Más medidas de ahorro

Menos mal que el Gobierno, al fin, ha caído en la cuenta de que había que liberar tanto a las pymes como a los autónomos de ese maldito pago obligatorio a las Cámaras de Comercio, esa rémora de finales del siglo XIX que vino a sustituir a las organizaciones gremiales. Cuando el horno no está para bollos ni funciona el aparato de los sindicatos verticales por rama de actividad, o sea, aquella ley franquista de 26 de enero de 1940 sobre Unidad Sindical y bajo el mando de FET y de las JONS, resultaba paradójico que siguiera en activo en 2010 el pago obligatorio a esa especie de “sindicato amarillo” que sólo representa hoy a determinados intereses empresariales. Curiosamente, en tiempos de Suárez se reconvirtió el Sindicato Vertical en la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS), que ostentó la propiedad o gestión del llamado Patrimonio Sindical Acumulado. Fue una manera de recolocar sin hacer ruido en calidad de “funcionarios bis” a unos tipos hasta entonces encuadrados dentro de la más recalcitrante caverna hasta su definitivo retiro, con la ventaja añadida para aquellos “estómagos agradecidos” de no tener que sufrir el ineludible concurso oposición. Aparecían atomizados en todos los despachos. Los conocí diligenciando licencias de pesca; trapicheando vergonzosamente con las plazas veraniegas de las residencias de “Educación y Descanso”; en mostradores oficiales, para indicar la ventanilla oportuna al despistado ciudadano que necesitaba un certificado, o presentar una diligencia; etcétera. Pues bien, desaparecidos los sindicatos verticales y a punto de irse al garete las obsoletas Cámaras de Comercio por reducir su financiación, el Gobierno debería ahora poner fin a las diputaciones provinciales como ya viene sucediendo en comunidades autónomas uniprovinciales, donde éstas no existen porque sus competencias son asumidas por la propia comunidad autónoma. El Estado, con esa supresión, se ahorraría mucho dinero. Por otro lado, el plan de comarcalización en España (entendidas las comarcas como un municipio de municipios) es otra duplicidad innecesaria y costosísima. Significa crear “metástasis” de despachos y coches oficiales dentro de la actual vertebración autonómica contemplada en la Constitución. También significaría un considerable ahorro público. En suma, parece importante que el Gobierno tome medidas prudentes en tiempos de crisis. Pero, como bien señala Manuel Martín Ferrand hoy en ABC refiriéndose al Gobierno: “sigue sin ofrecer un plan integral, un programa que vaya mucho más allá de lo previsto en la Ley de Presupuestos, con el que buscar soluciones duraderas. (…) El común denominador de las nuevas medidas gubernamentales, con excepción de la que se refiere a la Cámara de Comercio, (…) reside en el aumento de ingresos para el Estado. Incluso con la privatización —la venta— de porciones de algunos aeropuertos y de las loterías, (…) aunque privatizar sin liberalizar al mismo tiempo es vender las joyas de la abuelita”.