Déficit de tolerancia

La sensatez de José Antonio Martín Pallín debería hacer reflexionar al Gobierno que preside Mariano Rajoy. Preguntado por Juan Fernández en la prensa del Grupo Z sobre si era inevitable llegar hasta aquí en el asunto de Cataluña, éste respondió que se han vivido escenas que podrían haberse ahorrado. “Me refiero --señala-- a las detenciones, a los barcos cargados de agentes y a este despliegue policial que hay ahora mismo en Cataluña. Ni en la época de Franco, cuando corríamos delante de los grises, vi una ocupación igual. Andar persiguiendo papeletas ha sido infantil y grotesco”. Un poco más adelante, en su entrevista, entiende Martín Pallín que “el referéndum no es ilegal. El 1-O estaba suspendido por el Constitucional, pero ese tribunal no se ha pronunciado sobre su legalidad”. (...) “Lo de ‘la ley es la ley’ solo lo dicen los dictadores. Franco también tenía leyes, y Hitler, y Corea del Norte. Pero la ley sólo vale si la acompañan principios democráticos. Hasta los romanos tenían la frase ‘Summum ius summa iniuria’ para recordar que llevar la ley al extremo conduce a la mayor injusticia. Además, este argumento podría volverse en contra del Gobierno”. Martín Pallín entiende que estamos asistiendo a la degeneración de la democracia española. Y justifica su argumento recordando que “en el 2015, con mayoría absoluta, el Gobierno hizo una reforma ad hoc del Constitucional para dotarle de poderes sancionadores, algo insólito en los países de nuestro entorno. También elevó la pena del delito de malversación de dinero público pensando en situaciones como la que ahora afronta Artur Mas”. Martín Pallín, que fue fiscal, es magistrado emérito del Tribunal Supremo y obtuvo el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2006, sabe de qué habla. En unas recientes declaraciones en Radio Euskadi (27/09/17) opinó que “el Gobierno español se está excediendo en Cataluña, donde se está poniendo en peligro la democracia por una interpretación exagerada del Código Penal y de los instrumentos del Estado de derecho”. De la misma manera, consideró “insólito” que el Fiscal General del Estado “sea ahora el delegado jefe del orden público en Cataluña, que corresponde a los políticos”.