Cinismo

En un artículo de Juan José Tamayo en EL País, “La transición religiosa”, su autor señala: “Siempre me ha resultado difícil definir al Estado español en su relación con la religión. Ciertamente no es un Estado ateo, que la persiga, ni laicista, que la reduzca a la esfera privada, como tampoco confesional, en la medida en que tenga una confesión única, ya que la Constitución afirma en el artículo 16.3 que ninguna religión tendrá carácter estatal, etcétera.”. (…) “Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 dotan a la Iglesia católica de todo tipo de beneficios: fiscales, económicos, educativos, culturales, militares, sociales, sanitarios, patrimoniales. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa es claramente discriminatoria, ya que establece varios tipos de religiones: la Iglesia católica, de primera categoría, las confesiones de notorio arraigo, de segunda, las confesiones con acuerdo, de tercera, y el resto, de cuarta”. (…) “La religión católica cuenta con más de 15.000 profesores en las escuelas, nombrados por los obispos, al margen del sistema general de acceso del resto de los profesores y pagados por el Estado. Recibe una pingüe financiación económica del Estado a través de la asignación tributaria, que este año ha ascendido a 251 millones de euros, exenciones fiscales y otras ayudas, incumpliendo el Acuerdo Económico de 1979, en el que la Iglesia católica asumía el compromiso de autofinanciarse”. Pues bien, estos días, la Conferencia Episcopal se siente molesta. Ya en agosto pasado, el cardenal  Ricardo Blázquez mostraba “inquietud” por el desafío catalán. ¡Vamos, hombre…¡ Ahora, casi un año más tarde, el desasosiego de ese tal Blázquez parece venir motivado por unas declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, anunciando que el Gobierno derogará de forma urgente varios artículos de la LOMCE aprobada en su día por el Partido Popular y adelanta que la asignatura de Religión dejará de ser computable a efectos académicos y sustituida por otra asignatura de valores éticos y cívicos ya existente en otros países europeos. Como si tuviesen un resorte, los obispos  han señalado que los Acuerdos Iglesia-Estado del 79 deben respetarse en su integridad. Vale, de acuerdo. Que la iglesia asuma de una vez el compromiso de autofinanciarse. ¿Lo ha hecho? No. ¿Lleva camino de hacerlo? Tampoco. ¿Y qué está haciendo? Seguir recibiendo una mamandurria anual de más de 11.000 millones de euros, sin contar los ingresos por culto, las exenciones de impuestos y los cobros por taquilla de las visitas a catedrales, en demasiadas ocasiones arregladas con dinero público, como son los casos aragoneses de la Seo, en Zaragoza, la catedral, en Tarazona, la colegiata de Santa María, en Calatayud…  Sería larga la lista de ayudas a fondo perdido en beneficio de un activo patrimonial religioso que es de todos aunque inscrito en el Registro de la Propiedad como perteneciente a la Iglesia Católica. ¿Cabe mayor cinismo?