A tumba abierta

 

Leo en el diario Público un artículo de Marià de Delàs, “La desconfianza en el poder judicial está más que justificada” (publicado el 6 de julio pasado) donde deja claro lo que la mayoría de los ciudadanos pensamos y no nos atrevemos a contarlo o no somos capaces de decirlo como ella lo cuenta, sin pelos ni señales. Desprende ese artículo un hedor insoportable, no por lo escritora sino por el fuerte olor a cadaverina que se desprende de una a tumba abierta donde reinan los gusanos. Comienza su exposición recordando “un hecho grave que tuvo lugar en la sierra de l’Albera de l’Empordà a principios de diciembre de 2023 cuando dos guardias civiles de paisano decidieron abalanzarse con su coche contra un grupo de manifestantes que cortaban de manera intermitente una carretera, mientras exhibían pancartas y repartían hojas explicativas cerca de Sant Climent Sescebes. Se trataba de una protesta ecologista, previamente comunicada y vigilada por Mossos d’Esquadra  en defensa del espacio natural y en contra de la instalación en aquella zona de aerogeneradores de grandes dimensiones. Una mujer fue atropellada y resultó herida como consecuencia de la violencia irresponsable de los guardias civiles, que también lesionaron con su coche a un agente de Mossos d’Esquadra cuando intentaba pararlos. Los mossos corrieron detrás del vehículo, no identificado, que finalmente se detuvo cuando ya se encontraba a cierta distancia de los manifestantes. El conductor y su acompañante exhibieron placas pero se negaron a dejar ver claramente sus acreditaciones como miembros de un cuerpo de seguridad”. El caso fue denunciado y la causa contra aquellos energúmenos quedó archivada. El juez instructor y la Audiencia Provincial correspondiente decidieron negar la evidencia y dieron por buena la versión del abogado de los guardias civiles, que resultó ser un individuo conocido por su larga trayectoria ultraderechista: José María Fuster-Fabra. Señala Delás en su exposición que “este caso no es anecdótico, es relevante y significativo. Es del todo coherente con el comportamiento que mantienen magistrados de diferentes tribunales, entre ellos unos cuantos del Supremo y de la Audiencia Nacional. Y también lo es con las actuaciones sesgadas de la Guardia Civil. Ilustra la percepción que tiene, según las encuestas, la mayor parte de la ciudadanía sobre el mundo de la justicia. No todo el mundo es igual ante la ley”. Bueno, eso ya lo sabíamos. A nadie se le escapa, como bien señala la autora del artículo, que “una parte de la magistratura se encuentra colonizada, a diferentes niveles, por personajes de talante indudablemente antidemocrático, que actúan en connivencia con abogados y entidades de ultraderecha y con fuerzas de seguridad trufadas de agentes que no respetan los derechos elementales de las personas. En contrapartida, por fortuna, hay muchos jueces que ejercen sus funciones con honestidad y rigor, e infinidad de agentes policiales que cotidianamente procuran prestar asistencia a gente que lo necesita, que trabajan para facilitar la convivencia y servir a la ciudadanía de la mejor manera posible, como es su obligación, pero hay sectores de los aparatos judicial y policial que están enfermos de autoritarismo, sinrazón, arbitrariedad, xenofobia y aporofobia. Y también, porque no decirlo, porque se nota, enfermos de deseos de castigar a personas física y moralmente, para demostrar quién manda, con chulería, por el placer de actuar de esa manera”. El caso del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, fue de libro.  Procesado y condenado sin ninguna prueba como responsable de una filtración en la que no intervino. Pero había que buscar un chivo expiatorio. Fue condenado para proteger los intereses de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, enriquecido gracias a la facturación por valor de millones de euros al Grupo Qurón, pendiente de juicio oral por fraude fiscal. La autora del artículo pone otros ejemplos sangrantes. También señala que “hace ya un cierto tiempo que cobra progresivamente más y más verosimilitud la hipótesis de una acción coordinada para consolidar el poder de la derecha extrema en todas las Instituciones del Estado”. La autora termina su exposición señalando que “los crímenes de la dictadura quedaron en la impunidad, la Monarquía borbónica se perpetuó [por el dedo tembloroso de Franco como una calamidad bíblica, que no desaparece ni con el uso de 'Zotal', y eso lo añado yo, ciudadano al que no se le consultó la forma de Estado ni la bandera ni el escudo que deseaba para este país] y buena parte del aparato de Estado, particularmente el poder judicial y las fuerzas policiales se mantuvieron sin depurar. La ruptura parecía posible, porque el grado de movilización social era enorme, pero no se produjo, porque se ninguneó la fuerza de la sociedad movilizada, por miedo a lo que pudieran hacer desde lo que se conocía como“bunker”, fuertemente implantado en el Ejército y en el aparato de Estado franquista”. Uno de mi pueblo dice que hay un espíritu peor que el Diablo, es Malamén, al que cuando se le nombra conviene tocar madera. Ante mi ignorancia supina sobre el tema de ángeles y demonios, Demetrio Gazapo, que así se llamaba el vecino del pueblo  que murió de infarto cuando pretendió ganarle una carrera al tren-correo ómnibus Arcos entre la Estación de f.c. y un puente de hierro sobre el río Jalón, me aclaró que se le nombra en el ‘padrenuestro’, al final, cuando se dice aquello de “líbranos del Malamén”, que en francés sería:” Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du Malamen" ; que para el caso, de Tauste. Demetrio Gazapo era hombre de saberes profundos. Había comido pan de muchos hornos y eso se le notaba cada atardecida cuando tomaba la fresca con la señá Remedios y el tío Perroche, alguacil municipal, que siempre ponía oreja en un vano intento de quedarse con la copla en las conversaciones.