jueves, 11 de septiembre de 2014

Un día para olvidar





Diez de septiembre. La prensa de papel gasta ríos de tinta y llena portadas con motivo de la muerte de Emilio Botín. Y algunos, como Prisa, le dedican más espacio a ese óbito inesperado que a la coronación de Felipe VI. Se comprende, dadas las circunstancias por las que atraviesa el grupo editorial. Botín fue el último virrey, el amo de la cuerda de trenzado. Y como en las monarquías que todavía quedan en pie como un lastre de la Edad Media, no sé si en los virreinatos, a rey muerto, rey puesto. No se han esperado ni veinticuatro horas para que el consejo de administración del Grupo Bansander utilizase los mecanismos de ajuste con el nombramiento de su hija Ana Patricia, a la que le gusta que le llamen “presidente”. Será porque la Banca, como el brandy Fundador, siempre fue cosa de hombres.  También ayer, Ana Botella contaba que no desea presentarse a la Alcaldía de Madrid. Ha hecho bien en tomar esa decisión. Seguro que no hubiese repetido cargo. Tampoco fue elegida. Simplemente, al ir segunda en la lista por agradar a Aznar y mantener vigoroso el egocentrismo de su mujer, esa dama sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón cuando fue nombrado ministro de Justicia. Pero su breve etapa de mandato madrileño ha hecho bueno el Principio de Peter sobre los niveles de incompetencia. Algo semejante a lo que aconteció en Zaragoza con Antonio González-Triviño cuando murió Ramón Sáinz de Varanda, o a José Atarés cuando Luisa Fernanda Rudi fue nombrada presidenta del Congreso de los Diputados. Segundas partes nunca fueron buenas. Y conocíamos ayer, además,  que la Abogacía del Estado, en un escrito de 27 páginas, salía en defensa de Cristina de Borbón, donde señalaba que “el hecho de ser cónyuge de un defraudador a la Hacienda Pública no convierte a uno en partícipe de esa defraudación”. Hombre, contado así, parece evidente. Pero si se hace referencia al caso Nóos y a la copropiedad en Aizoon, donde la infanta firmaba actas de las juntas generales, todo apunta a que las cosas fueron de otra manera. También señalaba la Abogacía en su escrito que “para acusar de un delito contra Hacienda se requiere una participación activa, consciente y dolosa”. Contado así, también parece evidente. Pero “la cooperación silenciosa” y “la ignorancia deliberada”, según mantiene el juez Castro en sus 227 folios en su segunda imputación a la infanta (19 folios en la primera), no son precisamente virtudes teologales ni obras de misericordia, que son la disposición a compadecerse de los trabajos y de las miserias ajenas. Cuando salió el auto de imputación, el abogado Jesús Silva declaró que la infanta firmó los papeles “porque estaba enamorada” y días más tarde, el fiscal Pedro Horrach acusó al juez Castro de conspirar contra Cristina de Borbón. Dijo Pascal que “el amor tiene razones que la razón no comprende”. Pero aquí también puede valer aquello de su apuesta, la “Apuesta Pascal”, para el ciudadano Urdangarín: Si vous gagnez, vous gagnez tout; si vous perdez, vous ne perdez rien”. O sea, si gano, que me quiten lo bailado; y si pierdo, que me libre de la cárcel el Consejo de Ministros.

