Ya sabemos que en España el
trabajo es un bien escaso, pero existen anuncios de ofertas de lo más
pintorescas. Así, en Murcia, apareció días pasados una oferta de trabajo en un
portal de empleo (“Infojobs”) que pone
en evidencia cómo comienzan a asomar los primeros brotes verdes en los sobacos
y en las ingles de la ministra Fátima
Báñez de la Blanca Paloma
y de los Grandes Expresos Europeos. Pero a lo que iba, moreno. Reza el anuncio:
“Se busca repartidor de bollería en Murcia. Requisitos: licenciado en
Empresariales, dispuesto a comenzar la jornada laboral a las 4 de la mañana de
lunes a sábado, con carné de conducir y una antigüedad superior a dos años.
Sueldo: entre 12.000 y 15.000 euros brutos anuales”. Pues nada, según leo, para
esa oferta se han presentado más de 600 candidatos. Soy consciente de que
estamos pasando por la peor crisis económica desde la Guerra Civil, como bien
señala Iñigo de Barrón hoy en El País,
donde sigue informando de que “Este tsunami se traduce en seis millones de
parados, recortes brutales en la inversión pública en sanidad, educación y
servicios sociales; una caída del crédito bruto en 350.000 millones, (nunca en
toda la serie histórica del Banco de España, que arranca en 1995, se había
registrado un ritmo de caída igual); una deuda pública del 92,4% del PIB, la
desaparición de millones de empresas y la transformación radical del sistema
financiero. La banca (sobre todo el sector de cajas) ha recibido ayudas de
capital de 61.366 millones, que ascienden a 167.460 millones si se incluyen los
apoyos en avales, liquidez, el banco malo y la protección ante morosos”. Ante
este panorama desolador, en el que la
CEOE propone un día sí y otro también seguir dando vueltas a
la misma tuerca contra los pocos trabajadores
que van quedando, su presidente, Juan Rosell, con un cinismo impresionante, se permitió
cuestionar los datos de la EPA,
o sea, que durante 2012 no hubo una caída del 1’4% y una destrucción de 850.000
puestos de trabajo. Y Arturo Fernández, su mano derecha, llegó a decir en la Cadena Ser en noviembre de
2011: “No es verdad que queramos despedir. Lo que más nos gusta a los
empresarios es contratar, pero para ello se nos tiene que poner una autopista
de facilidades”. Pero la realidad es que dos años más tarde de esas indecentes
declaraciones; es decir, en febrero de 2013, Arturo Fernández, presidente de la
patronal madrileña y propietario del grupo hostelero Arturo Campoblanco, se
sabe que tenía unas deudas de nueve millones de euros con las arcas públicas.
De estos, más de cuatro millones de euros correspondían a deudas con la Seguridad Social
y Hacienda, y el resto a incumplimientos de contratos con entes públicos. El
grueso se lo llevaba Turespaña, que tenía una deuda acumulada de 3,1 millones
de euros. Adeudaba otro millón de euros a Ifema, la empresa que preside Álvarez
del Manzano y que tan rumboso aparecía días pasados por Buenos Aires junto a la
alcaldesa Botella, mientras ésta vendía humo olímpico, o café con leche, o sabe
Dios qué. Y este es el paisaje que podemos observar en España, donde la Patronal desea la
construcción de una “autopista de facilidades” en beneficio propio, y donde en
Murcia, a este paso, habrá que opositar a notarías para poder optar al puesto
de repartidor de cruasanes en un motocarro por carreteras secundarias.
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