A propósito de la rebaja de penas en el delito de
malversación pública que pretende llevar a cabo el Gobierno, Ramón Reig, desde las páginas de El
Correo de Andalucía, hace un señalamiento importante
que yo
suscribo. Cuenta: “Los críticos con el gobierno persiguen una victoria del PP a
lo Moreno Bonilla o, como poco, a
que le sea posible gobernar con Vox. ¿Creen que los electores van a pensar
tanto a la hora de votar en si hay o no sedición o penas más o menos grandes
para la malversación? No hay mayor sedición ni malversación que permitir los
índices de pobreza y de paro que tenemos en España, someter a los españoles a
esta inflación y a este estado anímico depresivo y aliarse con Estados Unidos
para seguirle el juego de la muerte que está experimentando una potencia que se
resiste a que otras le hagan sombra y la superen. Y de estas realidades son
responsables tanto la llamada izquierda tradicional como la derecha”. La
malversación de fondos públicos es lo peor que le puede suceder a la ciudadanía
en su conjunto en un Estado de derecho. El caso de los ERE’s en Andalucía, por
poner un solo ejemplo, fue algo intolerable y merecedor de castigo. Pero no es
lo único. Tampoco un jefe del Estado debe ampararse en su inviolabilidad para
hacer desavíos sabedor de la vergonzosa “agrafia” pactada por los medios de comunicación, algo
que sólo se “justifica” en un país bananero donde la corrupción se infiltra por
ósmosis en todos los niveles sociales. Modificar el Código Penal para favorecer
a los delincuentes (se lucren personalmente o no) no es luchar contra la corrupción,
sino todo lo contrario. La frase lapidaria de Carmen Calvo, cuando dijo que “el dinero público no es de nadie”,
no justifica de ninguna de las maneras la corrupción institucionalizada. El
dinero público es del pueblo soberano, que merece respeto y exige justicia.
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