Hoy me desayuno con un artículo de
Antonio Aramayona, profesor de Filosofía, en “El Periódico de Aragón”.
Aramayona, bajo el título “Los gobernantes de la cachiporra”, comienza
recordando a Francisco de Quevedo cuando éste señala que
“donde hay poca justicia es un peligro tener razón”. Cierto. Seguidamente
cuenta el autor: “Gallardón y Fernández Díaz, Justicia e Interior (tanto
monta, monta tanto) pretenden convertir en delito cualquier conato o acto de
protesta ciudadana. Para ello están ultimando una serie de modificaciones
legislativas del Código Penal y de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana
(triste concepto tienen hoy los actuales gobernantes de la seguridad y la
inseguridad) para que la constitucional garantía de la seguridad ciudadana
acabe siendo una máquina repartidora de duras multas, enjuiciamientos e incluso
cárcel para quiénes contravinieren sus órdenes y su nostálgico proyecto de
sociedad. (…) Ay de quien en su ardor o ingenuidad quede con otros o invite a otros
por algún medio, incluido internet, a un acto de protesta que previamente no
haya autorizado el gobernante, de la cachiporra, pues su acción podrá ser
interpretada como un delito de alteración del orden público y castigada con
penas de hasta tres años de cárcel. Pronto podrá comprobar también que ese
gobernante, lejos de enviar a la policía a detener a quienes, por ejemplo, han
timado y se han lucrado de miles de impositores y ahorradores a quienes han
arruinado, puede enviar su policía a reprimirlo, multarlo o detenerlo”. Mal
comienza el III Año Triunfal de estos políticos a la derechona más rancia que,
utilizando las técnicas de Miguel Primo de Rivera con la represión a base de
multas tremendas (faltan los destierros, como le sucedió a Unamuno, aunque todo
se andará), pretenden mantener España como una balsa de aceite. Sigue
Aramayona: “Usted solo podrá ir o venir o concentrarse o manifestarse allí
donde la autoridad le conceda permiso, previa solicitud presentada en plazo. El
artículo 21 de la Constitución
les importa, de hecho, un carajo a los actuales gobernantes de la cahiporra.
Les importa un carajo que la
Constitución reconozca el derecho de reunión pacifica y sin
armas. (…) No espere usted que de la boca de algún gobernante salga una palabra
sobre redistribución de la riqueza, apresamiento de los delincuentes por
blanqueo de dinero, fraude fiscal, paraísos fiscales o apropiación indebida por
parte de entidades financieras. Al parecer, eso no provoca alarma social ni
perturba la paz social, amén de que es imposible vigilar al vigilante y
enchironar al enchironador”. En suma, con las nuevas medidas represoras del
Gobierno, la domesticación de los sindicatos y el abuso irritante de partidos
de fútbol televisados, ya parece estar controlada la situación laboral y social
de los españoles, o sea, la paz de los cementerios.
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