Infringir es un verbo transitivo cuyo sinónimo es
quebrantar. Infligir tiene dos acepciones: 1. causar o producir daño, y 2.
imponer o aplicar un castigo o pena. Un ejemplo de infringir las leyes puede
explicarse cómodamente en los presuntos casos de corrupción de los responsables
de la Gürtel, o
de la Púnica,
o en los presuntos desafueros de Rodrigo Rato o de Iñaki Urdangarín, cuyo
pretérito perfecto compuesto en su tercera persona del plural es “ellos han
infringido”. Lo de “presunto” lo añado por el hecho de no existir sentencia
firme contra los responsables de las tramas de corrupción o contra aquellos
individuos que de alguna manera causaron el quebranto. Infligir, como decía, ya es harina de otro costal. Infligir
daño es, por ejemplo, lo que hizo durante mucho tiempo Billy el Niño, o sea,
Antonio González Pacheco, aquel inspector de la Brigada Central de
Información (antigua Brigada Político Social) que durante el franquismo se
dedicó en la DGS
a torturar, y en muchos casos hasta causar la muerte, a un montón de ciudadanos
detenidos por presunta desafección al Régimen. Según la edición de El País (29
de septiembre de 2013) José María Irujo cuenta: “En 1977, Billy el Niño fue
condecorado por Rodolfo Martín Villa entonces ministro del Interior, con la medalla de
plata al Mérito Policial y agasajado por cien policías en una comida de
desagravio por la “persecución” de la que era objeto por los medios de
comunicación. Entró en la brigada antiterrorista a las órdenes de Roberto
Conesa y acabó su carrera en la policía judicial. “Era uno de sus niños
bonitos”, recuerda un comisario. En 1982 pasó a la situación de excedencia para
trabajar como jefe de seguridad de Renault. “Discute con todo el mundo. Se ha
vuelto más visceral y exaltado”, asegura uno de sus excompañeros.” Hace pocos
días, una cadena de televisión (La
Sexta) lo ha visto por las calles de Madrid. Trató de
esquivar a las cámaras y se “refugió” en el interior de un taxi. La jueza argentina María Servini emitió en
septiembre de 2013 una orden de captura internacional tras imputarlo por
crímenes de lesa humanidad, pero la Audiencia Nacional
rechazó su extradición alegando que los delitos de tortura infligidos habían
prescrito. Hay delitos infligidos, como la tortura, que en un Estado de derecho
no deberían prescribir nunca, de la misma manera que aquellos que han
infringido las leyes no debieran irse de rositas ni poder ser amnistiados en un
Consejo de Ministros.
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