martes, 17 de julio de 2018

Sobre el concepto de ciudadanía



Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y comentarista político,  escribe hoy en eldiario.es  y, a mi entender, da en el quid de la cuestión: “La institución monárquica choca frontalmente con los dos principios básicos en los que descansa el Estado constitucional democrático: el principio de igualdad y el carácter representativo de todo poder político. Si hay algo que el Estado constitucional democrático no puede tolerar es que jurídicamente se configuren distintas categorías de individuos jerárquicamente ordenados. Para evitarlo fue para lo que se inventó el concepto de ciudadanía, que supone la equiparación jurídica de todos los individuos, independientemente de sus diferencias personales”. (…) “En última instancia el Estado constitucional no es más que un proyecto de ordenación racional del poder, tanto en su origen como en su ejercicio, y en el mismo no tiene cabida una magistratura de tipo hereditario. La herencia es una institución coherente con la propiedad privada, pero no con el ejercicio del poder del Estado, que se caracteriza precisamente por la separación del poder político y la propiedad”.  A mi entender, esa “anomalía” se ha hecho visible en los últimos años, en el momento en que hablar o escribir sobre la Corona dejó de ser tabú, y los españoles hemos podido comprobar que a esa Institución se le están cayendo los palos del sombrajo a fuer de cometer errores de libro. Señala la prensa que Juan Carlos de Borbón sufrió un ataque de ansiedad con las revelaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein en unas supuestas grabaciones realizadas por el excomisario Villarejo y publicadas en El Español y en OKDiario. Como consecuencia de ello, Alberto Garzón (IU) solicitó la comparecencia del director del CNI en la  Comisión de Secretos Oficiales, del Congreso. Pocos días después se anunciaba que Féliz Sanz Roldán acudiría “a petición propia" a esa comisión”. Pero al tratarse de una comisión de secretos oficiales, todo aquello que pueda decir ese coronel nunca trascenderá. O sea, nos quedaremos los ciudadanos in albis, de la misma manera que pasará mucho tiempo (cuando digo mucho tiempo quiero decir muchos años) hasta que puedan desclasificarse los papeles de la  verdadera “trama” civil y militar de aquel malhadado 23F, del mimo modo que, pese al tiempo transcurrido,  todavía se desconocen muchas cuestiones de interés sobre el asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA, ocurrido en una calle madrileña próxima a la Embajada de los Estados Unidos. Pero termino con otro párrafo de Javier Pérez Royo: “La monarquía española sigue siendo una anomalía histórica que no ha sido corregida. Es verdad que la dimensión de la anomalía no es la misma con la Constitución de 1978 que la que tuvo con las constituciones del siglo XIX, pero la anomalía sigue estando presente. Durante los primeros decenios de vigencia de la Constitución la anomalía ha pasado desapercibida, en buena medida porque veníamos de donde veníamos, por un lado, y porque hubo un pacto de no información sobre la conducta del rey, por otro. Pero en los últimos años la anomalía se ha hecho visible”. Parece difícil, en suma, intentar taponar con una mano la rotura de un colector.

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