“A partir de hoy, 1 de octubre, los secretarios judiciales
pasan a llamarse letrados al servicio de la de la administración de Justicia, como consecuencia
de la entrada en vigor de la reforma de la LOPJ de 21 de julio de 2015. Con esa reforma, se
designan como funcionarios públicos que constituyen un cuerpo superior
jurídico, único, de carácter nacional al servicio de la Administración de
Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones
con carácter de autoridad, ostentando la dirección de la oficina judicial. Con
ello se da respuesta a una demanda histórica del Cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia, que considera que la denominación de secretarios judiciales conduce a
equívocos sobre la función realmente desempeñada”. Queda claro. Así nadie
tendrá dudas sobre qué funciones desempeñan esos altos funcionarios fedatarios,
o sea, que no son los encargados de llevar el café y los churros al juez a
media mañana sino los directores de la
oficina de los Juzgados, con carácter de autoridad y rango de señoría. “A ellos
–para quien no lo sepa- corresponde, con exclusividad y plenitud, el ejercicio
de la fe pública judicial”. Como puede comprobarse, hoy los tiempos adelantan
que es una barbaridad. Ya sólo falta que la Justicia sea rápida a la hora de ejecutar
sentencias; y que no suceda, como en el caso de la talidomida, que después de
casi medio siglo de procesos judiciales, el Tribunal Supremo (que parece estar
por encima del bien y del mal) haya considerado recientemente que ese espinoso caso
ha quedado prescrito; que era justamente lo que argumentaba la farmacéutica
alemana Grünenthal (que patentó la
talidomida en 1957) a través de su filiar Medinsa.
Según contaba Emilio de Benito en El País (14 de octubre de 2013), “no
está demostrada la culpabilidad del laboratorio, que actuó, según su abogada,
de acuerdo al conocimiento que había en la época. Lo injusto es pedir a un
tribunal que juzgue una negligencia de hace 50 años. La talidomida se usaba
como un tranquilizante, pero, fuera de prospecto, también para tratar las
náuseas de las embarazadas. Esa aplicación fue la que causó las malformaciones”.
Me consta que en otros países sí fueron indemnizados hace ya bastante tiempo. Y
es que, en un Estado de derecho, cuando el Derecho no es equitativo, universal,
consuetudinario y progresivo, más nos vale que nos pille el flamante AVE “del
desarrollo” León-Palencia-Valladolid y viceversa. Viendo por televisión a Rajoy en la cabina de mando de aquel
tren-balilla (¡nada menos que desde Chamartín hasta Palencia!) parecía que
moviera los labios como si estuviese cantando aquello de “Quita del medio que va a pasar / la camioneta de mi papá”. Luego
resultó que hasta la placa inaugural de la llegada a la estación de Palencia estaba
fechada en León y tuvo que ser retirada al finalizar el acto para corregir el
entuerto.
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