Superioridad vital del vencedor

Entre la larga lista de libros prohibidos por el Vaticano una vez desaparecido el Índice se encontraban, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes; el Prólogo de Emilio Castelar a la Historia General de la Masonería, de G. Danton; la Crítica de la razón pura, de Kant; y, asombrosamente, el Gran Diccionario Universal, de Larousse. La lista sería agotadora por interminable. Era, según parece, un inventario de libros perniciosos para la fe y las costumbres. Me asombra que no se diga nada en ese amplio rol sobre las novelas Marcial Lafuente Estefanía, donde hubo incontables tiros y muertos. Perdonen la broma. El conocido Index librorum fue publicado por primera vez, a petición el Concilio de Trento, por Pío IV en 1564. La última edición data de 1948, aunque no fue hasta 1966 cuando Paulo VI lo suprimió definitivamente y dejó de ser anatema la lectura de esas obras. Pero pese a la desaparición del Index, el Vaticano hizo públicas nuevas regulaciones referidos a libros, escritos y medios de difusión que incluyó en dos artículos (831 y 832) del Código de Derecho Canónico. El artículo 831, en su apartado primero señala que “sin causa justa y razonable, no escriban nada los fieles en periódicos, folletos o revistas que de modo manifiesto suelen atacar a la religión católica, o a las buenas costumbres; los clérigos y los miembros de institutos religiosos sólo pueden hacerlo con licencia del Ordinario del lugar”. Y en su apartado segundo se señala que “compete a la Conferencia Episcopal dar normas acerca de los requisitos necesarios para que clérigos o miembros de institutos religiosos tomen parte en emisiones de radio o de televisión en las que se trate de cuestiones referentes a la doctrina católica o a las costumbres”. En el artículo 832, “los miembros de institutos religiosos necesitan también licencia de su Superior mayor, conforme a las normas de las constituciones, para publicar escritos que se refieren a cuestiones de religión o de costumbres”. A mi entender, parece inteligente que la Iglesia Católica pretenda “controlar” las lecturas de su feligresía en materia de fe. Lo que no comprendo es que, además, intente por todos los medios a su alcance controlar las costumbres que, como las tradiciones, son tendencias adquiridas a base de tiempo y que asume toda la comunidad. De hecho, la costumbre es la raíz que informa al Derecho consuetudinario. La fe, sin embargo, es una virtud teologal,  el conjunto de creencias de una religión. Pero también existe la fe publica, la fe de vida, la fe púnica, la mala fe, dar fe, a buena fe, de mala fe, prestar fe, auto de fe, y la fe de erratas (del latín errata, cosa errada) que es, a mi entender, el acto de contrición del editor ante el agudo lector que en nada está dispuesto a dejar pasa por alto un evidente gazapo. La “fe de erratas”, en rigor siempre necesaria, no debe confundirse con la “fe de errores”. No quieren decir lo mismo. La fe de erratas, o de referencias cruzadas, es la lista de deslices generalmente de poca trascendencia observados en una publicación y suele insertarse al final del texto. Fe de errores, en cambio, es del mismo paño que información errónea, que aparece en la prensa escrita con más frecuencia de la deseada. Irrita al lector de diarios y suele aclararse mediante la oportuna nota de rectificación en la sección “cartas al dirctor”. En el caso concreto de la Iglesia Católica, con su famoso Índice, procuró “capar” intelectualmente a sus fieles creyentes, al tiempo que también intentaba controlarlos mediante el Sexto Mandamiento y los regímenes de la castidad, como quedó claro durante nacional-catolicismo, donde se enseñaba a los españoles que existían tres formas de virtud de la castidad: la de los esposos, la de las viudas y la de la virginidad. Ya lo decía Ortega respecto a la normalidad histórica: “El prestigio ganado en un combate evita otros muchos, y no tanto por el miedo a la física opresión, como por el respeto a la superioridad vital del vencedor”, o sea.

