Una ley con excesivo retraso

 

Hoy viernes entra en vigor la Ley de Memoria Democrática en aplicación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, publicada en el BOE (cincuenta y cinco páginas) con fecha de día siguiente. Se acabó llamar Valle de los Caídos al Valle de Cuelgamuros, ese enclave tétrico en la Sierra de Guadarrama que yo veía a lo lejos, rompiendo el bello paisaje serrano, durante mis estancias en Collado Villalba. Se acabaron, también, los títulos nobiliarios concedidos por Franco. Como reza el Título Preliminar en su Artículo 1.3, “Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar…”. En consecuencia, a mi entender, habría que retroceder en tiempo (precedente a ese golpe de Estado), es decir, regresar a la Constitución de 1931 promovida por aquella Segunda República, aprobada el 9 de diciembre de aquel año por las Cortes Constituyentes y que, curiosamente, nunca fue derogada por el franquismo. Pero los que tenemos memoria recordamos que el 22 de noviembre de 1975 se asentó en España una monarquía muy rara. A aquel Príncipe de España lo que le interesaba entonces no era el futuro de la democracia sino poder recuperar una corona perdida por Alfonso XIII, su abuelo, con su huída precipitada en 1931. Y para demostrar que Juan Carlos I no trajo la democracia a España ni fue el motor del cambio, veamos la “moviola” de su juramento: “Señor, ¿juráis por Dios y sobre los Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional?” -- preguntó Alejandro Rodríguez de Valcárcel --.  Respuesta de Juan Carlos: “Juro por Dios y por los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”. A la muerte de Franco no se hizo un referéndum sobre la forma de Estado que esperaban los españoles. Se prefirió intercalar la figura del nuevo monarca (por algunos fascistas moteado como Juan Carlos el Breve) entre las páginas de una constitución, la del 78, que fue aprobada por los ciudadanos, que optaron por “tragar” lo menos malo. Fue un regate de Adolfo Suárez el que aseguró una Monarquía que solo estaba mal hilvanada desde la “charlotada” de aquella Ley de Sucesión de 1947, donde abría la posibilidad remota al regreso de los Borbones, aunque pasando por encima de la figura del entonces “heredero” de unos “derechos históricos” ya inexistentes (por la pérdida de la corona tras la huída cobarde del último rey de esa dinastía) que representaba Juan de Borbón. Franco, por un lado, deseaba un “delfín” tras su muerte hecho a su horma; por otro, borrar definitivamente al pretendiente, por el que demostraba un odio africano desde el “Manifiesto de Lausana” de 1945, silenciado por la prensa y la radio españolas, aunque difundido por la BBC.