficha, como hizo ayer asfixiada por su extrema debilidad, no pide perdón a los huérfanos y a las familias directas de 203 guardias civiles; 146 policías nacionales; 98 miembros del Ejército; 24 policías locales; 13 ertzaintzas; 1 mosso d’Escuadra; 1 policía francés; y 343 civiles. Esa organización terrorista no está en condiciones de negociar nada con las Instituciones del Estado. Para que pueda haber inicios en su credibilidad, la banda debe dejar de exigir de inmediato el “impuesto revolucionario” a empresarios vascos y navarros, quitarse la capucha, entregar las armas y los explosivos a la Guardia Civil y entregarse a la Justicia. Vamos, el mismo protocolo exigible desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier situación indeseable tipificada en el Código Penal.