martes, 9 de septiembre de 2014

Revestimiento lubricante



Dave Smith y un grupo de ingenieros se han devanado los sesos hasta conseguir el LiquiGlide, un  revestimiento lubricante no tóxico que se adhiere a las paredes de los frascos de ketchup y de mayonesa y que es capaz de extraer hasta las últimas gotas  en ellos contenidas. Parece una tontería, pero tal lubricante es capaz de ahorrar hasta un millón de toneladas de ese producto que siempre queda en el interior del frasco que y tiramos a la basura. A mí se me ocurre que, posiblemente, el señor Smith se habrá fijado en la técnica de los supositorios Rovi contra el estreñimiento hasta dar en el chiste, o en la vaselina boricada Brum, que ayuda lo suyo en ciertas penetraciones que no voy a explicar aquí, pero que por una ingestión accidental también puede producir erupciones eritematosas de difícil manejo clínico. Al señor Smith y su combo de ingenieros, a los que imagino como a los miembros de la orquesta de Pérez Prado, habría que pedirles por el bien de la democracia que inventasen algo, lo que fuere, con lo que poder untar el peto y el espaldar a determinados políticos incompetentes, o que se lo llevan crudo; y que, de esa guisa, salieran escopeteados fuera del Hemiciclo, o de los Consejos de Ministros, o de los ayuntamientos, o de las Comunidades Autónomas, camino del sumidero más próximo. No puede ser que en España nadie devuelva lo robado, o que tengamos que aceptar los ciudadanos algunas leyes absurdas aprobadas, eso sí, por unos diputados que, aunque reconociendo of the record que son nefastas, se “vieron obligados” a apoyarlas en sede parlamentaria  por disciplina de partido. No, mire, usted se debe a los ciudadanos, no a aquel oligarca que le colocó  el tercero en la lista por Segovia. Y si se mueve y no sale en la foto, o no le colocan en la lista en los siguientes comicios, pues dedíquese a lo que se había dedicado siempre, que no pasa nada. La política es para servir a los ciudadanos durante un tiempo breve, no para hacer de ella un modo de vida y encima gozar del privilegio de aforamiento. Por eso digo que habría que inventar un LiquiGlide que sanease las instituciones democráticas y evitase esa diverticulosis que atrapa mierda en las bolsas de las tripas de las  instituciones y que tan graves problemas causa la sociedad. El ejemplo de los ERE en Andalucía o de la familia Pujol en Cataluña en nada ayuda a remediar el mal trago de la tremenda crisis económica instalada, que afecta a gran parte de los ciudadanos y que no lleva visos de solución.

lunes, 8 de septiembre de 2014

Un puticlub en Illinois





Un tal A.Maluenda  escribe hoy en Heraldo de Aragón sobre un local de Chicago, que abrió sus puertas en 1926, y por donde – según afirma-  “pasaron Al Capone y Sinatra”. Puede ser. De lo que no estoy tan seguro es de que su nombre “Aragon”, así, sin tilde,  se deba en modo alguno a nuestra región, por más que lo afirme una tal Martha Botello, que regenta el actual local de copas y de que su decoración inicial, ya inexistente, se inspirara en la España del siglo XVIII. Un  incendio calcinó el local en 1955 y volvió a reabrirse en 1964, momento en el que sus anteriores propietarios, los hermanos Karzas, traspasaron el negocio, donde más tarde hubo patinaje, boxeo, etc. En 1966, el local de alterne volvió a cambiar de dueño y de nombre, por el de “Cheetah Club”. Poco más tarde recuperó su nombre con añadidos, o sea, “Aragon Entertainment Center”. Pues bien, al margen de lo que hoy pueda decir la señora Botello, que posiblemente no sea capaz de cocinar una tortilla de patatas ni ubicar Badajoz en el mapa, hay que pensar que tal vez Aragón haga referencia a algún apellido, puesto que ese patronímico es común en España, que España tuvo colonias en América hasta 1898 y que, por consiguiente, hubo muchos españoles en la diáspora. Cualquiera de ellos, absolutamente olvidado, pudo abrir un negocio en el Estado de Illinois: en Springfield, en Chicago, en Aurora, en el Tuquestán ruso o en la Plaza de Tian'anmen, si se lo permiten los chinos. Leo por ahí que el apellido Aragón es el quingentésimo decimotercero apellido más común en España; y si lo repartimos por provincias,  el 5 por ciento de ellos están en Palencia, donde constituye el trigésimo apellido más común, mientras que en la provincia de Zaragoza la escala se va al puesto 1138, por más que parezca que el primer patronímico Aragón proceda de Alonso de Aragón, hijo natural de Fernando II de Aragón y Aldonza Ruiz de Ivorra.

