La España de Magdalena Álvarez

Que el Rey no tiene nada que ver con las actividades privadas de su yerno Urdangarín es evidente. Nadie está diciendo lo contrario y si alguien lo hiciera, mentiría como un bellaco. Pero hay algo que no me cuadra en eso de la “Operación Babel”. En una conversación telefónica con la agencia Efe, el duque consorte de Palma “lamentó el perjuicio que las informaciones y comentarios que se vierten sobre su persona están causando a la imagen de su familia y de la Casa del Rey”. Nadie, tampoco Urdangarín, es culpable mientras no sea juzgado y consten pruebas de su culpabilidad. De momento no está ni siquiera imputado. Por lo tanto, el ciudadano Urdangarín está en su derecho de defender su honorabilidad y su inocencia. Pero también es cierto que el juez José Castro entiende que Urdangarín presuntamente facturó a través del Instituto Nóos y un enmarañado de empresas más de 16 millones de euros y que cerca del cuarenta por ciento fue dinero público. ¿Qué quiero decir con ello? Pues, sencillamente, que si se probase en los tribunales de Justicia esos presuntos delitos, Urdangarín, además de haber causado un enorme perjuicio a la Corona, también lo habría causado a todos los ciudadanos. Pese a lo que un día dijera una ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que “el dinero público no es de nadie”, todos sabemos que el dinero público es de todos los ciudadanos y que sirve para hacer universidades, escuelas, hospitales, carreteras y pagar las pensiones de los jubilados. Y también, cómo no, para satisfacer al céntimo la asignación anual que el Estado concede a la Casa Real, que no es moco de pavo. Las informaciones y comentarios que estos días se vierten en la persona de Iñaki Urdangarín, duque consorte de Palma de Mallorca, están causando perjuicio, como bien se señala en la escueta nota de agencias, a la familia y a la Casa del Rey. Pero además, y eso es lo más grave, a la idea que los europeos tienen de España y de los españoles. Los ciudadanos merecemos salir del profundo agujero en el que nos sumió la dictadura de Franco durante casi cuarenta años, cuando Europa comenzaba en los Pirineos. Hay complejos difícilmente superables en buena parte de la ciudadanía que todavía perduran pese al cambio político plasmado en la Constitución. Estar en Europa no sólo consiste en disponer del euro para las transacciones o poder moverse libremente al amparo del Acuerdo de Schengen. Estar en Europa significa mantener una imagen de dignidad y respeto de cara al exterior, sin tener al gobernador del Banco de España en la cárcel, como sucedió con Mariano Rubio, o a un delincuente al mando de la Guardia Civil, como sucedió con Luis Roldán. Y si les digo la verdad, las informaciones y comentarios sobre el presunto enriquecimiento con dineros públicos de un miembro de la Familia Real no ayudan a lograr esas aspiraciones con las que todos los ciudadanos soñamos.