Javier Pérez
Royo,
catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y
comentarista político, escribe hoy en eldiario.es y, a mi entender, da en el quid de la
cuestión: “La institución monárquica choca frontalmente con los dos principios
básicos en los que descansa el Estado constitucional democrático: el principio
de igualdad y el carácter representativo de todo poder político. Si hay algo
que el Estado constitucional democrático no puede tolerar es que jurídicamente
se configuren distintas categorías de individuos jerárquicamente ordenados.
Para evitarlo fue para lo que se inventó el concepto de ciudadanía, que supone
la equiparación jurídica de todos los individuos, independientemente de sus
diferencias personales”. (…) “En última instancia el Estado constitucional no
es más que un proyecto de ordenación racional del poder, tanto en su origen
como en su ejercicio, y en el mismo no tiene cabida una magistratura de tipo hereditario.
La herencia es una institución coherente con la propiedad privada, pero no con
el ejercicio del poder del Estado, que se caracteriza precisamente por la
separación del poder político y la propiedad”. A mi entender, esa “anomalía” se ha hecho
visible en los últimos años, en el momento en que hablar o escribir sobre la
Corona dejó de ser tabú, y los españoles hemos podido comprobar que a esa
Institución se le están cayendo los palos del sombrajo a fuer de cometer
errores de libro. Señala la prensa que Juan
Carlos de Borbón sufrió un ataque de ansiedad con las revelaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein en unas
supuestas grabaciones realizadas por el excomisario Villarejo y publicadas en El
Español y en OKDiario. Como
consecuencia de ello, Alberto Garzón
(IU) solicitó la comparecencia del director del CNI en la Comisión
de Secretos Oficiales, del Congreso. Pocos días después se anunciaba
que Féliz Sanz Roldán acudiría “a
petición propia" a esa comisión”. Pero al tratarse de una comisión de
secretos oficiales, todo aquello que pueda decir ese coronel nunca trascenderá.
O sea, nos quedaremos los ciudadanos in
albis, de la misma manera que pasará mucho tiempo (cuando digo mucho tiempo
quiero decir muchos años) hasta que puedan desclasificarse los papeles de la verdadera “trama” civil y militar de aquel
malhadado 23F, del mimo modo que, pese al tiempo transcurrido, todavía se desconocen muchas cuestiones de interés
sobre el asesinato de Carrero Blanco
a manos de ETA, ocurrido en una calle madrileña próxima a la Embajada de los
Estados Unidos. Pero termino con otro párrafo de Javier Pérez Royo: “La
monarquía española sigue siendo una anomalía histórica que no ha sido
corregida. Es verdad que la dimensión de la anomalía no es la misma con la Constitución de 1978 que la que tuvo con
las constituciones del siglo XIX, pero la anomalía sigue estando presente.
Durante los primeros decenios de vigencia de la Constitución la anomalía ha
pasado desapercibida, en buena medida porque veníamos de donde veníamos, por un
lado, y porque hubo un pacto de no información sobre la conducta del rey, por
otro. Pero en los últimos años la anomalía se ha hecho visible”. Parece difícil,
en suma, intentar taponar con una mano la rotura de un colector.
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