En este laberinto español parece
algo anormal que se haya suprimido el homenaje a Franco del próximo día 2 de
diciembre en un edificio de titularidad pública. No critico que exista la Fundación Francisco
Franco, de la misma manera que no me parecería mal que existiese una Fundación
para la Cría de
Caracoles en Mansilla de las Mulas. Lo que sucede es que el Palacio de
Congresos de Madrid es un edificio propiedad del Estado y que en España, por
fortuna, está en vigor la Ley
de la Memoria Histórica.
Pretender ensalzar a estas alturas del siglo XXI la figura histórica de un
tosco militar golpista alzado por la fuerza de las armas a la Jefatura del Estado está
fuera de lugar. Proyectar hacer ponderaciones encomiásticas ahora, con la que
está cayendo, tratando de sublimar la triste figura de un generalito
africanista de voz atiplada, que no dudó en ejecutar a todo el que le molestaba
y que dejó a España postrada en un inmenso atraso, produce pasmo entre los demócratas.
Y que para tal prevista deferencia se hubiese pensado su ubicación en un
edificio de Turespaña (donde, oh casualidad, ejerce de funcionaria Esperanza
Aguirre), adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, provoca abatimiento.
En este país, donde la
Justicia será para los pudientes si prosperan las tasas de
Gallardón, donde los trabajadores no tienen árbol en el que ahorcarse,
donde Sanidad y Educación han sufrido
severos recortes, y donde en el Congreso de los Diputados se aprueba lo que le
viene en gana a los componentes de un Partido Popular siempre amparado en su
mayoría aplastante, resulta que nos encontramos, como diría F. Mateu,
“manejados por una masonería de intereses aconchabados en los diferentes
organismos de nuestra Administración”. Y eso lleva a que “parezca normal” lo
que no lo es.
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