sábado, 6 de septiembre de 2014

El raro apoyo de Rajoy a las empresas




Si le damos muchas vueltas al Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, puede ocurrir que nos mareemos como si estuviésemos montados en un tiovivo, o como si hubiésemos cogido una cogorza de calimocho. Por ese Real-Decreto, el Gobierno “adoptaba medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de materia empresarial”. Eso decía, al menos, el Decreto. Se ponía como ejemplo que “España es el país en el que el número de procedimientos de insolvencia aumentaba a mayor ritmo (24% en el primer semestre de 2013 mientras que en el resto de países de la UE y de EE.UU se habían observado reducciones y en el peor de los casos aumentos (Francia un 3,6%)”. Pero leyendo un soberbio artículo de Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y aparecido por aquellas fechas en "Publico", nuestro gozo quedó en el pozo.  Se titula  “La economía de Rajoy: liquidar empresas, salvar banqueros”.  Por su interés, lo reproduzco íntegro:
Los gobernantes de la derecha suelen presentarse siempre como grandes defensores de las empresas y del funcionamiento más eficaz posible de la economía pero hay muchas pruebas que demuestran lo contrario. Son las políticas económicas que aplican las que destruyen el tejido empresarial orientado a crear riqueza y empleo, y lo hacen, casi siempre, en aras de defender a los bancos y al capital financiero en general.
En estos momentos tenemos una prueba más de ello con el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Refinanciación y Reestructuración de deuda comercial que previsiblemente será aprobado por el Consejo de Ministros de hoy viernes.
Dicho Decreto se presenta, como suele hacer casi siempre este gobierno, como el instrumento necesario para conseguir un objetivo loable, en este caso ayudar a que gran número de empresas puedan “retomar la senda de la rentabilidad” facilitando acuerdos de refinanciación. Pero se oculta que en realidad tiene otras verdaderas pretensiones. Ahora, y una vez más, hacer un traje a medida a la banca española a costa, de nuevo, de toda la economía española y del tejido empresarial más en concreto.
Aunque el Decreto es farragoso y entra en detalles que serían difíciles de explicar claramente en un artículo resumido como éste, lo que se propone realmente y sus razones se pueden exponer breve y lo más claramente posible de la siguiente manera.
El negocio de los bancos es prestar y en los años anteriores a la crisis hicieron todo lo que estuvo en su mano para establecer un modelo económico basado en el crédito precisamente para aumentar como fuese su negocio. La consecuencia fue, como todo el mundo sabe ya, que prestaron por encima de sus posibilidades y que ahora se encuentran, como hemos dicho, con una cartera de activos muy deteriorada.
Cuando eso sucede, el equilibrio patrimonial de los bancos se resiente y si se quiere que la contabilidad lo refleje fielmente se debería corregir el valor contable de esos activos, disminuyéndolo en la misma medida de la pérdida que esté suponiendo el fallido que se produzca. O, como procedimiento alternativo, generar “provisiones” (es decir, algo así como unos fondos que se “guardan” en previsión de que ocurra algo, como en este caso que no se llegue a cobrar el crédito) a medida que se vaya percibiendo la morosidad o la mayor probabilidad de no cobro.
Sin embargo, los bancos son muy reacios a actuar de ese modo, es decir, a minusvalorar sus activos o a establecer provisiones realistas puesto que eso disminuye su rentabilidad, dado que, en el primer caso, los hace menos solventes, o porque inmoviliza fondos cuantiosos, cuando se dotan provisiones.
La banca ha presionado desde que estalló la crisis para que no se le obligase a provisionar todos los fondos que hubieran sido necesarios ante el descalabro patrimonial que sufrió. Y también para que la Unión Europea cambiase la normativa contable y le permitiera valorar sus activos a precio de adquisición en lugar de mercado (es decir, para que no tuviera que reflejar la pérdida de valor que han ido sufriendo), lo que claramente supone una falsedad flagrante, gracias a la cual los bancos pueden presentar balances más saneados cuando en realidad están todos quebrados.
Pues bien, lo que se busca verdaderamente con el Decreto que hoy aprueba el gobierno, que como he dicho se justifica como una medida para ayudar a las empresas, es dar una vuelta de tuerca más y proporcionar a la banca un nuevo colchón permitiéndole que haga desaparecer de sus balances la basura que representan miles de créditos de dudoso o imposible cobro resultado de su irresponsabilidad y mala gestión en los últimos años.
Así, el Decreto establece que las empresas en dificultades por tener créditos con los bancos estarán obligas a llegar a acuerdos de financiación con sus acreedores (los bancos) en virtud de los cuales las deudas que tengan con ellos pasarán a ser inversiones de éstos en el capital de las empresas.
La operación es perfecta. Al transformar los activos podridos en inversión en el capital de las empresas deudoras, pasan de ser sus acreedores con pocas expectativas de cobrar a ser sus dueños. Y así matan varios pájaros de un tiro.
Por un lado, en lugar de la posibilidad de perderlo todo si la empresa deudora entra en concurso de acreedores, se convierten en sus propietarios. Y además lo consiguen sin demasiado riesgo, porque el Decreto establece que si la empresa entrase más adelante en concurso, el banco dejaría de nuevo de ser inversor para pasar a ser otra vez acreedor y así poder ponerse en la cola para cobrar.
Por otro lado, al hacer eso, los créditos morosos que los bancos tenían antes en su balance (y por los que tenían que establecer costosas provisiones) o aumentar su capital, desparecen, porque ahora ya no son deudas de improbable o imposible cobro sino inversiones. Así podrán aparecer como entidades saneadas en las pruebas de stress y seguir dando beneficios a pesar de que materialmente están igual de quebrados que antes.
Se podría decir que con este procedimiento se ayuda a las empresas porque se les permite que lo que antes eran deudas que tenían contraídas con los bancos se conviertan ahora en su propio capital. Pero eso es solo una mejora aparente por varias razones.
En primer lugar, porque la existencia futura y la rentabilidad de la empresa no van a depender solo de tener más capital (y menos cuando éste es en cierta medida ficticio, como ocurre con la operación que el gobierno contempla el Decreto a propuesta de los bancos) sino mejores expectativas y posición en el mercado, algo que no depende solo de que la empresa sea ahora controlada por un banco o por un fondo especulativo. La historia reciente demuestra que la lógica de rentabilización del capital financiero es muy diferente de la del capital productivo. Por eso es fácil deducir que lo que producirá esta medida, en el mejor de los casos, es una dependencia mucho mayor de las empresas participadas de la estrategia global de los bancos y, en el peor, su liquidación o gestión para aumentar su valor. ¿Alguien cree que los fondos buitre que con toda seguridad van a estar detrás de este tipo de operaciones van a ser los que de verdad estarán interesados en recuperar seriamente a las empresas españolas en dificultades para que de nuevo se dispongan a crear riqueza y empleo? ¿No es más razonable y realista pensar que su estrategia será aumentar simplemente su valor de mercado para liquidarlas más adelante, que es lo que generalmente suelen hacer en su práctica diaria?
La realidad es que hay tantas empresas españolas con dificultades, en primer lugar, porque los bancos llevaron a cabo muy mal su política de financiación. Y, en segundo lugar, porque la crisis creada por los bancos las ha dejado sin demanda y sin mercado. Por eso, lo que necesitan las empresas no es que bancos o fondos especulativos pasen ahora a ser sus dueños, porque eso con toda seguridad no se traducirá mejor actividad productiva. Lo que requieren es financiación más barata y sin condiciones que impliquen dejar que sus gestores dejen de serlo y más ingresos en la economía para que tengan demanda. Y lo que hace el gobierno es justamente lo contrario de lo que habría que hacer pues se limita a poner en marcha un mecanismo para que los bancos (que las han llevado a la ruina) sean ahora las que las gestionen para rentabilizar la deuda que tenían con ellos.
La banca, como siempre, va a ganar de nuevo a costa de toda la economía y de las empresas en particular pero no por casualidad sino gracias a la ayuda de un gobierno que, para colmo, se llena permanentemente la boca con palabras de apoyo a las empresas.

