Lo sucedido en Zaragoza el pasado día 8 de diciembre, cuando
unos tipos atacaron a un hombre, Víctor Láinez, con un objeto contundente por llevar tirantes
con la bandera española, da idea de cómo las gastan aquellos que todavía ven
como un símbolo “facha” lucir los colores de la bandera española, instaurada
oficialmente en 1843 y cuyos colores han permanecido desde entonces salvo en el
periodo de la Segunda República.
Como no puede ser de otra manera, rechazo ese comportamiento salvaje. La prensa
señala que el herido está en muerte cerebral. Horas más tarde me entero de que ha fallecido. En un Estado de Derecho los
símbolos son importantes. Pero no cabe duda de que, durante la Transición, los
redactores de la
Constitución del 78 tuvieron una ocasión de oro para
modificar los colores de una bandera oficializada durante el reinado de Isabel II; que, por un lado
representaba a la Casa
de Borbón y, por el otro, había sido utilizada por los causantes del golpe de
Estado de 1936 contra la Segunda República, legalmente constituida en 1931, y declarada
como oficial durante toda la dictadura franquista. Quizás, las Cortes
Constituyentes en la redacción del artículo 4.1 de la Constitución del 78 tuvieron
una ocasión de oro para haber cambiado los colores de la bandera, del mismo
modo que eliminaron del escudo el águila de san Juan. No se hizo así por
razones que desconozco, aunque lo que entonces se llamó “consenso” no fue, a mi
entender, otra cosa que el gran miedo instalado entonces en todas las
instituciones del Estado. Lo que ocurrió tres años después, en febrero de 1981,
da idea de cómo andaba el aceite del candil. Es triste comprobar que ahora, 39
años después del nacimiento de la Constitución de 1978, el Gobierno que preside Mariano Rajoy apoyado por el Partido
Popular (partido creado por siete
exministros franquistas), manifieste todo tipo de reticencias para modernizar
esa Constitución de arriba abajo y no esté interesado en poner un solo céntimo
de euro de los Presupuestos a la
Ley de Memoria Histórica escudándose en la crisis económica. ¿Pero
no dicen que ya nos hemos recuperado? Nos sigue quedando a muchos un regusto a
sueño mutilado. Menos mal que existen las hemerotecas. Y en ellas consta que Rafael Hernando declaró en una tertulia
televisiva que “los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de
desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones”. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
le denunció por lo que entendían como un delito de injurias graves. Pero la Fiscalía archivó la
querella, al no encontrar “elementos suficientes para ejercer acciones penales
o civiles”. Creo que fue en marzo de este año cuando Hernando volvió a la
carga, asegurando que “esto de estar todo los días con los muertos para arriba
y para abajo supongo que será el entretenimiento de algunos”. Y otra vez la ARMH se dirigió a la
fiscalía, al considerar que estas palabras podrían incumplir el artículo 510
del Código Penal,
que contempla penas de hasta 4 años de prisión para quienes públicamente
“fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad,
discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una
persona determinada”. ¿Y en qué quedó? En nada. Sólo Camboya supera a España en
número de fosas comunes. Ese hecho produce escalofríos. Ya dijo Charles de Gaulle que las guerras
civiles no se acaban nunca. Estaba en lo cierto.
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