El cese de Ureña debería explicarse mejor

El asunto del cese desde el Vaticano a Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza, no está nada claro. El arzobispo hizo unas declaraciones el pasado 12 de noviembre señalando que hacía  tiempo había escrito a la Santa Sede pidiendo su renuncia al cargo por motivos de edad (aún no había cumplido los 70 años) y como causa de su flojedad física derivada de varias operaciones (próstata, menisco y corazón) sufridas tiempo atrás. Entonces me enteré por la prensa de que el papa Francisco había aceptado su renuncia; y en su lugar, de forma interina,  habían puesto a un vicario hasta el nombramiento de un nuevo arzobispo que pudiese hacerse cargo de la Archidiócesis. Ahora aparecen nuevas y asombrosas circunstancias. Así, según leo hoy en el diario Heraldo de Aragón  “fue la propia Santa Sede la que solicitó expresamente a Ureña que se marchara al tener conocimiento de que éste acababa de autorizar el pago de una indemnización de 60.000 euros a un diácono al que había decidido no ordenar como sacerdote. El montante final de la operación es incluso mayor, puesto que el joven cobró en ‘limpio’ y el arzobispo se comprometió a abonar la parte de la cuantía que corresponde a Hacienda: otros 45.000 euros”. Ureña manifestó tras su cese que seguirá viviendo en Zaragoza y, desde entonces, se barajan los nombramientos de Juan José Omella, actual obispo de Calahorra, y los auxiliares de Madrid Fidel Herráez y Martínez Camino. Curiosamente, el cese de Ureña coincidió con la culminación de un proceso de fusión de Ibercaja y Caja Inmaculada (integrante de Caja3) que se había formalizado  el 25 de julio de 2013, cuando realizó una ampliación de capital de 325,5 millones de euros, que fue suscrita por las tres entidades que la integraban, aportando como contraprestación la totalidad del capital social del grupo (Caja Inmaculada, Caja de Badajoz y Caja Círculo de Burgos) y que se formalizó el pasado 1 de octubre con la firma de la escritura de fusión por absorción. Es necesario recordar que Caja Inmaculada siempre estuvo controlada por el Arzobispado de Zaragoza desde su fundación en 1905 por Acción Social Católica de Zaragoza, con el nombre de Caja de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción. En 2009 se anunció a bombo y platillo su integración con La Caja de Canarias y Caja Rioja, pero tal decisión, que había sido ratificada por su asamblea el 15 de diciembre de aquel año, con el cambiar de dirección de la entidad se abortaron esos planes. Hasta que en junio de 2010 se acordó crear un Sistema Institucional de Protección (SIP) con Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz  y empezaron a operar con  el nombre de Caja3 el 2 de enero de 2011, hasta que el 25 de julio de 2013, fecha en que la filial bancaria de Ibercaja (Ibercaja Banco) se hizo con el 100% de Caja3, quedando participado en un 87,8% por Ibercaja y en un 12,2% por Caja3, hasta el pasado 1 de octubre se llevó a cabo la total fusión por absorción. Ya en febrero pasado, el Periódico de Aragón (Grupo Z) explicaba a sus lectores que “las aventuras inmobiliarias de Caja Inmaculada  en Andalucía fueron, en la mayoría de los casos, un sonoro fracaso. Los principales proyectos acabaron paralizados, algunos de ellos por decisiones judiciales. El gestor y cabecilla de esos negocios era el empresario y abogado andaluz Ramón Marrero, que sorprendentemente fue recompensado por la CAI cuando rompió la relación comercial con él, según el informe pericial  elaborado por la consultora KPMG y por encargo de la propia CAI, dentro de la querella presentada por la entidad aragonesa contra éste y otros dos exdirectivos”. (…) “Los negocios fallidos en el sur suponen -contaba entonces El Periódico- una parte importante de la losa inmobiliaria que la ha sepultado, pese a haber  recibido cuantiosas ayudas públicas, acabando siendo absorbida”. (…) “La primera operación conjunta fue con la sociedad El Soto de Vistahermosa SL, que llevó a cabo esta urbanización en la costa de Cádiz. Seguidamente, CAI aterrizó en el accionariado del polémico campo de golf El Puerto, situado en Sanlúcar de Barrameda, y abrió una sucursal en El Puerto de Santa María. La caja y el empresario estaban juntos en Arcai Inmuebles SA --y a través de ésta en Golf de El Puerto SA e Inversiones Turísticas y Deportivas SL--, en la que el promotor gaditano tenía el 25% (con Auriga El Puerto SL). También compartían capital en Promociones Inmobiliarias Berben el Puerto SL, Inverpuerto 2004 SL, El Soto de Vistahermosa SL, Inversiones Inmobiliarias Andalsur SA y Uriva SA. Además de la relación societaria, la mayor parte de estas empresas eran gestionadas por el ahora imputado. El exdirector de la caja aragonesa, Tomás García Montes --también imputado-- formaba parte de los consejos de administración de las empresas donde eran socios CAI y Marrero. Algunos de los mayores proyectos promovidos en Cádiz estuvieron rodeados de polémica y acabaron judicializados”.  A mi entender, aquí tanto Elías Yanes como Manuel Ureña y buena parte de sus anteriores directivos de CAI algo tendrían que explicar al respecto. Curiosamente ambos arzobispos están ya fuera de juego. El primero, por anciano. El segundo, por su cese fulminante. Las preguntas del millón serían ahora: ¿quién  se fue del pico? y ¿por qué? Para mí, este culebrón huele que atufa.