Una comisaría no es una tienda

Leo en la prensa local que “la Policía Nacional cerrará por las noches y festivos las zaragozanas comisarías de San José, Arrabal y Centro, dejando operativas sólo las de Áctur y Delicias. Tal medida me parece fuera de lugar y no me sirve que se diga que con tales medidas “se busca mejorar la operatividad”, al ser “parte de una reestructuración organizativa”. Imaginen ustedes que hicieran lo mismo los hospitales públicos, donde no cabe duda de que el consejero Sebastián Celaya Pérez también dará por hecho de que la responsabilidad de su empleo busca mejorar la operatividad  del Servicio Aragonés de Salud, ese organismo transferido en su día a la Comunidad Autónoma de Aragón. Pero la realidad es que por aquello  de la “reestructuración organizativa” también en Sanidad hay deficiencias profundas, como demuestra  el hecho de que, por ejemplo, el Hospital de Barbastro tenga un déficit de doce especialistas (cuatro traumatólogos, cuatro radiólogos, tres ginecólogos y un cardiólogo). Pero el tema sanitario en Aragón es responsabilidad  del socialista Javier Lambán y el tema de la Policía Nacional es responsabilidad del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, que parece preocuparse más de imponer medallas a la Virgen que de tener operativas las comisarías durante las 24 horas del día; y ello produce la consecuente inseguridad en el ciudadano, que paga abultados impuestos. Cerrar comisarías por la noche y en festivos es propio de un Estado fallido, donde te matan por la calle a pleno día y no pasa nada. Y mi primera “colleja” simbólica vaya para el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, al que respeto y aprecio. Debe comprender don Gustavo que no es admisible de ninguna de las maneras que un ciudadano se acerque por la noche o en fin de semana a una comisaría para presentar una denuncia y se encuentre que está cerrada al público, como si se tratase de una ferretería, una tienda de ultramarinos, o un estanco. Eso no es concebible en un Estado de derecho. Al menos, a mí así me lo parece.

Verdugos

Hoy, para animar un poco este martes lluvioso, voy a hacer referencia al oficio de verdugo, que por costumbre se solía heredar de padres a hijos. Es una de esas profesiones que ya no se estilan. Se fue amortizando sin apenas darnos cuenta. Al final ya sólo quedaban plazas para este tipo de funcionarios públicos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Burgos y Zaragoza. Posteriormente desaparecieron las plazas de verdugo en Burgos y Zaragoza. De nada sirvió que en octubre de 1948 el BOE publicara convocatoria para cubrir una plaza. No hubo manera. Y como la cosa no se animaba, con la llegada de la democracia se abolió la pena de muerte definitivamente. Existe un documental de Basilio Martín Patino realizado en 1970, “Queridísimos verdugos”, donde se entrevistaba a esos tres últimos verdugos del tardofranquismo. Eran tranquilos, de apariencia normal, de esos tipos que parecen incapaces de matar una mosca. Ahora verdugo sólo es un apellido que tiene sus orígenes en Arévalo, como el apellido Carrasco, el que chupaba del frasco, que es equivalente a verdugo pero dicho en portugués. Una de las películas que más me gustaron en su día fue El verdugo, de Luis García Berlanga. Pero lo que desconocía era que el argumento de esa cinta de 1963, con guión de Berlanga, Rafael Azcona y Ennio Flaiano, estuvo inspirado en Florencio Fuentes Estébanez, que terminó con su vida colgado de un árbol en 1970. La última ejecución de Fuentes se había llevado a cabo en junio de 1953 en la prisión de Vitoria, y el condenado era un joven zapatero de Sodupe de nombre Juan José Trespalacios, al que tuvo que ajusticiar en Trespaderne. Entonces era titular de la Audiencia de Valladolid. Florencio Fuentes, nacido en Osorno en 1901. La única profesión anterior que se le conocía era la de obrero del campo. Al aceptar el puesto de funcionario, Fuentes estuvo de ayudante de Vicente López Copete, que le enseñó el manejo del garrote (Juan Eslava Galán (1993) “Verdugos y torturadores”. Madrid. Ediciones Temas de hoy). Como sucede en la película “El verdugo”, (donde José Luis (Nino Manfredi), yerno de Amadeo (José Isbert), finalmente acepta el puesto de su suegro en el convencimiento de que nunca se presentará la ocasión de ejercer su nuevo oficio). Florencio Fuentes siempre abrigó sentimientos de culpabilidad, y ello le causó un expediente disciplinario en 1952 por negarse a una ejecución. Un año después, abandonó la profesión definitivamente después de ajusticiar a Trespalacios. Alegó en un escrito que sus hijos (tuvo diez) sufrían acoso escolar por el oficio de su padre. Falto de recursos llegó a la mendicidad. Fuentes había tomado el relevo de Gregorio Mayoral Sandino. Juan Eslava cuenta en la novela antes citada que en una sola jornada, en 1944, Fuentes llegó a ejecutar a nueve condenados en la prisión de Barcelona. Eso es lo que se llama trabajar a destajo, difícil de entender en la actualidad en la labor de un funcionario público.

