La Gaceta, del Grupo
Intereconomía, se pregunta si vale la pena gastar 3.100 millones de euros en
subir 33 euros una pensión de jubilación. Y para el jefe de Economías Desarrolladas
del servicio de estudios del BBVA, Rafael Doménech, “actualizar
las pensiones es entrar en un círculo vicioso en el que se eleven determinados
impuestos para equilibrar las cuentas públicas y después trasladarlo a otras transferencias”.
En ese sentido, ese tipo fatuo y de escaso entendimiento “aboga por descontar
del cálculo de subida de las pensiones y de los salarios el componente
energético y el incremento del IVA en la inflación”. Pues, hombre, 33
euros por catorce pagas equivale a un aumento de 462 euros al año, que es la
cantidad aproximada anual que cada pensionista abona por disposición de un
Gobierno sin rumbo en las oficinas de Farmacia. Por lo tanto, sí merece la pena
que el Estado haga tal desembolso. Por otro lado, el tal Doménech debería saber
que los males patrios, en gran medida, son consecuencia directa de los
desafueros cometidos por la banca y las cajas de ahorro en la época de bonanza
del ladrillo. Hace falta ser cínico, por decirlo de una manera suave, pretender
detraer de ese cálculo el componente energético y el considerable aumento del
IVA. El incremento anual de las pensiones está contemplado en el Pacto de
Toledo. A los pensionistas me consta que
no les regala nada el Estado. Las pensiones de los ciudadanos son un derecho
adquirido por los trabajadores cesantes por el tiempo de cotización devengado durante
el tiempo que permanecieron dando el callo. Otra cosa son las pensiones no
contributivas que, paradójicamente, son las más incrementadas por los gobiernos
de turno al considerar que son las más reducidas. Craso error, cuando se trata
de un “toma y daca” piramidal y que tal dinero se extrae de la
Caja Común de los trabajadores en activo.
Para adquirir derechos hay que tener obligaciones.
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