Apretar la tuerca

En algo tiene razón Anson, si el PP gastó en 2011 la cantidad de 133.389.210 de euros e ingresó 12.303.879 por las cuotas de sus afiliados, quiere decirse que la diferencia, o sea, 121.085.331 de euros procedieron de dos vías: una, la mayor, por subvenciones directas e indirectas del Estado; y, otra, sin cuantificar, de “donativos” de empresas constructoras a cambio de conseguir concursos de obras y servicios por el procedimiento más  expeditivo, es decir, por la adjudicación directa. Pero, claro, resulta que el dinero público sí es de alguien, pese a aquellas declaraciones desafortunadas de una incompetente ministra de Fomento del Gobierno Zapatero entre 2004 y 2009, Magdalena Álvarez (hoy imputada por la juez  Mercedes Alaya por  los casos de los ERE fraudulentos en Andalucía), cuando dijo aquello de que “el dinero público no es de nadie” y se quedó tan fresca. El dinero público proviene, como bien conocen Ansón y el resto de los españoles, del esfuerzo fiscal de todos. “Mientras se exigían sacrificios abrumadores a los ciudadanos –señalaba Anson en “El Imparcial” días pasados-, se compraba a un presunto delincuente que, también presuntamente, choriceó al Partido Popular 45 millones de euros. Los más informados cifran esa cantidad en cerca de 100 millones”. Pero lo más triste de todo, y a eso iba, es que aquel intento de “taponar la boca” a Luis Bárcenas (18.000 euros de sueldo al mes, seguridad social, despacho, coche de gran cilindrada, chófer y honorarios de los abogados) fue pagado, al menos en gran parte, con el dinero de todos los españoles. Pero no es el único caso. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de ordenar a la Policía Judicial que investigue las informaciones sobre presunto desvío por parte de UGT de subvenciones de la Junta  y la presunta elaboración de facturas falsas para justificar los gastos. Presuntamente UGT desvió fondos de formación de parados para pagar su publicidad y pancartas para la huelga general del 29 de septiembre de 2010, así como para el mantenimiento de los ascensores, aire acondicionado y limpieza de sus sedes. No olvidemos que la  Patronal y los Sindicatos también reciben dinero público, es decir, dinero del contribuyente. A finales de marzo de 2012, la CEOE rechazó mediante una encuesta interna a sus asociados la posibilidad de financiarse exclusivamente con la cuota de sus socios, eliminando las aportaciones públicas. No pudo ser. La mayor parte de los socios entendían que las aportaciones públicas constituían un “derecho”. Pero ni Patronal ni Sindicatos, que yo sepa, hacen públicas las cifras que manejan, más todavía si se añaden las múltiples deducciones fiscales de las que se benefician. Si a todo ello añadimos el dinero entregado a la Iglesia Católica y  los más de 140.000 millones que el Estado ha inyectado a  bancos y cajas, sobre todo Bankia y Caja Madrid, y que pagará “el maestro armero”, tenemos  bastante claro cómo se presenta nuestro futuro. Juan Rosell, ese iluminado, aboga  ahora por quitar algunos “privilegios” a los contratos indefinidos e incrementárselos a los temporales. Pero ahí no acabará la cosa. La Patronal, como es obvio, seguirá apretando la tuerca mientras perdure el desesperante silencio de los corderos.