Matizando, que es gerundio

José Oneto, en el periódico digital República de las ideas, al aludir a los Papeles de Panamá, hace referencia directa a Pilar de Borbón, y la señala como “la viuda del duque de Badajoz”. No es así exactamente. La duquesa de Badajoz es ella, (de conformidad con el Decreto 758/ 1967, de 13 de abril) y a su muerte deberá revertirlo a la Corona. Su marido, Luis Gómez-Acebo, ya fallecido, era duque consorte, como fue el caso de Urdangarín, cuando Cristina obtuvo el título de duquesa de Palma de Mallorca, que ya no lo es; o el ducado de Cádiz; o el ducado de Soria; o el ducado de Lugo, etcétera. Siempre se decía, al hacer referencia al conde de Motrico que lo era José María de Areilza. Pues tampoco fue ese señor el titular. Ese condado había sido concedido por Alfonso XIII en 1908 al ingeniero Evaristo Churruca Brunet,  y lo ostentó entre 1956 y 1992, año de su fallecimiento, Mercedes Churruca Zubiría, esposa de Areilza. Por lo tanto, Areilza era conde consorte. El ducado de Cádiz, por otro lado, había sido concedido por Fernando V a Rodrigo Ponce de León. Una vez muerto su titular revirtió a la Corona tras una negociación de los Reyes Católicos con la heredera del título, Francisca Ponce de León y Jiménez de la Fuente y permaneció en desuso hasta el siglo XIX. En 1820 le fue concedida su titularidad a Francisco de Asís Luis de Borbón, hijo de Francisco de Paula, y tras su muerte lo usó su hermano del mismo nombre y marido de Isabel II. Posteriormente lo usó Fernando María de Baviera y Borbón, al contraer matrimonio en 1906 con su prima María Teresa de Borbón, hija de Alfonso XII. Curiosamente, De Baviera en 1931 se hizo republicano. A su muerte, en 1958, volvió a la Corona. Franco, al estar vacante el título del ducado de Cádiz, se lo concedió al marido de su nieta Carmen, Alfonso de Borbón Dampierre, hijo de Jaime de Borbón Battenberg. A su muerte, en 1989, el título volvió a la Corona y ahí sigue. Dos años antes de la muerte de Alfonso de Borbón, en 1987, el Gobierno estableció que ese título no era hereditario y su hijo Luis Alfonso de Borbón Martínez Bordiu no pudo heredarlo ni recibir tratamiento de “alteza real”, al no haber sido otorgado por el jefe de la Casa Real. En suma, los consortes son, pues eso, consortes, como lo es Letizia Ortiz Rocasolano. Sobre la figura de la mujer del Jefe del Estado, en este caso de Felipe VI, nada señala la Constitución Española de 1968. Su misión primordial no es otra que la de asegurar la descendencia de los Borbones en España. Lo mismo que sucede en todas las monarquías allí donde existen. Es decir, esa antigualla de la Edad Media que tanto gusta a los tipos de esclavina, monóculo y zapatos de charol, o sea.

El florido pensil de Burgos

Me desayuno con un “recuadro” del diario ABC de Sevilla, donde Antonio Burgos, bajo el título “Cristianofobia”, viene a decir que “aconfesional es el Estado, pero España es mayoritariamente católica”. Escrito así, tal y como lo escribe Burgos, da la sensación de que el Estado es una cosa y que los españoles somos otra cosa bien distinta. Por lo que se desprende de su trabajo periodístico, para Burgos el Estado está compuesto por marcianos (no confundir con murcianos, que son los habitantes de Murcia y, también, los chorizos que murcian), que nada tienen que ver con los habitantes de Becerreá o de Puertollano. Tampoco con los chorizos asados en aguardiente de Ádega, claro. Léase “Mazurca para dos muertos”, allí donde dice:

“Ádega hace los chorizos con mucha regla y fundamento, lo primero es que el cerdo sea del país y criado al uso del país, con millo y un cocimiento muy espeso de coellas, patatas, harina de millo, pan reseso, habas y todo lo que pueda cocer y sea de sentido; también conviene que el cerdo tome el aire y haga gimnasia por el monte y hoce la tierra en busca de miñocas y otros animalitos. Se le debe sacrificar con herramienta de hierro dulce, no de acero, y según la costumbre conocida, es decir, con mala leche, con venenoso regosto y a traición, nadie tiene la culpa”.

Pues bien, como digo, Antonio Burgos, sobre el que presumo que no lee a Cela ni ha comido en su vida chorizos de Ádega, se acomoda en el almohadón del artículo 16 de la Constitución Española; y que, según él, “los laicistas se saltan a la torera”. El artículo 16, que yo sepa, garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto; señala que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias; y que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Pues bien, ¿qué es lo que los laicistas se saltan a la torera? Burgos señala que si por ellos fuera, refiriéndose a los irreligiosos, “volvían a expulsar a los jesuitas. Es lo que parece que les pide el cuerpo, poner a la entrada del pueblo: "¿Iglesias? Ni Pablo; gracias”. Burgos, por lo que se desprende de su artículo periodístico,  tiene insuficiente memoria o sabe poco de historia. Bien es sabido por todos que los jesuitas fueron dos veces expulsados de España: la primera vez en 1767 por orden de Carlos III, tras ser acusados por Pedro Rodríguez de Campomanes  de instigar el motín de Esquilache. Un año antes, en 1766,  el conde de Aranda le había encargado a Compomanes (entonces ministro de Hacienda) un informe para depurar las responsabilidades derivadas de aquel motín, que recayeron en los jesuitas. Ese fue el motivo de su expulsión. La segunda expulsión fue en 1835, coincidiendo con la Desamortización. Además de ello, la Compañía de Jesús quedo en situación de ilegalidad en 1932, por la aplicación del artículo 26 de la Constitución Española de 1931. Se lo diré en verso: "Burgos pretende llevar el ascua constitucional a la sardina de su rancio fervorín./ Todo vale en la Pascua Florida de su florido pensil", y que me perdone Andrés Sopeña Monsalve.