viernes, 5 de septiembre de 2014

César Antón Beltrán




¿Ustedes se imaginan a los farmacéuticos de visita en casa de los ancianos con enfermedades crónicas? Y ustedes se preguntarán, “¿para qué?” Y la respuesta será: “por ver si los enfermos se toman la medicina prescrita por el médico de familia”. Esa peregrina idea se le ha ocurrido al director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, César Antón Beltrán, palentino de nación. Ahora me gustaría conocer la opinión al respecto de la ministra del repago Ana Mato. A mi entender, esas cosas sucedían hace muchos años cuando el médico de cabecera era un humanista, que conocía todos los miembros de una casa y que acudía al domicilio de sus pacientes con un tensiómetro en una carterita de piel,  un termómetro en el bolsillo y un fonendoscopio, se sentaba en una silla de Vitoria frente al enfermo y, sin que nadie le dijera nada, sabía cómo se encontraba de salud. Ya lo dijo Gregorio Marañón: “El médico debe tener una silla para sentarse frente al enfermo y escuchar sus tribulaciones”.  Porque el médico no tiene frente a sí un subordinado a sus decisiones, sino que es un copartícipe de su pensamiento. Pero el farmacéutico, con todos los respetos, se limita a expender específicos y hacer caja. Del enfermo sólo le interesa que éste no se muera, para poder seguir expendiendo las medicinas que le prescribe por receta el médico del Seguro. Para el farmacéutico, digo, el enfermo no es un paciente, es un cliente. Y cuanto más enfermo se encuentre y más medicamentos necesite, miel sobre hijuelas. César Antón, más que director general del Imserso parece el padre Damián. Pero ni España es Molokai ni los titulares de las oficinas de Farmacia están vocacionalmente preparados hacer obras de misericordia. Al menos, los que yo conozco.

