Zapatero, a tus zapatos

El Banco de España, como ya no tiene poder de emisión y como banco de banqueros ha demostrado tener un gran desprestigio en los últimos años, se dedica ahora a hurgar en la herida de los pocos trabajadores que van quedando en este país, donde más se ha incrementado la diferencia entre ricos y pobres. Luis María Linde, flamante gobernador de no sabemos qué, aún no se ha enterado de que la austeridad no es la mejor manera de garantizar las condiciones del futuro crecimiento. No son los salarios los que deben rebajarse sino la tremenda Deuda Pública. La austeridad, como todo en esta vida, hay que saber gestionarla y Rajoy no parece que tenga las ideas claras. Ha confundido incrementar impuestos para equilibrar las cuentas públicas con recortar gasto, como hubiese sido lo correcto. Tanto Rajoy, que preside el Gobierno, como el PP, con mayoría absoluta en las dos Cámaras, deberían enterarse a estas alturas de la Legislatura que todavía no se han llevado a cabo las reformas en los mecanismos de rendición de cuentas de los poderes públicos. Y eso es grave, nada democrático e impensable en un Estado moderno. El gobernador del Banco de España, a su vez, debería preocuparse de que las cajas y bancos que recibieron prestado dinero del FROB para su rescate financiero lo devolviesen sin excusa ni pretexto, puesto que el dinero entregado a esas entidades mal gestionadas ha sido en detrimento de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. La reforma del artículo 135 de la Constitución Española, llevada a cabo por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con el apoyo del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro, fue “excesiva, innecesaria e inconsistente”. Y eso no lo digo yo, sino José Moisés Martín, economista y consultor internacional. Ese mismo economista cuenta que “la precarización de las relaciones laborales, el vuelco en la distribución funcional de la renta (que situaba en 2013, por primera vez de muchos años, a las rentas del capital por encima de las rentas del trabajo) el descenso de los salarios reales acontecido en los últimos años y la erosión de las políticas sociales debida a la consolidación fiscal presionan a la baja los ingresos de los tramos medio-bajos de la escala salarial, incluyendo descenso del poder adquisitivo del Salario Mínimo Interprofesional desde 2011 (que se ha revalorizado en un 0,6% mientras que el Índice de Precios al Consumo lo ha hecho en un 5,6%). El efecto neto de este proceso está erosionando el valor del empleo como vector de inclusión social y de ejercicio activo de ciudadanía económica”. Pues bien, dicho eso, señalar, como señala el B.de E. que  “la dinámica salarial debe seguir apoyando la recuperación, por lo que la vuelta a incrementos salariales generalizados supondría un paso atrás que podría interrumpir el proceso de recuperación de la competitividad de la economía española”, es lo mismo que decía el nefasto Mafo, más preocupado por no incrementar los salarios de los trabajadores en los convenios colectivos que por ejercer de árbitro (como era su obligación) en el desbarajuste de las cajas de ahorro, cuyos  resultados están a la vista. Si la competitividad de las empresas sólo puede estar ligada a los incrementos salariales, ¡apañadas van esas empresas! Mire, Linde: trabajar no evita la pobreza. Los mercados perfectos no existen y en prácticamente todos hay oportunidad para generar monopolios y oligopolios sin beneficio alguno para los consumidores finales. A usted, a mi entender, habría que recomendarle la lectura del artículo 35.1 de la Constitución Española. Veo que no se entera de nada. Pero el yerro no es del gobernador, o sea, de usted, sino de quién le designó para el cargo.