El artículo 56.3 de la Constitución señala que “La persona del Rey es inviolable”. Ello quiere decir que su persona no está sujeta a responsabilidad, ya que tiene inmunidad penal por actos tipificados. Hasta aquí nada que objetar. Pero esa inviolabilidad, que yo sepa, no afecta al resto de los miembros que componen la Casa Real. Ello viene a cuento con algo que se comenta estos días con sordina, quizás para evitar que el pueblo soberano -asfixiado por los impuestos y las hipotecas, además de estar desesperado por la falta de empleo y por lo negro que se presenta el panorama económico- monte la de Dios es Cristo, que ganas no le falta. Veamos: comenta Jaime Peñafiel en el periódico digital “República de las ideas.com”, que dirige Carolina G. Cortines con acierto, que “Es la primera vez que un miembro de la Familia Real española, pueden ser dos, aparece implicado en un tema de corrupción”, refiriéndose al yerno del Rey, Ignacio Urdangarín Liebaert, y, “presuntamente, de una hija, la infanta Cristina de Borbón y Grecia, como secretaria del consejo de administración de la empresa ‘malversadora’ Aizoon. (…) Al parecer, la famosa empresa Noos -sigue contando Peñafiel- se utilizaba para otros fines, presuntamente, injustificados que no injustificables, con presupuestos falsos, falsas facturas, conceptos genéricos, compra de inmuebles en Tarrasa y sospecha de importes inflados y conceptos inexistentes”. Ni quito ni añado nada. Me limito a transmitir lo que señala un periodista de prestigio bajo el epígrafe “No sólo es Ignacio, también Cristina”. Pero, de confirmarse tales noticias, sería de justicia que la Ley cayera con todo su peso sobre aquel, o aquellos, que se la han saltado a la torera. En una Democracia no pueden existir ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. En una Democracia Parlamentaria, como es la española, no es admisible que alguien, por todo el papo, se vaya de rositas. O jugamos todos, o se rompe la baraja.
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