lunes, 27 de septiembre de 2021

La venda y la herida

 


A mi entender, que una pequeña ciudad de provincias como es Calatayud con apenas 20.000 habitantes disponga en su casco urbano de 73 cámaras de vigilancia, se me antoja  todo un exceso de seguridad ciudadana injustificable. Calatayud no es el Bronx neoyorkino, ni el Pentágono, ni la base militar de Fort Knox, en el Estado de Kentucky, ni Pionyang. Calatayud, al menos que a mí me conste, es una ciudad llena de encanto en la que todo el mundo se conoce y donde se puede ir tranquilo por la calle, salvo que te caiga una rama de un  plátano de sombra del Paseo. El concejal de Urbanismo, Patrimonio y Nuevas Tecnologías, José Manuel Gimeno, declaraba recientemente a los medios que “con este proyecto estamos mejorando la seguridad de Calatayud intensificando la vigilancia con una nueva herramienta al servicio de los cuerpos de Policía, lo que nos ayuda a prevenir actos vandálicos". Por otro lado, la Diputación Provincial de Zaragoza, de la que Gimeno forma parte en calidad de diputado provincial desde 2011, y que es un  órgano de gobierno y administración de la provincia (Ley 7/1985, de 2 de abril), debería entender que existen otras prioridades a la hora de administrar sus fondos. Soy consciente de que entre sus competencias está la seguridad en lugares públicos (Capítulo III. Artículo 25), pero también tiene competencia sobre protección de la salud pública, reinserción social, conservación de patrimonio histórico-artístico, prevención de incendios, tratamiento de aguas residuales, etcétera, etcétera. La mejor manera de prevenir actos vandálicos, eso es de Perogrullo, consiste en patrullar las calles por parte de las fuerzas de orden público. El bilbilitano, como cualquier ciudadano en un Estado de derecho, debe beneficiarse de la seguridad que le ofrecen las Fuerzas y Cuerpos que pagamos con nuestros impuestos, pero también debe tener acceso a la libertad sin coerciones. Entiendo que con 73 cámaras de vigilancia distribuidas por una ciudad del tamaño de Calatayud queda violentada la libertad de las personas de forma evidente. No se debe poner la venda antes de que exista la herida y eso debería saberlo el alcalde del PP José Manuel Aranda que, además de presidir el Ayuntamiento de Calatayud, es licenciado en Medicina.

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