Aragón en la encrucijada

El aeropuerto de Huesca es fiel reflejo de lo que no debe ser. Mantener 17 empleados en plantilla para nueve pasajeros al mes es algo que excede a toda lógica. Un aeropuerto fantasma gestionado por AENA y propiedad del Ministerio de Fomento a todas luces ruinoso que, aunque en principio supuso el deseo de Aramón (empresa pública participada a partes iguales por el Gobierno de Aragón e Ibercaja) de atraer esquiadores de Londres para esquiar en el Pirineo, se ha convertido finalmente en un auténtico fiasco. Un aeropuerto que se gestó de forma insensata en tiempos de Rodolfo Ainsa, del PP, siendo presidente de la Diputación de Huesca, sin ningún tipo de estudio previo serio y con una previsión de vuelos incompatible con el desarrollo del AVE. Algo parecido a lo que acontece desde abril de 2006 con la Televisión Autonómica de Aragón, al servicio del gobierno de turno y con unas ridículas cuotas de pantalla. Como dato curioso, las empresas públicas del Gobierno de Aragón pasaron de 19 a 45 en sólo siete años, o sea, desde la coalición PSOE-PAR en 1999 hasta 2006. De hecho, Aragón se ha convertido en la sexta comunidad autónoma con más entidades de carácter público o mixto que escapó al control del Parlamento. En la actualidad constituye todo un laberinto. Un informe del Ministerio de Economía y Hacienda de aquel año (2006) sitúa a Aragón en una de las comunidades que más competencias ha externalizado. Según contaba J. Morales para El Periódico de Aragón, en la edición del 2 de noviembre de 2008, “los sectores en los que el Ejecutivo PSOE-PAR ha optado por evadirse en lo posible del transparente control público son principalmente medio ambiente, obras públicas, industria, turismo y promoción económica. Es decir, las áreas en las que se mueve más dinero y en las que la corrupción, si no se consigue imponer un severo control parlamentario –decía por aquel entonces el periodista- más presencia puede tener”. Curiosamente, de las sociedades creadas ese 2006, las que tuvieron un origen más polémico fueron Aragersa y Sodiar. La primera fue la entidad que montó el Gobierno de Aragón para la gestión de residuos junto a unos socios privados. Sodiar era un “instrumento concebido para dinamizar la actividad empresarial" del Departamento de Economía que contó con un 25 por ciento de accionariado de Savia, un 6 % de Suelo y Vivienda y con participación privada. A esa lista de 2006 hubo que sumar la sociedad anónima Pabellón de Aragón Expo 2008 y otra sociedad para crear la plataforma logística de Huesca. En este caso, ni siquiera se hizo que dependiese directamente del Gobierno sino que el capital saliera de otra empresa pública, Suelo y Vivienda, lo que la alejaba aún más del posible control parlamentario. En fin, algo sabrá al respecto Marcelino Iglesias y su socio José Ángel Biel, presidente del PAR y actual presidente de las Cortes de Aragón, ahora coaligado al PP con Luisa Fernanda Rudi, una gestora de la Cosa Pública que ya arde en deseos de externalizar todo lo habido y por haber de acuerdo con su acendrado estilo neoliberal. Ya veremos. En cualquier caso, entiendo que en Aragón se deben hacer los recortes necesarios derivados de derroches pasados. Y habrá que hacerlos de inmediato, pero sin tratar de ser cicateros en Sanidad ni en Educación. Sería, además de un grave error político, una falta de sensibilidad para con los ciudadanos.