Sopa de desatinos

En estos tiempos de mortificación, con un Ejecutivo en funciones que se está eternizando, un don Tancredo enrocado y unos pactos de formación de Gobierno que no llegan,  porque Ciudadanos no quiere nada con Podemos y Sánchez no desea ni oír hablar de Rajoy, lo mejor será que saquemos la bandera blanca. Lo  mejor será, digo yo, que volvamos a las urnas, aunque resulte lo más caro para el maltrecho Fisco. Para facilitar un posible pacto de Podemos con el PSOE, Iglesias dice que renuncia a la Vicepresidencia. ¿Qué renuncia a la Vicepresidencia? A la vicepresidencia de qué. Primero dijo que no pactaría con el PSOE si los socialistas no se avenían a que Cataluña pudiese hacer un referendo para dilucidar qué quieren los catalanes: si seguir siendo españoles, o pertenecer a una república fuera del ámbito de la UE. Aquello se rebajó de tono. Después dijo que él, Iglesias, se uniría a un pacto con el PSOE siempre que fuese vicepresidente del Gobierno, controlase determinados ministerios, la televisión estatal, el CNI y, ya puestos a pedir, ser nombrado deán del Cabildo Metropolitano de Constantinopla y de los Grandes Expresos Europeos. Pero, después de mirar con la mancha amarilla del ojo el panel de las encuestas, ya ha rebajado sus pretensiones. Ahora dice que para facilitar el pacto con el PSOE  “renuncia a ser vicepresidente del Gobierno”. Nadie le entiende, salvo que se refiera a renunciar al Gobierno de la República de su Casa, como en el anuncio de IKEA. Ya puestos, yo también renuncio a ser alcalde de Morón de Almazán, obispo de Seo de Urgel y copríncipe de Andorra, aunque no lo haya sido nunca.  Lo cierto es que el Banco de España, que no vio el escándalo las cajas de ahorro, ahora avisa del riesgo de vacío político; Barcelona retira la Medalla de Oro a la infanta Cristina; Obama indica a García Margallo que vendrá a España, si es que decide venir, cuando haya Gobierno; los datos macroeconómicos señalan que será necesario rebajar el PIB del 5’16 % al 2’8 %, es decir, subir impuestos  y recortar más aún en Sanidad y Educación, sin contar la multa que, posiblemente, deberá pagar a Bruselas…; uf, las arcas del país de Libertonia están a punto de agotarse, como en “Sopa de ganso”. No queda otra que pedir ayuda a la rica señora Teasdale, aunque sea a condición de que el Gobierno nombre como presidente a Rufus T. Firefly, o sea, a Groucho Marx. Estamos copados.

Adefesios a tutiplén

Personalmente me uno a las críticas que ha recibido la “restauración” del Castillo de Matrera de Villamartín en el cerro Pajarete, en Cádiz, que data del siglo IX y que fue calificado en su día como Bien de Interés Cultural. Una cosa es consolidar los muros, que le hacía falta, y otra muy distinta pegar unos bloques de piedra a un cubo blanco que destroza el paisaje. Además de ello, ha desaparecido parte de la muralla exterior. Lo que queda en pie son  los restos de la torre del homenaje del castillo ya inexistente. Según  leo en El País, Carlos Morenés, vicepresidente de la asociación Hispania Nostra ha comparado tal “fechoría” con la ejecutada por Cecilia Jiménez en el Ecce Homo de Borja. Y ha añadido que "es una vergüenza para España, un desprestigio. La prensa internacional la ha calificado como la peor restauración del mundo. Se ha llevado al extremo la legislación sobre restauración que obliga a distinguir las partes nuevas de las originales y se ha dañado el entorno con una cosa blanca, enorme. La actuación va en contra de toda norma, incluso, de la ley de patrimonio andaluz". Lo peor de todo es que la actuación ha contado con el visto bueno de la Consejería de Cultura, que concedió al arquitecto Carlos Quevedo el plácet para la realización de ese proyecto. Dentro de lo malo, el castillo ahora convertido en adefesio, está en una finca privada y ha sido su dueño el que ha costeado la obra. Que con su pan se lo coma.