El peligroso búmeran de Aranda

El actual alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda Lassa, me denigraba ayer en Facebook por intentar pasar página sobre la muerte de Manuel Giménez Abad a manos de la banda terrorista ETA. Toda muerte produce consternación y más aún si esa muerte se produce en la persona de un inocente. Soy respetuoso con la figura de Manuel Giménez Abad y doy por hecho el gran sufrimiento que esa muerte produjo en su esposa y en sus hijos, así como el vacío irreparable que dejó en esa familia. Pero el actual alcalde de Calatayud debería ser consciente de que existen las hemerotecas. Ese abogado, al que respeto, era el 6 de mayo de 2001 (cuando ocurrió el trágico suceso) presidente del PP aragonés y presidente del grupo parlamentario popular en las Cortes de Aragón. Todos los demócratas, entre los que yo me incluyo,  sentimos en su día aquella inesperada muerte. Pero, como digo, existen las hemerotecas para refresco de memorias selectivas. Y en Arainfo existe una información de Miguel Ángel Capapé (fechada el 6 de junio de 2012) por aquel entonces presidente de la asociación ARICO, que señala lo siguiente: “Nos parece vergonzoso que el alcalde de Calatayud se niegue a  instalar en el cementerio de dicha localidad un Memorial con los nombres de la represión franquista alegando que no se puede poner ninguna placa en ese lugar porque a ellos les han obligado a retirarlas de las iglesias”. Sí, claro, pero no lo dijo todo. En las fachadas de las iglesias estaba, debajo del nombre de José Antonio, sólo la nómina de los muertos de una parte. O dicho de otra manera: los fusilados en el barranco de La Bartolina, por ejemplo, no figuraron nunca en las fachadas de los templos, ni el nombre de Francisco Bueno Herrero, fusilado en la plaza del Fuerte ante cientos de personas y rematado en el suelo por una señora que acababa de salir de misa en San Juan El Real. Podría seguir, pero no vale la pena. Pues bien, sigo leyendo: “La Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO – Memoria Aragonesa) quiere denunciar públicamente la negativa del alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda Lassa, del Partido Popular, a colocar un memorial en el cementerio municipal de dicha localidad”. (…) “Al principio nos dijo que cambiáramos la zona elegida para erigir el memorial porque en ese lugar, que fue donde fueron enterrados la mayoría de los represaliados asesinados en las tapias del cementerio de Calatayud, se iba a construir en el futuro una serie de nichos pero ahora, después de que cambiamos el proyecto para adecuarlo al nuevo emplazamiento dentro del cementerio, nos vuelve a decir que el Memorial no puede contener nombres, algo que nos parece inadmisible.” (…) “Esta asociación no entiende que después de 76 años, los responsables políticos de la ciudad de Calatayud sean incapaces de reconocer el daño causado a los asesinados ni el daño que se sigue causando a sus familias hoy en día, cuando a éstas, que nunca podrán recuperar los restos mortales de sus seres queridos, se les niega la posibilidad de ver sus nombres escritos en un monumento que dignifique su memoria y al que poder acudir a poner unas flores y a rendirles un justo homenaje”. No merece la pena seguir escribiendo sobre este tema. Terminaré diciendo que la negativa del alcalde a permitir la colocación de aquel Memorial conllevó la pérdida de los 30.000 euros que esa Asociación había  recibido del Gobierno para su construcción”. Por todo lo expuesto, sugeriría al actual alcalde de Calatayud que tomase el aire aprovechando la fresca para intentar poner en orden sus ideas. La muerte de Giménez Abad fue una sinrazón imperdonable. El Ayuntamiento de Zaragoza, y lo celebro, le dedicó un puente sobre el Ebro en su recuerdo. Las otras matanzas, las que la derecha intenta dejar en el olvido (por todos es sabido que el Gobierno presidido por Rajoy no dio un euro para la Ley 52/2007 de 26 de diciembre) fueron crímenes de lesa humanidad. Que se entere ese alcalde, antes de pretender dar lecciones de ética a algunos de los que opinamos en un foro relajado, que cuando se ejerce un cargo político hay que tener mucho cuidado con lo que se proyecta hacia el ciudadano. Suele suceder que los actos de hostilidad terminan por dañar a su propio autor.