Un Estado inquietante

Wert ha tenido que recular con los recortes en las becas Erasmus, como no podía ser de otra manera, pero los estudiantes siguen molestos con uno de los peores ministros de la democracia. El Partido Popular calcula, quien calcula compra en Sepu, que la Monarquía cuesta 0’17 céntimos de euro a cada español. Claro, el PP echas las cuentas sobre una partida de 7’78 millones, que es la prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2014. No me extraña que este país vaya sin rumbo si todos los cálculos se hacen de esa guisa. Dentro de La Zarzuela existen otros muchos gastos (yo diría que hasta un monto próximo a los 20 millones) con cargo a distintos ministerios y, también, a Patrimonio Nacional, como ha supuesto hasta ahora el mantenimiento del yate “Fortuna” y todos los costes que llevará aparejado el despido de la tripulación. Ignoro lo que costaría el mantenimiento de una República. Supongo que mucho pero, al menos, los ciudadanos podríamos votar al Jefe del Estado por un periodo determinado de tiempo y se suprimirían automáticamente los títulos nobiliarios. Por todos es sabido que, hasta hace relativamente poco tiempo, la cuerda de trenzado estaba en poder de una  Iglesia Católica con olor a naftalina y de una nobleza zafia, cuya única virtud consistía en haber heredado tierras. Ahora ya no es así. Ese poder inmenso recae sobre los oligarcas de los dos partidos políticos en alternancia, manejados a su vez como títeres por los dueños del dinero. A mi entender lo de menos es la forma de Estado. Si echamos la vista atrás, la II Restauración borbónica no ha salido mal del todo, como algunos nostálgicos de la Dictadura vaticinaron. Lo que de verdad interesa al ciudadano es la posibilidad de que existan listas abiertas a la hora de votar en las urnas a nuestros representantes en la Cámara Baja; que no se aplique una  Ley D'Hondt que beneficia  descaradamente a  PP y PSOE; que la Cámara Alta y las diputaciones provinciales desaparezcan de una vez por todas; que los dos partidos en alternancia  no nombren al Fiscal General del Estado, a los magistrados del Supremo, del Tribunal Constitucional y a los componentes de  Consejo General del Poder Judicial; que se agilicen y abaraten los procesos en los Juzgados; que no se juegue desde el Gobierno miserablemente con las pensiones de jubilación; que exista una buena red de hospitales de titularidad pública; que no se bajen los salarios de los trabajadores como consecuencia directa de no poderse devaluar la moneda; que se deroguen los acuerdos Iglesia-Estado de 1979; que se hagan unos planes de enseñanza consensuados y que duren al menos una década; que se obligue a la banca privada y a las cajas de ahorro a hacer frente a los resultados de su buena o mala gestión, como sucede con cualquier otra empresa; etcétera. Que yo sepa, nadie ha rescatado a Pescanova ni a  Fagor ni a la Compañía Roca Radiadores, pero la banca y las cajas ya han recibido 115.000 millones de euros a través del FROB sin saber si los devolverán o, como se intuye, los pagaremos todos los ciudadanos. Aquí se hizo una modificación exprés de la Constitución (apartado 3º del artículo 135) en 2011 (la anterior, de 2009, consistió en añadir el indeciso “y pasivo” en el artículo 13.2) con los votos del PP y del PSOE,  sin tener en cuenta que una cosa es establecer que la Administración Pública no pueda tener el déficit estructural que soporta y otra muy diferente realizar una cesión plena de los derechos de los españoles a los acreedores extranjeros. Ningún acreedor puede forzar a un Estado a pagar su deuda soberana. Otra cosa es la pérdida de credibilidad de aquel Estado que impaga. Pero aquí se ha convertido la deuda en Deuda Senior. Eso quiere decir que, en caso de falta de liquidez,  antes se atenderá al pago de los intereses y el capital de la deuda pública que el pago de pensiones, seguros de desempleo, devoluciones de IRPF,  pago de sueldos a funcionarios, etc. O dicho de otra manera: antes cobrará un taxista alemán tenedor de bonos que el jubilado español. Se ha entregado España a los acreedores alemanes y ese es el meollo el asunto. Y tal reforma constitucional se hizo en verano y con cierto sigilo informativo por parte de los informadores del pesebre. Por esa razón, ni Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy merecen mi respeto. Ambos son los verdaderos responsables de la anómala situación en la que nos encontramos y del sufrimiento endémico que padecemos. Una España sin soberanía, cuando la soberanía reside en el pueblo como reza la Constitución, dista muy poco de ser un Estado fallido. Y eso es lo verdaderamente inquietante.