jueves, 4 de septiembre de 2014

El giraldillo, por revoleras





Burgos llama “La Guapa” a la Giralda y “La Gorda” a la Torre del Oro. Hombre, don Antonio, La Guapa es guapa por méritos propios, y el giraldillo no vea. Ese tiene tela. Porque Giralda, lo que se dice Giralda no es toda la torre que fotografían los turista desde la calle Mateos Gago, don Francisco, canónigo y opuesto a las ideas darwinistas  y que hoy estira la raspa en el Panteón de Sevillanos Ilustres. Su calle sirve de bocana al Barrio de Santa Cruz, con su lunita plateada. Giralda, lo que se dice Giralda, es el último tercio de la torre, que los otros dos tramos, mirados del suelo hacia arriba, son el alminar de la vieja mezquita en la época almohade. Giralda, lo que se dice Giralda, don Antonio, sólo es lo que va sobre el campanario, donde habitan las manolas, o sea las 24 campanas, incluida la tinaja, que es esa bola dorada sobre la que descansa el giraldillo, esa veleta de bronce que se mueve con las hechuras de José Tomás frente al astifino de divisa verde y colorada de los Cebada Gago. Y ya llevo escrito dos Gago sin que éste sea apellido sevillano. Antonio Machado de Faria nos cuenta en su “Armorial Lusitano” que el apellido Gago ya se usaba en el siglo XII en Portugal. Se le llama giraldillo porque gira según sopla el aire. Lo de Giralda es sólo por extensión. La Gorda, don Antonio, sólo parece gorda si se la mira desde el Paseo de Colón. Pero vista desde la orilla del Guadalquivir, desde el Arenal, la cosa cambia. Sus dos cuerpos dodecagonales y un tercero cilíndrico fueron hermanos de la Torre de la Plata, en el barrio de Triana. Lo que le pasa a la Torre del Oro, a La Gorda, como usted la llama, es que lleva polisón atado a la cintura para crear una figura más estrecha en su parte alta, como puede verse en el escudo de Santander, donde aparece una gruesa cadena que la une por el río Guadalquivir con la Torre de la Plata para servir de freno al avance de barcos enemigos. Y donde hay, también, una carabela sobre unas aguas de mil rayas y las cabezas de san Emeterio y de san Celedonio sobre un  cielo muy azul. Eso sí, en La Gorda oro ya no queda. Se lo gastó Rodríguez de la Borbolla en una cena pantagruélica por el Sena, Monteseirín construyendo setas en La Encarnación y el Tío de la Mariscada el día que decidió terminar con toda la producción de Pescanova.

miércoles, 3 de septiembre de 2014

Llorando por las esquinas




Supongo que a la mayoría de los españoles, en las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, les daría igual la supuesta separación matrimonial inminente de Juan Carlos de Borbón  y Sofía de Grecia, si hacemos caso al  periódico italiano La Repubblica o a Pilar Eyre, que parece haber descubierto la pólvora, del mismo modo que a los españoles nos trae al pairo que la revista “Hola” haya eliminado unas transparencias de la blusa de Letizia en Mallorca, oscureciendo más aún su ya oscura camiseta. El “photoshop” consigue milagros. A los españoles, digo, lo que les interesa es otro tipo de transparencias que no acaban de producirse ni existe interés en ello. De Isabel II se sabe hasta cuánto gasta en bolitas de alcanfor. En España no se sabe nada sobre nada. ¿Acaso el CNI se enteró de la que se nos venía encima antes de la masacre en Madrid el 11 de marzo de 2004? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que el Tribunal de Cuentas no se haya enterado de los chanchullos de Pujol, Marta Ferrusola y sus cinco hijos durante treinta años? Y la Abogacía del Estado, ¿estaba en la inopia? Y la Agencia Tributaria, ¿dónde tenía puestos sus ojos? Y si se enteró alguien, ¿a quién trasladó los informes? Y el que lo supo, si es que alguna vez lo supo, ¿por qué no lo denunció de inmediato? ¿Acaso esperó a que los presuntos casos delictivos prescribieran? Demasiadas preguntas sin respuesta. Excesiva opacidad en un Estado de Derecho. Montoro, ahora, anticipa un largo proceso fiscal y judicial contra Pujol y su familia. Muy bien, y al final, ¿qué? Pues pasará lo mismo que pasó con Banca Catalana, es decir, nada. En este país del bipartidismo. la mordida y la indecencia, ha habido gobiernos que se han desentendido de forma expresa de tremendas responsabilidades y han traspasado competencias al goteo a medida que iban necesitando apoyos, tanto en investiduras de presidentes como a la hora de sacar adelante leyes, algunas de lo más peregrinas, en el Congreso de los Diputados,  “sin cuestionarse  -como recuerda hoy en un artículo de prensa Juan M. Blanco- si  tales traspasos beneficiaban a los ciudadanos, a los contribuyentes. Siempre con el único objetivo de saciar los apetitos de las élites políticas”. Y ahora, ¿qué? Pues nada, lo de siempre, a llorar por las esquinas, que es lo que viene en el guión.