Memoria perdurable

 Me parece una acertada idea que el Ministerio de Cultura haya corrido un tupido velo ante el deseo de Pablo Linares Clemente, presidente para la asociación Defensa del Valle de los Caídos, que solicitó en 2018 una declaración de Bien de Interés Cultural para ese espacio macabro y fuera de lugar del paraje de Cuelgamuros, en plena la Sierra de Guadarrama, por considerar  -así lo señala Isaac Sastre, director general de Patrimonio General y Bellas Artes-  que “no se trata de un monumento arquitectónico de singular importancia. Además de ello –sigue aclarando Sastre- adolece de las características técnicas necesarias para este tipo de expedientes, que exige el artículo 11 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, como la delimitación del entorno afectado por la declaración y las partes integrantes bien diferenciadas, así como las pertenencias y los accesorios comprendidos en la declaración. Además de ello, su construcción produjo una alteración notable del entorno natural sin haber previsto las consecuencias que la intervención podría causar en las condiciones medioambientales". Vamos, que es una birria de santuario incrustado en una caverna hecha al efecto, que rompe el bello paisaje de una sierra y que lleva añadida una enorme cruz hueca  de 152,2 metros;  que, para mayor inri, fue construida en la cima de un risco por prisioneros de guerra republicanos.  A mi entender, ese enorme osario debería dejar de mantener la abadía de benedictinos que vive desde 1958 a costa de Presupuestos, desacralizar la iglesia, quitar la cruz del paisaje serrano, sacar los restos de Primo de Rivera de su espacio privilegiado en el altar desde el 30 de marzo de1959 y trasladarlos a un lugar más discreto; y lo más importante de todo: transformar su conjunto en un gran cementerio civil. La ley prevé, también, la anulación de medallas y títulos nobiliarios concedidos por Franco. Es la única manera de respetar la Ley de Memoria Democrática, aprobada en comisión en el Congreso de los Diputados con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, PNV y Bildu, ahora solo pendiente de tramitación parlamentaria. En esa Ley hay un punto que reconoce a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983, que incluirá a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada 'guerra sucia' contra ETA durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución y que podría afectar a los GAL en el primer año de Gobierno de Felipe González. Es decir, donde se incluyen los crímenes de Estado que se produjeron durante ese tiempo oscuro de la Transición y que ningún demócrata decente ha conseguido borrar de su perdurable memoria.