En un editorial de El País de hoy
se comenta que tal y como entiende el
Consejo de Estado (órgano consultivo), “la reforma de la ley del aborto y su
propuesta de suprimir la indicación por malformación congénita del feto, tiende
más bien a contentar a sectores extremistas del PP que a la sociedad en su
conjunto. La prisión permanente revisable refleja un autoritarismo penal que
puede llegar a confundir la justicia con la venganza”. Ruiz-Gallardón, el peor
ministro de Justicia de los últimos tiempos, se equivocó con la nueva
aplicación de las tasas judiciales, que favorecen a los más pudientes y
perjudican al resto de ciudadanos. Y ahora se equivocará llevando a unas
Cámaras con mayoría absoluta de su partido y donde existe una vergonzosa
disciplina de voto (digo vergonzosa porque los diputados se deben a los
votantes que confiaron en ellos y no a los partidos-pesebre que los colocaron
en las listas electorales) su propuesta de modificación de la Ley del Aborto, así como la
prisión permanente revisable para determinados supuestos de delitos A
Ruiz-Gallardón le sale la vena fascistoide y, al igual que utiliza un baremo la Iglesia Católica para señalar
qué pecados son veniales o mortales, este ministro, digo, pretende separar a
los ciudadanos entre conversos e inicuos en función de los criterios de no
sabemos quién. Unos, los conversos, a los que se les pueden revisar los casos y
acortar las penas en su día impuestas por los Tribunales de Justicia; y otros,
los inicuos, sin redención posible. Sigue contando El País, a mi entender con
acertado criterio, que “un gobernante prudente y sensato no debería echar en
saco roto los dictámenes preceptivos aunque no vinculantes de los órganos
consultivos del Estado y pensárselo dos veces antes de poner en marcha una
medida sobre la que aquellos hayan constatado su falta de justificación e
incluso su posible inconstitucionalidad”. Lo peor que sucede en la actual
Derecha española es que engloba a todo un amplio espectro, que va desde los más
moderados, donde personalmente incluiría a Mariano Rajoy, hasta aquellos
militantes que siguen instalados en la nostalgia del franquismo, al estilo del dos
veces exministro de Franco y falangista José Utrera Molina, suegro del actual
ministro de Justicia, que se permitió escribir en su biografía “Sin cambiar de
Bandera” (Ed. Planeta): “Franco nunca fue totalitario, yo soy testigo”; o del
alcalde de Beade, Senén Pousa, en Orense; o del alcalde de Moraleja de Enmedio,
en Madrid, que “no se dio cuenta” de que en la calle se cantaba el “Cara al Sol”
durante el desfile de carrozas y se colocaba la bandera preconstitucional en el
balcón del Ayuntamiento durante las fiestas patronales; o de Manuel González
Capón, otro alcalde del PP, en este caso de Baralla (municipios lucense de Los
Ancares que abarca 32 aldeas) que hizo apología fascista en otra fiesta local y
dijo que
“las víctimas del franquismo se lo merecían”, etcétera. Ruiz-Gallardón
debería dejar el Gobierno por vergüenza
torera. No le queda otra a un ministro, en este caso Ruiz-Gallardón, cuando
pretende que el ciudadano comulgue con ruedas de molino.
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