Ayer en El País
dos comentaristas de opinión, Francesc
de Carreras y J. I Torreblanca metían
los dedos en la llaga abierta. De Carreras contaba que “a Rajoy le quedan 10 días para demostrar que la Constitución sigue
vigente” (...) “El Gobierno da muestras de una desconcertante debilidad. Hasta
ahora ha mandado a fiscales y jueces para que le resuelvan los problemas, sin
asumir su responsabilidad con procedimientos políticos (artículos 155 y 116 de la Constitución) y un discurso
en positivo, pedagógico y comprensible para los ciudadanos, sobre las ventajas
de seguir unidos y los fatales riesgos de cambiar nuestro modelo democrático”.
Y Torreblanca comentaba en su artículo “Dos
repúblicas por el precio de una” que “la extrema izquierda se sube al carro
del desafío independentista a ver si consigue echar a Rajoy desde la calle y
provocar una crisis de Estado”. Al referir se a la extrema derecha, añadía: “Algunos,
con un fino detector, nos dicen que está ahí, agazapada en el PP y en el Barrio
de Salamanca de Madrid, esperando a salir. Y otros, con el detector mal
calibrado, dicen que no la vemos porque todo el PP es extrema derecha. Pero la
extrema izquierda autoritaria de este país, que sí que existe política, social,
electoral y parlamentariamente, no se ve, no se detecta, no se percibe, y no se
habla de ella. Pero sí que existe, y como la extrema derecha, desprecia la
democracia, sus métodos, sus leyes y sus instituciones. Lo acaban de demostrar
en el Parlamento Pablo Iglesias, Xavier Doménech y Gabriel Rufián al calificar el intento de hacer cumplir las órdenes
del Tribunal Constitucional como propio de un ‘Estado autoritario y represor’ y
referirse como ‘presos políticos’ a los detenidos en la operación para impedir
el referéndum ilegal del 1-O”. (...) “Cuando el Govern y el Parlament derogaron
de facto el Estatut y la
Constitución en Cataluña con la ley del referéndum y de
Transitoriedad Iglesias guardó silencio, pero cuando el Estado intenta hacer
cumplir la Constitución
resulta, según Doménech, que el Gobierno acaba de cargarse el pacto Suárez-Tarradellas”. (...) “Detrás de
todo esto hay una estrategia muy simple. Como la extrema izquierda no ha
logrado echar a Rajoy, proclamar la República, destruir al PSOE, ni deshacerse de la Constitución del 78
por la fuerza de los votos en las urnas y los procedimientos parlamentarios
normales en un Estado de derecho, ha decidido subirse al carro del desafío
independentista a ver si consigue echar a Rajoy desde la calle y provocar una crisis
de Estado. ¿Objetivo? proclamar dos repúblicas por el precio de una”. A mi
entender, para ello sería necesario romper la manoseada baraja, formar unas
nuevas Cortes constituyentes y preguntar a los españoles qué forma de Estado
desean: si la III República
o continuar con la dinastía borbónica reinstaurada por Franco. Una pregunta a
los españoles que Suárez nunca quiso llevar a cabo como él llegó a confesar.
Sabía que si se hacía la pregunta, se desataba el nudo gordiano de lo que
parecía “atado y bien atado”. Por esa
razón se prefirió meter aquella reinstauración borbónica de rondón en el
interior del sándwich del
texto constitucional. Suárez era consciente que el miedo guarda la viña y que
aquel consenso no era otra cosa que hacer
tabla rasa ante el creciente temor al ruido de sables que se escuchaba en la
caracola marina de las columnas de El
Alcázar. Y en aquel rumor que salía de la caracola marina tuvo claro que
debía marcharse un 29 de enero, coincidiendo con festividad de san Valero, patrono de Zaragoza. El búnker le empujaba hacia el cantil de
forma inmisericorde. El búnker era, y
lo sigue siendo, como los cumpleaños, que cuando al transcurrir los días parece
que marchan, vuelven. Sus componentes, los herederos del franquismo más
reaccionario y los que roban a manos llenas de forma impune, permanecen
agazapados en la penumbra de la casamata esperando la ocasión para volver a
echar la zarpa, como el bacilo de Koch.
¡Ay, si se desclasificasen los papeles del 23 F hasta ahora guardados bajo siete llaves!
Habría sorpresas, ya lo creo.
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