Comenta Carlos Herrera en el diario Abc que
“un aglomerado de la peor basura social ha planeado aprovechar cualquier
manifestación de descontento ciudadano para sembrar todo caos y toda violencia
posibles. Su ejecutoria consiste en la destrucción de lo que alcance a su ira y
al uso de violencia extrema contra servidores del orden público. Se vio el
sábado en Madrid tras la Marcha
por la Dignidad
y se ha visto en los campus universitarios en las últimas horas”. Cierto. Todo
ciudadano tiene derecho a manifestarse por las calles de su ciudad sin que
nadie, tampoco el ministro del Interior o la alcaldesa de Madrid, pretendan señalar qué lugares son los “apropiados” para
realizar tales manifestaciones. De ninguna de las maneras se debe habilitar un
“manifestódromo” para que el ciudadano pueda explayarse, airear pancartas y dar
gritos contra aquellos que producen, a criterio de los manifestantes,
bochornosas situaciones de injusticia social. En Reino Unido, por ejemplo, hasta
se permite que los ciudadanos puedan manifestarse a la puerta de la residencia
del primer ministro. Sin embargo, en España la cosa cambia. Si España pretende
estar a la altura de países que, como Francia o Reino Unido, tienen
perfectamente asumida la democracia desde hace muchos años, no deben sus
gobernantes de quita y pon rasgarse las vestiduras ante un escrache frente al
domicilio de un político. Debería considerarse como algo normal. Y una vez
aclarado eso, estoy de acuerdo con Herrera en que “un aglomerado de la peor
basura social ha planeado aprovechar cualquier manifestación de descontento
ciudadano para sembrar todo caos y toda violencia posibles”. No puede ni debe
tolerarse. El otro día, en Madrid, se pudieron contemplar escenas que ponen los
pelos de punta. Hubo una descoordinación policial de libro. Y, también, unos
grupos incontrolados dispuestos a todo, incluso a tumbar policías a pedradas.
Eso no cabe en un Estado de Derecho.
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